La estrategia del Ministerio del Interior le devuelve importancia a las seccionales policiales

El Ministerio del Interior confirmó una reestructuración profunda en el funcionamiento de las seccionales policiales de Montevideo, una decisión que marca un giro significativo en la estrategia de seguridad pública y que responde a años de debate político sobre el rol de las comisarías en la prevención del delito. El anuncio, realizado tras una reunión de comando ampliado encabezada por el ministro Carlos Negro, establece ocho ejes de trabajo que priorizan la atención ciudadana y la modernización de las unidades policiales.

“Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población. Esto implica una reeducación del trabajo, de la tarea, de la gestión de cada seccional, pero también implica incorporar tecnología y sumar respuesta a cada una de las seccionales cada vez que es demandada su participación”, expresó Negro en rueda de prensa. “Precisamos una reestructura en lo que es el funcionamiento de las seccionales policiales para tener una mejor respuesta, una mejor atención al público”, agregó el ministro.

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La iniciativa representa una reversión parcial del enfoque adoptado durante la tercera administración del Frente Amplio, cuando el exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, impulsó el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).

Aquella política priorizaba el patrullaje en la vía pública por encima del esquema tradicional de las comisarías, una decisión que, según estudios académicos, dejó “a las seccionales sin rol ni responsabilidad clara en la nueva estructura organizacional”, tal como documentó Federico del Castillo, magíster en Criminología por la John Jay College of Criminal Justice, en su análisis publicado en 2020 en el repositorio Colibrí de la Universidad de la República.

El plan de refuerzo: 190 becarios y modernización operativa

El próximo 7 de setiembre se incorporarán 70 becarios a la Policía Nacional, quienes serán destinados a las cuatro comisarías especializadas en violencia doméstica de Montevideo y a otras ocho seccionales: cuatro pertenecientes a la zona 1 (área centro-sur y oeste) y cuatro a la zona 2 (sureste de la ciudad). Para octubre se prevé la llegada de otros 120 becarios, estudiantes en formación policial que aún no tienen el estatus de funcionarios efectivos.

“El mayor impacto nosotros lo queremos generar en los barrios, sin distinción, y para ello debemos fortalecer la comisaría como un eje principal en la prevención, pero principalmente en la confianza ciudadana. Debemos acercarnos a la gente en los barrios por medio de las comisarías”, explicó el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, tras el encuentro.

Esta apuesta por el fortalecimiento de las seccionales contrasta con la filosofía que primó durante años en el ministerio. Layera sostenía en aquel entonces que “el tema de darles mayores recursos humanos a las unidades en realidad los pierden, porque al distribuirlos en comisarías eso no tiene impacto sobre la presencia en la calle. Lo que buscamos es sacar, justamente, gente de las comisarías para la calle”.

Un debate político con historia

La discusión sobre el rol de las comisarías ha dividido a los partidos tradicionales durante más de una década. Cabildo Abierto estableció el retorno de los policías a las seccionales como una de sus principales banderas de seguridad pública.

Su líder, Guido Manini Ríos, incluyó esta medida en los programas de gobierno de sus campañas electorales de 2019 y 2024, la repitió en debates parlamentarios y la propuso durante la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública. Una de sus propuestas concretas es la creación de comisarías de alto impacto, con un plan piloto en determinados barrios.

Desde el Partido Nacional, las críticas a la postura de los gobiernos frenteamplistas también fueron constantes. En marzo de 2020, al asumir como ministro del Interior, Jorge Larrañaga inició una gira continua por Montevideo y el resto del país para inaugurar o reinaugurar seccionales, comisarías y destacamentos. Su sucesor, Luis Alberto Heber, mantuvo esa misma línea de trabajo en 2021.

La Memoria Anual 2021 del Poder Ejecutivo valoró esa política de seguridad pública basada en “el aumento del despliegue y la presencia policial, retomando un lugar estratégico el rol de las comisarías como unidades básicas del accionar policial”. Aquel año, el gobierno informó la reapertura de más de 100 comisarías, subcomisarías, destacamentos y unidades de respuesta policial en todo el país.

Un cambio de paradigma con sustento académico

El análisis crítico del modelo PADO, realizado por Federico del Castillo, sostiene que las medidas adoptadas desde 2010 en la Policía Nacional generaron un vacío funcional en las seccionales. La investigación, publicada en Colibrí, repositorio institucional de la Universidad de la República, señala que la estructura organizacional resultante dejó a estas unidades sin un rol claro, lo que afectó directamente la capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas.

El nuevo enfoque del Ministerio del Interior busca corregir esa desviación. La modernización de las seccionales contempla la incorporación de tecnología, la actualización de tareas internas y la redefinición de cometidos, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta a quienes acuden a presentar una denuncia o realizar consultas.

“Precisamos una reestructura en lo que es el funcionamiento de las seccionales policiales para tener una mejor respuesta, una mejor atención al público”, insistió Negro, subrayando que la iniciativa no se limita a sumar efectivos, sino que implica una transformación cultural en la gestión policial.