Cerimedo y las elecciones manipuadas por la derecha: ¿Puede ser Uruguay el próximo blanco?

La pregunta de si Uruguay puede vivir una versión propia del «Hondurasgate» tiene, por ahora, una respuesta empírica: no, no lo vivió. Pero la evidencia disponible sobre el propio proceso electoral uruguayo muestra que el fenómeno de los bots y la desinformación digital no es una hipótesis lejana, sino algo que ya fue medido, documentado y que sigue sin tener una regulación aprobada.

El estudio más riguroso sobre el tema lo hizo el Observatorio Complutense de Desinformación, de la Universidad Complutense de Madrid, en articulación con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo y el verificador AFP Factual.

El trabajo monitoreó la campaña presidencial y legislativa de 2024 entre el 22 de setiembre y el 3 de noviembre de ese año, y registró 27 incidentes de desinformación categorizados según la taxonomía del Servicio Europeo de Acción Exterior, que distingue tácticas de manipulación como «distorsionar», «dividir» o «distraer».

La conclusión del informe fue que Uruguay presentó niveles bajos de desinformación electoral en comparación con otras democracias de la región, y que esos incidentes no alteraron significativamente el desarrollo de la campaña, según sostiene también el informe país de International IDEA sobre las elecciones de 2024.

La explicación que proponen los investigadores no es la ausencia del fenómeno, sino la fortaleza institucional: el mismo observatorio, al comparar el caso uruguayo con el venezolano —223 incidentes solo en la campaña presidencial, con el propio Estado como principal actor desinformante mediante deepfakes y medios oficiales—, concluyó que la clave está en quién controla el ecosistema informativo y qué tan sólida es la institucionalidad que lo enfrenta.

Esa fortaleza, sin embargo, convive con vulnerabilidades concretas ya probadas en Uruguay. En la campaña de las internas de 2024, Montevideo Portal identificó un posteo en X que, dos días antes de la votación, acumuló decenas de «me gusta», retweets y comentarios con un patrón de interacción típico de bots.

Ese mismo año, el especialista en marketing digital Federico Revello hizo una demostración pública: compró comentarios y «me gusta» automatizados para un posteo y mostró en tiempo real lo simple y barato que resulta simular apoyo ciudadano genuino en redes. Y en setiembre de 2023, el gobierno de Estados Unidos denunció que Rusia había financiado una campaña de desinformación en toda América Latina que mencionaba específicamente a Uruguay, dentro de una operación más amplia contra Ucrania y la OTAN.

Los órganos de falsedades de la derecha

A esto se suma la presencia editorial directa de la red que hoy está en el centro del escándalo continental. La Derecha Diario Uruguay, filial local del entramado de medios digitales fundado por Fernando Cerimedo, publicó contenidos sin sustento sobre presuntas intenciones del presidente Yamandú Orsi de debilitar la lucha contra el narcotráfico, según reconstruyó una investigación periodística sobre la red de fake news del consultor argentino.

En paralelo, uno de los dueños de ese portal, el español Javier Negre, apareció en Uruguay para, personalmente, perseguir a Orsi en su campaña electoral y hostigarlo con preguntas direccionadas o con afirmaciones dudosas camufladas.

Negre, particularmente, tiene un historial de falsedades que lo hicieron tener que irse de España. En 2016, fue condenado en su país a pagar 30.000 euros por publicar una supuesta entrevista a los padres de una víctima del asesino Sergio Morate que la justicia determinó que nunca existió, vulnerando la intimidad, el honor y la propia imagen.

También, el cuestionado comunicador fue condenado a difundir públicamente textos de rectificación en varios de sus canales y medios (como Estado de Alarma TV) tras atribuir falsedades y difundir información falsa contra Rubén Sánchez, secretario general de Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA).

La existencia de esa filial uruguaya no equivale a manipulación electoral comprobada, pero confirma que la infraestructura editorial de la red que operó en Honduras, Bolivia, Brasil y Chile ya tiene un nodo instalado en el país.

En el plano regulatorio, Uruguay llega con tareas pendientes

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi presentó en 2024 un proyecto de ley para penalizar la creación y difusión de deepfakes en campañas electorales, que exceptúa parodia y sátira y libera de responsabilidad a medios y plataformas, pero que sigue sin aprobación definitiva y genera objeciones de organizaciones como Datysoc y Observacom, que en octubre presentaron ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado —con apoyo de la UNESCO— observaciones sobre ese proyecto, cuestionando la vía penal como solución al problema.

En paralelo, la Ley de Rendición de Cuentas mandató a la Agesic a elaborar un informe con recomendaciones para regular la inteligencia artificial en el país, un proceso que todavía está en curso y que no llegó a tiempo para las elecciones departamentales y municipales de mayo de 2025, en las que votó el 87% del padrón sin que se reportaran incidentes significativos de manipulación digital.

El patrón que describe el «Hondurasgate» —bots como puerta de entrada, seguidos de manipulación electoral, captura institucional y entrega de soberanía territorial— no tiene, hasta ahora, correlato uruguayo. Los estudios disponibles coinciden en que la estabilidad democrática, la cultura cívica y un sistema de partidos consolidado funcionaron como amortiguadores en 2019 y en 2024.

Pero esa misma literatura advierte que el amortiguador es institucional, no tecnológico: la red de operadores, financiamiento y contenidos que sí logró torcer resultados en Honduras y desestabilizar gobiernos en Brasil y Bolivia ya probó herramientas en territorio uruguayo y ya tiene presencia editorial estable. La diferencia, hasta la próxima elección nacional de 2029, la seguirá marcando si el Parlamento aprueba una regulación pendiente desde 2024 o si el país sigue confiando en que su tradición democrática alcance como escudo.