Israel bombardeó seis países solo esta semana, violando repetidas veces el derecho internacional

Por Carlos Loría, redactor periodístico

En un acto de impunidad geopolítica que hiela la sangre y desafía toda lógica del derecho internacional, el Estado de Israel, bajo el mando de un Benjamin Netanyahu acorralado por procesos judiciales internos y una popularidad en declive, ha emprendido lo que solo puede calificarse como una campaña de terrorismo ataques extendida allende sus fronteras.

En el brevísimo lapso de setenta y dos horas, entre el 8 y el 11 de septiembre de 2025, los aviones de guerra y drones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se contentaron con continuar su devastadora campaña en Gaza. Extendieron su brazo armado, violando fronteras y soberanías con una desfachatez pasmosa, para bombardear seis naciones distintas: Líbano, Siria, Túnez, Yemen, Qatar y la ya asediada Franja de Gaza.

Este no es un “conflicto”, dicen decenas de organizaciones de derechos humanos e incluso países: es la ejecución metódica de una doctrina de seguridad nacional transformada en una ideología expansionista de la fuerza bruta, un experimento peligrosísimo donde un Estado-nación actúa como juez, jurado y verdugo sobre casi toda una región.

Cada uno de estos ataques, individualmente, constituye una violación grave de la Carta de las Naciones Unidas. En conjunto, representan un desafío existencial al propio concepto de orden global basado en normas.

El andamiaje legal derribado: la soberanía es la primera víctima

El principio más fundamental del derecho internacional moderno, consagrado en el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, es la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Las excepciones son dos y están estrictamente delimitadas: la legítima defensa ante un ataque armado (Artículo 51) y la autorización del Consejo de Seguridad.

Israel, en esta semana de frenesí bélico, ha pisoteado este principio una y otra vez. Sus incursiones en Líbano y Siria, aunque dirigidas contra Hezbolá e intereses iraníes, son ataques en territorio de estados soberanos. El gobierno libanés, por débil que sea, ha protestado enérgicamente por estas violaciones.

El gobierno interino de Ahmed Huseín al-Charaa, paria pero soberano, ha hecho lo propio. La justificación israelí de «legítima defensa preventiva» es un concepto resbaladizo y no reconocido internacionalmente que, de ser adoptado universalmente, sumiría al mundo en una anarquía perpetua. ¿Dónde se traza la línea? ¿Quién determina la «inminencia» de una amenaza? Israel se arroga ese derecho unilateralmente, creando un peligroso precedente.

El ataque en Túnez es particularmente ruidoso, pero no generó mucha respuesta global. Un estado no beligerante, que no mantiene hostilidades con Israel, ve cómo sus aguas territoriales son profanadas por drones —presuntamente israelíes— para sabotear una flotilla humanitaria. Si se confirma la autoría, es un acto de piratería internacional, un sabotaje en tiempo de paz que viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La excusa de que estas flotillas podrían transportar armas es la lógica del totalitarismo: castigar por intención supuesta, no por actos demostrados.

Pero la joya de la corona de esta andanada violatoria es, sin duda, el bombardeo en Doha, Qatar. Atacar deliberadamente el territorio de un estado del Golfo con el que se mantienen relaciones diplomáticas, sin declaración de guerra y sin previo aviso, para asesinar a figuras políticas —por muy aciagas que sean— es un acto que huele a la doctrina de la guerra global “contra el terrorismo” de George W. Bush, pero llevada a un extremo aún más temerario.

Qatar es un mediador clave, un canal de comunicación. Bombardear su suelo es dinamitar deliberadamente la última mesa de negociación disponible. La soberanía qatarí, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y toda la arquitectura del derecho diplomático fueron reducidas a escombros en unos segundos.

El coste humano: la «colateralidad» como estrategia calculada

Tras el frío lenguaje legal está la carne lastimada y la sangre derramada. Israel repite como un mantra que sus ataques se dirigen a «infraestructuras terroristas» y «objetivos legítimos«. Sin embargo, en Gaza, los reportes del Ministerio de Salud —cuya fiabilidad ha sido avalada en el pasado por organismos internacionales e incluso por el mismo Departamento de Estado de EE.UU.— hablan de al menos 70 muertos en un solo día, la inmensa mayoría civiles, incluyendo mujeres y niños en áreas densamente pobladas.

El principio de distinción (entre combatientes y civiles) y el de proporcionalidad (que el daño colateral no sea excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista) son pilares del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Las imágenes que salen a diario de Gaza, de barrios enteros reducidos a polvo, de familias exterminadas, sugieren de manera abrumadora que estos principios son letra muerta.

¿Dónde está la proporcionalidad en una respuesta que, desde octubre de 2023, ha matado a más de 40.000 personas como represalia por los 1.200 israelíes asesinados? La matemática es siniestra y reveladora: es una lógica de castigo colectivo, expresamente prohibida por la Cuarta Convención de Ginebra.

En Yemen, los ataques israelíes mataron a 35 personas según los hutíes. En Líbano, mueren civiles. En la flotilla de Túnez, eran activistas pacíficos. El eufemismo «daño colateral» encubre una realidad: para la maquinaria militar israelí, la vida de los no-israelíes en la región parece tener un valor radicalmente inferior. Es una política de disuasión through terror, una lección enseñada con los cadáveres de inocentes.

Netanyahu: el arquitecto del caos como estrategia de supervivencia política

No se puede analizar esta escalada sin mirar al hombre que aprieta el botón: Benjamin Netanyahu. Acosado por acusaciones de corrupción que podrían enviarlo a prisión, liderando el gobierno más ultraderechista y ultranacionalista en la historia de Israel, su supervivencia política está inextricablemente ligada a la perpetuación del conflicto. Un alto el fuego, una paz negociada, supondría el fin de su coalición y posiblemente el inicio de su encarcelamiento.

Por ello, la estrategia es clara: expandir el conflicto. Crear múltiples frentes. Provocar a Irán y a sus proxies. Arrastrar a una renuente administración estadounidense a una guerra regional más amplia. Presentarse ante su base electoral como el «hombre fuerte» indispensable, el único que puede garantizar la seguridad mediante la fuerza despiadada. Las acusaciones de Qatar, que tildan a Netanyahu de «jugador rogue» (forajido), no son retórica vacía. Es un diagnóstico preciso.

Al bombardear Qatar, Netanyahu no solo buscaba eliminar a líderes de Hamás. Buscaba torpedear las negociaciones de paz que Qatar facilitaba. Al atacar Yemen y profundizar las incursiones en Líbano y Siria, busca forzar una respuesta de Irán que le permita gritar «¡Se los dije!» y justificar una escalada aún mayor. Es una apuesta temeraria con las vidas de millones de personas como fichas de póker.

¿Hay complicidad de occidente?

Este nivel de impunidad sería imposible sin el respaldo tácito y explícito de las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos. La administración norteamericana emite «preocupaciones» tibias y llamados a la «calma» mientras continúa aprovisionando a Israel con miles de millones de dólares en armamento y el crucial escudo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Europa, con sus declaraciones vacilantes y su dependencia energética y estratégica, observa paralizada. Es la enajenación moral de Occidente: condenar en privado o en foros multilaterales, pero actuar en la práctica como cómplices necesarios. Se invoca el derecho a la legítima defensa de Israel, pero se hace la vista gorda ante su transformación en una agresión ofensiva y multilateral que viola ese mismo derecho internacional que dicen defender.

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