Montecon retira demanda contra Uruguay y cierra el conflicto portuario más extenso de los últimos años

El 1 de septiembre de 2026, Neltume Ports, el accionista mayoritario de Montecon, comunicó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) su decisión de retirar de manera irrevocable el arbitraje que había iniciado contra Uruguay. La medida, que se concretó a pocos días de la primera audiencia formal contra el Estado uruguayo, tiene carácter vinculante: la compañía no podrá iniciar un nuevo litigio con los mismos fundamentos en el futuro.

El Poder Ejecutivo recibió la noticia a través de su defensa jurídica —el estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer— y dejó en claro que el acuerdo no le genera al Estado ningún gasto ni implica la aceptación de los hechos relatados por la empresa para iniciar la demanda. Con este gesto, se cerró el capítulo más tenso de una disputa que se extendió por más de cinco años y que puso en jaque la competitividad del puerto de Montevideo.

El origen: la concesión a Katoen Natie hasta 2081

Todo comenzó en 2021, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó un acuerdo con la multinacional belga Katoen Natie para extender la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta el año 2081. La inversión comprometida ascendía a unos 650 millones de dólares, la mayor en la historia del puerto.

Montecon, que operaba en los muelles públicos con permisos precarios, consideró que esta extensión le otorgaba a TCP una ventaja desleal. En abril de 2021, la empresa advirtió que el Estado “le regala el 100% del mercado” de contenedores en Montevideo a Katoen Natie. La tensión creció cuando Katoen Natie amenazó con su propia demanda ante el CIADI por 1.500 millones de dólares si se modificaban las condiciones del acuerdo.

El arbitraje en el CIADI: una demanda de US$ 600 millones

En mayo de 2024, Neltume Ports y ATCO —accionistas de Montecon— presentaron formalmente la solicitud de arbitraje ante el CIADI. El monto reclamado era de US$ 600 millones. El fundamento: la extensión de la concesión violaba el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPRI) entre Uruguay y Chile.

El tribunal se conformó en julio de 2025 con el peruano Alfredo Bullard como presidente, la argentina Valeria Galíndez designada por la demandante y la italiana Loretta Malintoppi por el gobierno uruguayo. Pero el proceso estuvo marcado por múltiples suspensiones. En agosto de 2025, las partes acordaron una pausa de 120 días para abrir una instancia de negociación directa. Luego vinieron prórrogas de 90 días más hasta que, en junio de 2026, los accionistas de Montecon recusaron a la árbitra designada por el gobierno, frenando nuevamente el procedimiento.

El fallo del TCA que cambió el tablero

Mientras el arbitraje internacional avanzaba a trompicones, en febrero de 2026 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) emitió una sentencia clave. El tribunal anuló la cláusula 3.4.5 del decreto 114/2021, que impedía otorgar nuevas concesiones para instalar una terminal de contenedores especializada durante la vigencia de la concesión a TCP.

El fallo, redactado por el ministro William Corujo Guardia, sostuvo que esa cláusula “asegura un monopolio” para TCP y es “ilegítima”. Al mismo tiempo, el TCA rechazó el resto de las pretensiones de Montecon y ratificó la legalidad del marco regulatorio que rige la concesión. El abogado de Katoen Natie calificó la sentencia como “una ratificación de la vigencia del marco regulatorio”.

Para el gobierno de Yamandú Orsi, el fallo fue recibido con matices. La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, sostuvo que la anulación de la cláusula despeja restricciones que podían limitar la capacidad del Estado para mejorar la competitividad del puerto. El presidente Orsi dijo que el gobierno respeta el fallo.

El cierre: por qué Montecon retiró la demanda

El retiro del arbitraje no fue una decisión improvisada. El 19 de agosto de 2026, a pocos días de la primera audiencia formal, Neltume Ports transmitió al CIADI su intención de desistir. La empresa había presentado en agosto de 2025 un proyecto para desarrollar una terminal multipropósito en el puerto, pero el gobierno lo desestimó en mayo de 2026.

Sin embargo, el fallo del TCA que anuló la cláusula de monopolio fue un cambio de escenario significativo. Al eliminar la barrera que impedía la instalación de una segunda terminal, el Estado recuperó la capacidad de definir el futuro de la actividad portuaria. Para Montecon, ese fallo representó una victoria parcial que, sumada a la imposibilidad de sostener un arbitraje costoso y prolongado, inclinó la balanza hacia el desistimiento.