Chile: La zanja para frenar la inmigración avanza a un paso 20 metros por día

José Antonio Kast llegó al poder con una promesa concreta y ruidosa: una barrera física en el norte de Chile para detener la migración irregular. El 16 de marzo de 2026, apenas cinco días después de asumir la presidencia, el mandatario ultraderechista apareció en Chacalluta, Arica, con retroexcavadoras militares abriendo una zanja en el desierto. A su lado, el ministro de Defensa Fernando Barros y el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela. La imagen era deliberada. El mensaje, también.

El plan se llama Escudo Fronterizo y fue firmado por decreto presidencial. Según el ministro del Interior, Claudio Alvarado, la obra pasará de los 3 kilómetros actuales de zanja a más de 30.000 metros en una primera etapa. En fases posteriores, el diseño contempla zanjas de hasta 3 metros de profundidad, muros o vallas de hasta 5 metros con sensores, cercos electrificados, torres con radares térmicos y drones autónomos con reconocimiento facial.

El propio gobierno admite que el plan total llegaría a unos 500 kilómetros de infraestructura combinada, aunque sin precisar todavía qué tipo de barrera se instalará en cada tramo.

La bandera nacionalista de Kast contra la inmigración

El problema es de escala. La frontera norte de Chile mide, según la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, alrededor de 1.028 kilómetros en total: 168 con Perú y aproximadamente 860 con Bolivia. Treinta kilómetros de zanja representan menos del 3% de esa extensión. No es un dato menor. Es la columna vertebral de cualquier análisis honesto sobre las posibilidades reales del plan.

El propio Kast adelantó la crítica y la absorbió en el acto. «Algunos dirán: ‘¿esa zanja va a detener todo?’. No», declaró durante la inauguración, insistiendo en que se trata de «un sistema integral» y que «este es solo el comienzo«. La frase es políticamente hábil: convierte la limitación en argumento. Si la zanja falla, no falló el plan, sino que todavía no está terminado.

La narrativa del gobierno descansa sobre una crisis migratoria real, aunque con matices que el discurso oficial tiende a suavizar. Chile alberga cerca de 337.000 migrantes en situación irregular sobre una población de 20 millones, y la migración total representa más del 8% del total de habitantes según el INE, duplicándose desde 2017.

Son cifras que justifican políticas. Lo que los datos también muestran, sin embargo, es una tendencia que contradice el tono de emergencia: los ingresos irregulares llevan años bajando. En 2025, las denuncias por pasos no habilitados cayeron un 10,2% respecto al año anterior, con 26.275 casos registrados. Eso representa una reducción del 54% frente al pico histórico de 2021, cuando se registraron 56.000 casos.

El timing del operativo no es casual. El analista Gilberto Aranda lo dice sin rodeos: la medida «es un guiño hacia afuera, hacia la administración Trump, con la cual Kast tiene un vaso comunicante y hay una plena coincidencia». Kast construyó buena parte de su identidad política en sintonía con el movimiento conservador internacional, y el Escudo Fronterizo es también una señal hacia ese ecosistema. Una política doméstica con audiencia global.

Una operación fronteriza sin cooperación de Perú ni Bolivia

Las implicancias regionales del plan están lejos de estar resueltas. El operativo no fue coordinado previamente con Bolivia ni con Perú. Ambos gobiernos han evitado la crítica directa, pero la lógica es preocupante: si Chile endurece su frontera de manera unilateral, los flujos migratorios no desaparecen, se acumulan del otro lado. Lima y La Paz podrían quedar con población migrante en tránsito sin salida.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha condicionado la cooperación bilateral al respeto y la coordinación, mientras Ecuador y Perú han mostrado apertura a discutir soluciones regionales.

El decreto también incluye una ofensiva legislativa. El gobierno propondrá al Parlamento sanciones para quienes trasladen migrantes irregulares y buscará tipificar el ingreso clandestino como delito. Además, planea establecer una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona sin documentación será detenida y expulsada directamente a su país de origen.

El analista Álvaro Iriarte, del Instituto Res Publica, enmarca la medida en una lógica de tiempos políticos: «Las zanjas son medidas de ejecución inmediata que abren el camino para la implementación, en el mediano y largo plazo, de una serie de políticas». En otras palabras, la zanja vale hoy más como anuncio que como solución.

Lo que está claro es que el gobierno de Kast eligió comenzar su gestión con una imagen fuerte, una obra visible y un decreto firmado. Lo que no está claro es cómo 30 kilómetros de tierra removida en el desierto van a resolver una frontera que mide más de mil.