Recomiendan extender moratoria de la fractura hidráulica y enviarán proyecto al Parlamento

 

El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, dijo que el documento será la “base que se enviará al Parlamento para su estudio”, y consideró que la extensión de la moratoria a través de una Ley “blindará al país” de la posibilidad de que se realice fracking por un período más prolongado.

Descartó que el Gobierno considere efectuar prospecciones convencionales y no convencionales en tiempos en que el país se dirige a una segunda transición energética basada en las energías renovables.

La Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería para estudiar el tema del fracking en Uruguay y asesorar sobre la posibilidad o no de efectuar esta actividad en nuestro país, entregó el 2 de diciembre su informe final al Poder Ejecutivo.

En el documento se presenta como posición mayoritaria extender la moratoria para realizar actividades de fracking en nuestro territorio.

Política de Estado

Verri agradeció a los integrantes de la comisión por su tiempo y esfuerzo para realizar un aporte en “beneficio del país”.

El subsecretario de Estado aseguró que el Poder Ejecutivo “seguirá las sugerencias del informe, elaborado con diferentes análisis y recopilación de datos nacionales e internacionales”.

Remarcó que el documento constituirá el proyecto de Ley que se enviará al Parlamento, informó el Ministerio de Industria.

“La extensión de la moratoria a las actividades de fracking por un plazo mayor al anterior, a través de una ley, “blindará al país legalmente ante eventualidades que, no obstante, hoy no se consideran”, dijo Verri.

Recordó que la comisión fue creada en el Gobierno anterior y se consolidó en este, sin injerencias políticas de ninguna índole. Se trata de “una política de Estado más allá de los partidos”, señaló.

La Comisión fue creada por la Ley 19.585. Está presidida por el MIEM —actualmente bajo la coordinación de Alicia Torres—, e integrada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente, la Universidad de la República, el Congreso de Intendentes, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas.

En función al contenido del informe, el Parlamento decidirá si se continúa con la prohibición de la aplicación de la técnica o si se habilita bajo ciertas condiciones a partir de 2022.

Por su parte, la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas recomendó la prohibición de la actividad.