El Frente Amplio planteará ampliar alcance de la IVE: los cambios claves que se discuten

El regreso del Frente Amplio al gobierno en 2025 reabrió un debate que había permanecido en segundo plano durante más de una década: la actualización de la Ley N° 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

A trece años de su aprobación, un grupo de trabajo de la bancada oficialista analiza tres modificaciones centrales: ampliar el plazo legal de 12 a 14 semanas, eliminar los cinco días de reflexión obligatorios y suprimir la exigencia de un año de residencia para mujeres migrantes. El Ministerio de Salud Pública (MSP), por su parte, ya incorporó la revisión de estas barreras en su agenda sanitaria.

La evidencia empírica como motor del cambio

Quienes impulsan la reforma no apelan a argumentos ideológicos, sino a datos concretos acumulados durante trece años de implementación. Desde que la ley entró en vigencia, se realizaron en Uruguay unos 10.000 abortos en promedio por año. Y una cifra resulta particularmente elocuente: más del 95% de las mujeres que inician el proceso de interrupción voluntaria lo finalizan, lo que demuestra que el período de reflexión no cumple la función que sus defensores esgrimían en 2012.

“En 2012 se hizo lo que se pudo con la realidad política que había. Hoy la realidad no es mejor, pero el sistema político entendió que la sociedad lo apoyaba, y los estudios de opinión muestran que el respaldo sigue siendo fuerte”, afirmó a Búsqueda la diputada del MPP Margarita Libschitz, quien integra el grupo de trabajo de la bancada bicameral de mujeres oficialista.

La diputada resaltó como prioritario quitar la exclusión de las mujeres migrantes con menos de un año en el país, un punto en el que cree que podría ser “más sencillo” conseguir acuerdos con la oposición.

Tres modificaciones bajo la lupa

1. Ampliación del plazo a 14 semanas

El cambio más relevante es el pasaje del límite general para solicitar un aborto de 12 a 14 semanas —plazo que hoy solo aplica para excepciones como violación o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. El viceministro de Salud, Leonel Briozzo, explicó que el motivo responde a una cuestión médica concreta: “Muchas veces cuando hay una malformación, la mujer podría acceder a una interrupción legal, a las 13 o 14 semanas, y hoy no lo puede hacer”. Los problemas en la formación del embrión se detectan luego del screening del primer trimestre.

2. Eliminación de los cinco días de reflexión

El período de espera obligatorio de cinco días posteriores a la consulta interdisciplinaria no está siendo utilizado en los hechos. “Las mujeres son muy responsables, muy conscientes, y cuando consultan inicialmente ya tienen una postura”, argumentó Briozzo. La experiencia acumulada durante trece años cuestiona la utilidad de este requisito, que en la práctica funciona como una barrera burocrática más que como una garantía.

3. Inclusión de mujeres migrantes

El artículo 13 de la ley actual establece que una extranjera solo puede acceder al procedimiento si demuestra haber residido en Uruguay durante al menos un año. Briozzo calificó esta restricción como injusta y sostuvo que coloca a esas mujeres como “ciudadanas de segunda categoría”. Las mujeres migrantes suelen llegar al país con “niveles de vulneración de derechos importantes e incluso violaciones”, y su cantidad ha crecido significativamente en la última década. “Si no contemplamos esto, va a ser complejo controlar” los abortos, advirtió el jerarca del MSP.

El factor migrante: un punto de posible consenso

La diputada Libschitz identificó en la eliminación de la exigencia de residencia un aspecto donde podría ser más sencillo alcanzar acuerdos con la oposición. A diferencia de la ampliación del plazo o la eliminación de los días de reflexión —que enfrentan resistencias más firmes—, la inclusión de las migrantes apela a un principio de equidad que podría generar consensos transversales.

Dentro del Frente Amplio no hay unanimidad sobre la oportunidad de dar este debate. En el Poder Ejecutivo hay jerarcas que consideran que el aborto es un tema que “polariza” y que no es conveniente abordarlo en momentos de baja aprobación gubernamental, con la dificultad adicional de que el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados.

También hay legisladores que creen que reabrir el debate sin contar con mayorías y en un contexto de avance de la derecha y de los discursos “antigénero” implica un “riesgo de retroceso”. La senadora suplente Lilián Abracinskas, fundadora de la ONG Mujer y Salud (Mysu), opinó que el temor a un retroceso no debería paralizar: “No hacer nada también tiene consecuencias”, en particular para las mujeres “más vulnerables”.

Un factor adicional que está siendo considerado es la visita del papa León XIV a Uruguay prevista para noviembre, que se espera que cause mayor fervor entre los católicos y perjudique la discusión. Por eso, legisladoras y activistas entienden que 2027 sería el año idóneo: luego de la visita papal y previo a que se enciendan demasiado los ánimos electorales.

El rol del MSP y la evidencia técnica

Con la llegada de las nuevas autoridades al MSP en 2025, se reanudaron las reuniones de la comisión asesora en derechos sexuales y reproductivos, integrada por representantes de la sociedad civil y la academia, que tiene en su agenda la revisión de la ley. La comisión, que no era convocada desde 2019, llegó a varias conclusiones que incluyen las cuatro modificaciones previstas.

La ministra Cristina Lustemberg se ha manifestado personalmente favorable a estudiar una ampliación del plazo, aunque públicamente ha sido más cauta. El viceministro Briozzo, en tanto, sostiene desde hace meses que la legislación necesita adaptarse al Uruguay actual. Briozzo es un actor clave: ginecólogo, profesor grado 5 de la Clínica Ginecotológica y uno de los principales impulsores de la ley original en 2012. Su respaldo técnico y político a la reforma le otorga un peso significativo.

El informe de Iniciativas Sanitarias

En abril, la asociación Iniciativas Sanitarias difundió el estudio “Justicia reproductiva en agenda: hacia una ampliación del derecho a la IVE en Uruguay”, elaborado por un equipo multidisciplinario que incluye politólogos, ginecólogas, abogados y psicólogas. El documento concluye que la evidencia sobre la implementación de la ley “muestra la persistencia de barreras legales, administrativas y territoriales que limitan el acceso efectivo” a la interrupción del embarazo, “especialmente para poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”.

A partir de este diagnóstico, recomienda un conjunto de medidas prioritarias que coinciden con las que analiza la bancada oficialista: eliminación de restricciones para migrantes, ampliación del plazo a 14 semanas y flexibilización del equipo interdisciplinario y del período de espera. También propone avanzar en reformas reglamentarias inmediatas, como la actualización del manual de procedimientos y la incorporación de la telemedicina como modalidad de atención.

“Hoy tenemos la evidencia que nos da haber implementado la ley durante 13 años. Hay hipótesis que se dijeron en su momento que se demostraron equivocadas. Entonces el instrumento debería corregirse”, afirmó Abracinskas.