La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentó el viernes pasado una denuncia penal contra la anterior gestión liderada por Leonardo Cipriani. El escrito al que accedió El País detalla “hechos con apariencia delictiva” en tres áreas específicas: traslados contratados a ITHG (hoy UTAM), convenios con Casmu y Círculo Católico, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.
El actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, concurrió personalmente a Fiscalía junto a su equipo jurídico. La denuncia fue radicada ante la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrerro y ahora está a cargo del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º Turno, Gilberto Rodríguez.
Primera irregularidad: el monopolio de traslados para una empresa marítima
Entre 2022 y 2024, los gastos en traslados de ASSE aumentaron a “casi 1.500millonesporan~oenpromedio,sinexistircambiossignificativosenelflujodelostraslados”,sen~alaladenuncia.LaunidadejecutoraSAME105concentroˊel461.500millonesporan~oenpromedio,sinexistircambiossignificativosenelflujodelostraslados”,sen~alaladenuncia.LaunidadejecutoraSAME105concentroˊel462.154 millones (aproximadamente US$54 millones).
El dato más llamativo es que “el 96,47% del gasto en traslados de SAME 105 lo recibió ITHG”. Esta firma, cuyo objeto principal era la proveeduría de servicios marítimos, facturó a ASSE 565millonesen2022,565millonesen2022,570 millones en 2023 y $826 millones en 2024. SAME 105 superó su pauta anual de gasto entre un 508% y un 693% durante esos tres años.
La auditoría detectó “compras innecesarias” a ITHG con precios “mayores que en el mercado”, además de “omisión de procedimientos de compras competitivos”. La denuncia sostiene que “el cambio del objeto del gasto mencionado, el fraccionamiento doloso, las licitaciones observadas por múltiples irregularidades” podrían encuadrar en el delito de fraude del artículo 160 del Código Penal.
Segunda irregularidad: convenios con mutualistas que duplicaron gastos
El segundo capítulo de la denuncia apunta a los convenios firmados con Círculo Católico y Casmu por camas de internación. Según las auditorías, aunque los contratos contemplaban los insumos incluidos en cada cama, ambas mutualistas cobraron “gastos extras que estaban incluidos”.
“Se gastó por encima de US$ 24.000.000 de lo estipulado en el convenio con respecto a Círculo Católico”, detalla el escrito. Las compras a esta mutualista pasaron de 268 millones en 2019 a $1.104 millones en 2024. En el caso de Casmu, las contrataciones de 2024 fueron “77 veces más” respecto a 2019, año prepandemia.
La División Jurídica de ASSE concluyó que el anterior directorio incurrió “prima facie” en “falta administrativa” por “suscribir” estos convenios. Los jerarcas “no podían desconocer” el “exponencial” gasto que implicaba su implementación.
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Tercera irregularidad: supresión de controles y eventual enriquecimiento ilícito
La denuncia también señala la “supresión del área de Control, Evolución y Seguimiento de pacientes ingresados a CTI privados, dispuesta por el Director de SAME 105 al asumir el cargo”. Esta decisión “debilitó” los controles sobre los gastos en terapia intensiva.
Sobre el delito de conjunción del interés público con el privado, la denuncia apunta directamente a Leonardo Cipriani. El ex presidente de ASSE fue director técnico de Círculo Católico antes de asumir el cargo, y el 16 de agosto pasado volvió a ser contratado por esa mutualista como coordinador asistencial. “Durante su mandato en ASSE pudo beneficiar una empresa privada en la que antes se desempeñó en puestos de relevancia”, sostiene el escrito.
La denuncia agrega que “no debe perderse de vista” que varias autoridades “tienen emprendimientos juntos, y hace mucho tiempo que se conocen”. Menciona específicamente a Cipriani, al director de convenios Martín Serra, y al exdirector de SAME 105 José Antonio Rodríguez. El fiscal Rodríguez aún no ha realizado citaciones, pero la investigación ya está en curso.
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