Denunciaron desde la primaria y nadie fue a su casa: la historia de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre en Uruguay

La madrugada del viernes 7 de marzo de 2026, los vecinos del barrio Flor de Maroñas, en el extremo este de Montevideo, encontraron el cuerpo de un adolescente tirado en una cañada a metros de su casa. Tenía 15 años, se llamaba Jonathan Correa, y llevaba marcas de golpes por todo el cuerpo.

No fue una muerte repentina ni imprevisible. Los vecinos supiero qué había pasado. Fue el desenlace de un proceso de violencia documentado, denunciado y archivado durante años por al menos dos instituciones del Estado uruguayo.

Según la reconstrucción que la Fiscalía presentó ante la Justicia durante la audiencia de formalización, la noche del jueves Jonathan fue retado por sus padres y golpeado. Como castigo, lo dejaron parado mirando una pared, en lo que en la jerga familiar se llamaba «penitencia».

Más tarde le permitieron usar la computadora. Cerca de las 23:00, todos se fueron a dormir. En la madrugada, el padre —Jonathan Calero, de 36 años— se levantó y encontró al adolescente sin signos vitales. En lugar de llamar a emergencias, arrastró el cuerpo hasta la cuneta ubicada frente a la vivienda.

Las lesiones internas eran tantas que el equipo fiscal no pudo constatar con precisión dónde había iniciado el sangrado. La autopsia descartó la categoría inicial de «muerte dudosa» y confirmó que se trató de una muerte violenta. La Policía estima que los golpes fueron propinados con palos, puñetazos y cachetadas.

Una familia poseída por la violencia

El sábado 8, la Justicia imputó a Jonathan Calero por homicidio agravado y violencia doméstica. Un juez le impuso prisión preventiva por seis meses mientras la Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas.

La madre de Jonathan también tenía antecedentes de haber radicado denuncias contra el padre. El Ministerio del Interior informó que registra una denuncia previa presentada por la madre de Jonathan contra el padre, que motivó la aplicación de medidas cautelares que luego no fueron renovadas. Esa renovación nunca llegó. El hombre siguió viviendo en la misma casa.

Las señales en la escuela: años de evidencias y silencio institucional

La UTU del barrio, donde Jonathan cursaba estudios orientados a oficios, denunció en noviembre de 2025 la situación de violencia doméstica a la que era sometido el adolescente. En la denuncia se indicó que el joven concurría al centro con muchas heridas en sus piernas.

La denuncia de la directora de UTU señalaba que Jonathan tenía raspaduras en las rodillas y que él mismo había dicho que se las hizo jugando al fútbol. Como las lesiones no eran de entidad, el fiscal de turno Luis Pacheco dispuso que la Policía interrogara a la madre, quien dijo desconocer lo ocurrido. La Fiscalía debió asignar el caso a otra fiscalía para realizar el seguimiento, pero eso no sucedió. Otra vez, a Jonathan lo dejaron solo. Totalmente solo.

Lo que siguió fue el silencio burocrático. La denuncia pasó por la seccional policial, luego a una Comisaría Especializada en Violencia Doméstica, luego a la Fiscalía de Violencia Doméstica, luego a la Justicia de Familia Especializada. En ningún punto del circuito alguien fue a la casa de Jonathan.

Pero el sistema educativo había advertido antes, mucho antes. La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, confirmó que también hubo denuncias años atrás, cuando Jonathan iba a la escuela: «Primaria tiene denuncias de muchos años. Hizo denuncias de hace muchos años también por el niño«, dijo en rueda de prensa.

El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Pablo Caggiani, reconoció que las denuncias de UTU «no tuvieron el trámite o el seguimiento esperado» en la Justicia, como debió haber sido.

Compañeros que lo vieron morir de a poco

Sus compañeros de la UTU lo describían como tranquilo, estudioso, que no se metía con nadie. Siempre estaba enojado o triste. Venía todos los días, le gustaba estudiar mucho. Uno de sus amigos relató que fue a visitarlo a su casa, conoció a los padres y que en una ocasión Jonathan le pidió que se retirara porque los padres eran muy agresivos y no quería que él viera eso.

Otro compañero recordó que «varias veces» llegó al centro educativo golpeado: tenía moretones en los brazos y se los tapaba con una campera. También se lo notaba con los ojos negros. Pese a eso, Jonathan era inteligente: se había ganado una beca para aprender francés. Faltaba a clases cuando lo dejaban en «penitencia», según contaba a sus compañeros.

La madre de Jonathan: entre víctima y complicidad

La figura de la madre genera lecturas encontradas. La prima Andrea Alonso, cuyo padre es hermano del acusado, reclamó que «la madre esté presa porque es cómplice: la madre hizo denuncias cuando fue golpeada, pero nunca hizo denuncias cuando golpeaban a Jonathan«.

Al mismo tiempo, quienes conocen el entorno señalan que también era víctima de violencia doméstica por parte de Calero, lo que complejiza el análisis sobre su responsabilidad y su capacidad de actuar. La noche del hallazgo del cuerpo se realizó una marcha barrial en reclamo de justicia y la madre fue agredida por varios vecinos, quienes la acusaban de haber sido cómplice de las agresiones.

Maite y los primos: el mismo patrón, el mismo riesgo

Maite, de 9 años, hermana de Jonathan, y dos primos suyos quedaron al cuidado de la abuela paterna luego del crimen. Pero la solución duró poco. En redes sociales circuló un video en el que se ve a la abuela agrediendo a uno de los nietos. La prima Andrea Alonso confirmó que se trata de los primos de Jonathan y pidió que los menores no sigan bajo esa custodia: «No es solamente Jonathan. Acá hay más niños también involucrados. Queremos justicia, que esos nenes no sigan con la abuela».

La Justicia de Familia Especializada y la Unidad de Violencia Doméstica resolvieron que Maite pase al cuidado del Estado. Los otros dos niños ya estaban al amparo del INAU.

El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian cursó cuatro pedidos de informe al Ministerio del Interior, INAU, UTU y Fiscalía, con el objetivo de determinar en cuál de esas instituciones se produjo la falla en la respuesta a las denuncias. El caso fue mencionado en la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados, donde se analiza un proyecto de ley integral de protección a las infancias. La Jefatura de Policía de Montevideo inició una investigación administrativa para revisar todas las actuaciones previas.