Gobierno argentino intenta censurar a los más de 100.000 inscriptos para la Audiencia por Glaciares

Organizaciones ambientales denuncian maniobra para “vaciar” el debate por la Ley de Glaciares: exigen participación presencial ante récord de inscriptos

La polémica estalló en el Congreso tras la decisión oficialista de limitar la oratoria en la audiencia pública. Organizaciones ambientales, entre ellas greenpeace, están trabajando para evitar una catastrófica modificación en la Ley de Glaciares y recurrieron a la Justicia para frenar lo que consideran un atropello institucional, mientras el interés ciudadano marca un hito histórico.

La discusión en torno a la reforma de la Ley de Glaciares ha desatado un fenómeno de participación ciudadana sin parangón en la historia legislativa de la región. La convocatoria alcanzó una masividad impensada, con un registro que supera las 100.000 personas anotadas para defender la normativa de protección de glaciares y zonas periglaciares vigente.

Argentina cuenta con más de 16.000 glaciares y cuerpos de hielo (incluyendo zonas periglaciares) inventariados a lo largo de los Andes, con una altísima concentración en la Patagonia Sur. El Campo de Hielo Patagónico Sur, entre Argentina y Chile, alberga 49 glaciares principales, incluyendo parte de lo que sería el Perito Moreno en Argentina pero del lado chileno y el Pío XI.

Esta información sirve para entender la cantidad de personas y ecosistemas que se verían afectados si gobiernos de derecha como el de Milei en Argentina o Kast en Chile permiten la extracción sin límites, sin licencia social, sin condiciones ambientales ni de salud pública definidas. Solo expreciones irracionales y mensajes autoritarios.

La magnitud del evento fue ratificada por el abogado ambientalista Lucas Micheloud, quien en declaraciones al programa “Apuntes y Resumen” de Radio UNR, aseguró que “no existen registros en el mundo de un nivel de interés similar para discutir una normativa de este tipo”.

Sin embargo, este aluvión de compromiso cívico chocó de frente con las disposiciones del oficialismo, lo que derivó en un fuerte conflicto político y judicial.

YouTube en lugar de debate oral: la controversia

La tensión se disparó cuando se conocieron las condiciones impuestas por el gobierno para llevar a cabo la audiencia. Se denunció que el oficialismo pretende restringir el debate a tan solo dos jornadas, un tiempo materialmente insuficiente para tal cantidad de expositores.

La solución propuesta desde el poder legislativo encendió las alarmas: instan a que la gran mayoría de los participantes envíe videos pregrabados a YouTube, eliminando la posibilidad de hacer uso de la palabra de manera sincrónica o presencial ante los diputados.

Amparo colectivo argentino e internacional para frenar el “vaciado”

Frente a esta situación, que las organizaciones interpretan como una clara intención de “vaciar” la audiencia pública, el colectivo ambientalista decidió judicializar el conflicto. Presentaron una acción de amparo colectivo con el objetivo de obligar a las autoridades a respetar el principio de oralidad y garantizar una participación real y efectiva.

El argumento legal es contundente. Los denunciantes afirman que “la estrategia de La Libertad Avanza de seleccionar arbitrariamente a unos pocos expositores viola el reglamento de la Cámara, el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente”.

Micheloud, profundizando en el impacto social de la medida, alertó sobre la brecha que esto genera: “esta medida no solo es autoritaria, sino que también vulnera a sectores con dificultades tecnológicas y adultos mayores, transformando un derecho democrático en una formalidad vacía”.

Sospechas y pruebas de una “reforma exprés” hecho a medida del lobby minero global

Detrás de las formas, subyace una disputa de fondo sobre los recursos naturales. Las organizaciones advierten que el apuro oficial responde a los intereses de un grupo concentrado de corporaciones mineras. Según denuncian, esta “reforma exprés” tendría como fin último destrabar proyectos extractivistas que hoy se encuentran paralizados por estar emplazados en zonas protegidas.

La urgencia que muestran tanto el Gobierno como el sector empresarial contrasta con los tiempos que demanda la sociedad civil. La gravedad del asunto escaló al punto de que ya se baraja la preparación de denuncias penales contra legisladores, por presuntos vínculos incompatibles con la función pública en el marco de este tratamiento legislativo.

Un clima de época hostil y una mezcla de los 70’s con el 2000

El conflicto no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de creciente violencia institucional y un corrimiento de los márgenes de racionalidad en el debate público. Desde la oposición y los sectores especializados se exige la ampliación del calendario de audiencias para escuchar a todos.

Si bien desde el Gobierno se excusan argumentando que es “materialmente imposible” procesar tal volumen de oradores, los juristas y expertos son categóricos al afirmar que “existen mecanismos legales para extender las jornadas y garantizar la transparencia”.

Lo que está en juego con los glaciares ya no se lee únicamente en clave ecológica. Se trasnformó en un punto de inflexión para la calidad democrática, donde la presión del lobby corporativo mide fuerzas contra una ciudadanía movilizada que demanda, en números históricos, la protección de sus bienes comunes estratégicos.