La Fiscalía archivó la “causa Fosvoc” por falta de pruebas contra el Sunca y el PCU
El fiscal Gilberto Rodríguez determinó que no hay pruebas suficientes para imputar a más personas ni para confirmar un vínculo entre el desvío de fondos del Sunca y el Partido Comunista del Uruguay.

El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, resolvió archivar la investigación sobre los desvíos millonarios del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), la causa judicial que ya dejó ocho personas condenadas por apropiarse de fondos destinados a los trabajadores del sector. La decisión fue confirmada por el abogado denunciante, Óscar López Goldaracena.
El fiscal fundamentó el archivo en la falta de pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de otras personas distintas a las ya condenadas, y también por no haber podido acreditar un vínculo entre la maniobra y el Partido Comunista del Uruguay (PCU). Esa hipótesis había cobrado fuerza cuando algunos de los condenados declararon que parte del dinero desviado llegaba a manos de dirigentes sindicales y políticos.
Quién es Laura Alberti y por qué estaba en el centro de la pesquisa
Uno de los nombres que más se repitió durante la investigación fue el de Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca e integrante del PCU. Su nombre surgió a partir de las declaraciones de algunos de los condenados, quienes sostuvieron que parte del dinero desviado del fondo se le entregaba a ella y, a través suyo, a la colectividad política.
Alberti declaró en la causa durante el año pasado y negó cualquier vinculación con la estafa. Su defensor, el abogado Miguel Mederos, calificó la noticia del archivo como “algo positivo que reafirma lo que siempre sostuvo sobre la no participación de su defendida en la estafa”. La frase fue textual y refleja la lectura que el entorno de Alberti hace de la resolución fiscal.
Cómo funcionaba la maniobra: dos tipos de irregularidades
La investigación reconstruyó dos mecanismos distintos de desvío dentro del Fosvoc. El primero consistió en 193 transferencias irregulares, disfrazadas contablemente como “pagos a proveedores” y otros rubros administrativos, que en los hechos derivaban en salidas de dinero hacia cuentas de terceros.
Ese circuito fue el que permitió, primero, condenar a la funcionaria administrativa que ejecutaba las transferencias, y después llegar a ex dirigentes sindicales señalados como responsables de haber diseñado el esquema. En conjunto, la maniobra generó un desvío estimado en un millón de dólares, según los datos que maneja la causa.
Las ocho condenas que ya son firmes
Pese al archivo de esta línea de investigación puntual, las ocho condenas dictadas hasta el momento por el caso Fosvoc no se ven afectadas. Entre los condenados figuran exdirigentes del Sunca, la funcionaria que operaba las transferencias irregulares y varias personas señaladas como intermediarias que recibieron parte del dinero desviado en sus cuentas personales.
Esa estructura de intermediación fue descripta por la fiscalía, en instancias anteriores del proceso, como un entramado en el que participaban personas que recibían el dinero y luego lo hacían circular mediante nuevas transferencias o retiros en efectivo, antes de que llegara a su destino final.
Qué significa archivar una causa penal
El archivo dispuesto por el fiscal Rodríguez no equivale a una absolución ni a una declaración judicial de inocencia sobre las personas investigadas más allá de los ya condenados. Se trata de una decisión del propio fiscal, quien concluye que, con la evidencia reunida hasta ahora, no existen elementos para sostener una imputación formal contra nuevos indagados.
A diferencia de un sobreseimiento dictado por un juez, un archivo fiscal admite ser reexaminado si en el futuro aparece prueba nueva que permita reabrir la línea de investigación. Ese matiz procesal es clave para entender el alcance real de la resolución.
Los próximos pasos: notificación y plazo para pedir reexamen
Según explicó López Goldaracena, las partes de la causa fueron notificadas del archivo en las últimas horas y recibirán el dictamen oficial del fiscal este jueves. A partir de esa notificación formal, los denunciantes cuentan con un plazo de 30 días para solicitar el reexamen de la decisión, si consideran que corresponde.
El propio abogado denunciante indicó que evaluará esa posibilidad recién después de estudiar los argumentos completos del dictamen fiscal, por lo que todavía no confirmó si impulsará ese pedido.
Una segunda causa vinculada al Sunca sigue abierta
Además del expediente Fosvoc, existe una investigación paralela que también involucra al sindicato de la construcción, centrada en irregularidades detectadas en el sistema de horas solidarias. Esa causa continúa activa y no fue alcanzada por la resolución de archivo conocida esta semana.
El defensor de Alberti, Miguel Mederos, adelantó su expectativa sobre ese segundo expediente al señalar que, a su entender, “en breve” también terminará archivado, aunque esa es por ahora una proyección del abogado y no una decisión de la Fiscalía.
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