Mayoría de islandeses rechazan adherirse a la Unión Europea en un referendum histórico

 

Los islandeses volvieron a poner freno a su acercamiento con la Unión Europea. En un referéndum celebrado el sábado y con resultados confirmados este domingo, el «no» a reanudar las negociaciones de adhesión se impuso con el 52,8% de los votos frente al 47,2% del «sí», en una consulta que las encuestas previas daban como favorable a la opción europeísta hasta último momento.

La pregunta que debieron responder los cerca de 273.000 votantes islandeses fue tan directa como determinante: «¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?«. No se trataba de decidir el ingreso del país al bloque, sino apenas de autorizar que el gobierno volviera a sentarse a la mesa con Bruselas después de más de una década de silencio. Ni siquiera esa posibilidad logró convencer a la mayoría.

La participación fue notablemente alta: ocho de cada diez electores habilitados se acercaron a votar, una cifra que tanto el gobierno como la oposición destacaron como señal de la relevancia que el debate europeo sigue teniendo para la sociedad islandesa.

Islandia y la UE: Una decisión con historia larga

Para entender el resultado del fin de semana, hay que remontarse a 2009. Islandia, una próspera nación insular de apenas 400.000 habitantes cuyo sistema bancario colapsó estrepitosamente durante la crisis financiera global, presentó ese año su solicitud formal de adhesión a la UE.

La devastación económica que había dejado la caída de sus principales bancos empujó a buena parte de la clase política a mirar hacia Bruselas como una tabla de salvación institucional y monetaria.

Las negociaciones avanzaron con relativa fluidez durante varios años: Reikiavik llegó a cerrar 11 capítulos de un proceso que constaba de más de 30. Pero en 2013, con la recuperación económica ya en marcha y la llegada al poder de un gobierno euroescéptico, el proceso se congeló. Desde entonces, el país nórdico continuó vinculado a la Unión a través de otros mecanismos —el Espacio Económico Europeo (EEE) y el espacio Schengen de libre circulación— sin dar el paso hacia la membresía plena.

La actual coalición de gobierno, liderada por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir desde 2024, había incluido en su acuerdo de gobierno la promesa de convocar un referéndum sobre el asunto, argumentando que la población islandesa nunca había sido consultada directamente sobre si debía reabrirse ese camino.

La pesca, otra vez en el centro

Entre las razones que explican el rechazo, la más mencionada por analistas y votantes es la desconfianza hacia una eventual política pesquera común europea. Para una economía tan dependiente de sus recursos marítimos como la islandesa, ceder soberanía sobre la gestión de sus aguas y sus cuotas de pesca representa una línea roja para buena parte del electorado, más allá de las simpatías o antipatías ideológicas hacia el proyecto europeo.

A ese factor económico se sumó, según diversas lecturas del resultado, un componente casi identitario: la primera ministra Frostadóttir lo resumió con una frase elocuente al reconocer el resultado: «Somos una isla, es una cuestión emocional para nosotros».

Lo que sigue en este periplo

Pese a haber sido una de las principales impulsoras de la consulta y partidaria declarada de reanudar el diálogo con Bruselas, Frostadóttir fue categórica al anunciar que su gobierno respetará el resultado: «Quiero ser absolutamente clara: este gobierno no retomará las negociaciones de adhesión durante esta legislatura«, que se extiende hasta 2028. La mandataria evitó además presentar la derrota como un revés, calificándola en cambio como «una victoria para la democracia».

Desde Bruselas, la respuesta fue medida. La Comisión Europea señaló que «respeta la decisión del pueblo islandés» y remarcó que el país «sigue siendo un socio cercano» pese al resultado. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó por su parte la confianza y cercanía que persisten en la relación bilateral, sostenida principalmente a través del EEE.

El resultado, aunque no vinculante en términos estrictamente legales, congela de hecho cualquier posibilidad de adhesión islandesa a la UE al menos hasta 2028. Para Bruselas, que veía con genuino interés la incorporación de una economía próspera y estable como la islandesa —especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes vinculadas a Rusia y a la política exterior de Estados Unidos—, el «no» representa un enfriamiento adicional en un vínculo que, pese a todo, seguirá sostenido por los acuerdos ya vigentes de libre circulación y mercado común.