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Múltiples vínculos irregulares con ITGH detectados en ASSE entre 2022 y 2024

Auditoría de ASSE revela gastos ocho veces mayores a la pauta y nulos controles en traslados. En algunos casos se pagó hasta 8 veces el precio de servicios.

Foto de archivo de Leonardo Cipriani al frente de ASSE
Foto de archivo de Leonardo Cipriani al frente de ASSE

La relación entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la empresa ITHG presentó, entre 2022 y 2024, múltiples irregularidades en la gestión de fondos públicos. Entre los hallazgos se detectaron compras no planificadas, desembolsos hasta ocho veces mayores a lo establecido en la Ley de Presupuesto, y la totalidad de los gastos por traslados observados por el Tribunal de Cuentas (TCR). También se constató falta de controles en facturación y en los propios traslados.

 

Estos resultados surgieron de una auditoría ordenada por las actuales autoridades del prestador público de salud, enfocada en la unidad ejecutora de la emergencia móvil de ASSE. A raíz de lo hallado, se iniciaron sumarios administrativos a 10 funcionarios y se presentaron denuncias penales contra directores y jerarcas de la gestión anterior. Los documentos a los que accedió Búsqueda indican que existieron tantos “diferentes criterios y errores de imputación” que “imposibilitaron” a los responsables de la investigación “determinar con exactitud el gasto de traslados, contratos y su evolución”.

El vínculo entre ITHG y ASSE había sido uno de los más cuestionados de la anterior gestión del prestador, presidida primero por Leonardo Cipriani y luego por Marcelo Sosa, desde que fue expuesto por Búsqueda en enero de 2023. La empresa había surgido como proveedora de insumos marítimos en 2020, con direcciones registradas en lo que resultó ser una distribuidora de calzado en Cerrito de la Victoria y una frutería en Ciudad Vieja, y en ese momento no contaba con la autorización del Ministerio de Salud Pública (MSP).

 

El Tribunal de Cuentas hizo fuertes observaciones

Según la auditoría, ITHG concentró en el período analizado el 96,47% del gasto de traslados de SAME 105. El 100% de estos gastos, por un total de $ 2.033.514.848, fueron observados por el TCR. Las anteriores autoridades defendieron siempre ese vínculo, iniciado en junio de 2021 en plena pandemia. “Para nosotros, cumplía lo que pedíamos y en el momento en que lo necesitábamos”, declaró en 2023 el entonces gerente general de ASSE, Eduardo Henderson.

Fuentes de ASSE describieron a Búsqueda el manejo de las cuentas de esta unidad ejecutora en el período anterior como “totalmente bolichero”. Agregaron que esto puede traducirse como “impericias” o “decisiones de gestión pensadas para fugar recursos ante la ausencia de controles”.

Las auditorías también abarcaron convenios con las mutualistas Casmu y Círculo Católico, así como el Centro Departamental de Treinta y Tres. Como resultado, ASSE denunció penalmente a cuatro integrantes del directorio del período anterior (incluidos Cipriani y Sosa), al exgerente general Henderson y a la anterior directora administrativa de SAME 105, además de iniciar sumario administrativo a 10 funcionarios. Los directivos denunciados emitieron una nota en la que afirmaron que existe “un ataque político, no jurídico” en su contra y que es “un ataque a la coalición y al gobierno anterior” de parte de las actuales autoridades.

 

Gastos muy por encima de las pautas presupuestales

Entre los hallazgos de la auditoría se encuentra la ausencia de una planificación de compras para determinar los traslados contratados en 2022 y 2023. También se detectaron gastos muy superiores a las respectivas pautas presupuestales establecidas para 2022, 2023 y 2024, en un 508% (sin incluir gastos relacionados al Covid), 697% y 672%, respectivamente. Estos últimos aumentaban casi por ocho el cálculo previo.

El entonces gerente administrativo de ASSE, Juan Andrés Behrend (uno de los funcionarios sumariados), señaló a los auditores que ITHG “no solo proporcionaba traslados”, sino que en un momento también brindó “tripulación de ambulancias” para móviles del propio prestador, así como personal médico y enfermería a las bases de la propia emergencia.

La auditoría añade que en ese período no hubo procesos competitivos, sino únicamente compras directas y compras directas por excepción que no cumplían las normativas del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf). Tampoco se realizó la habitual solicitud de tres precios, y en todo el período se emitieron apenas cuatro órdenes de compras para traslados por ITHG.

 

Intentos de corrección y continuidad de la contratación

El exdirector de SAME 105, José Antonio Rodríguez, no discutió las razones administrativas que llevaron a esas observaciones a las compras de ITHG, pero precisó que la situación se intentó corregir “haciendo varias licitaciones” e incluso “un convenio marco para traslados”, todos rechazados por el TCR. Rodríguez es otro funcionario que será sumariado.

Fuentes de ASSE señalaron que los gastos por encima de la pauta “terminaron yéndose completamente al sector privado”. Agregaron que la aprobación de una partida especial en la Rendición de Cuentas 2024, votada a mediados de 2025 para afrontar deudas, “demuestra la inestabilidad de los créditos y los cupos financieros”.

ASSE sigue contratando a ITHG, ahora llamada UTAM, según reconoció en la propia auditoría el actual director de SAME 105, Gustavo Grecco. Grecco señaló que la medida se tomó para no discontinuar el servicio a los pacientes. No obstante, añadió, se ha priorizado la propia estructura. Actualmente se coordinan por esta empresa 9.000 traslados especializados al año, un tercio del total, por US$ 5 millones. Se está preparando un nuevo procedimiento competitivo para traslados en ambulancias comunes y especializadas con ese fin, según publicó el semanario Búsqueda.

Los problemas para registrar los traslados efectivamente realizados, el personal contratado y los ingresos a CTI privados son otros elementos que, según las actuales autoridades, hacen a ese manejo “bolichero”. De una muestra de 785 traslados medicalizados analizados, 600 tenían una hoja clínica física que respaldaba lo ocurrido. Sin embargo, unos 60 (10%) no pudieron validar origen o destino; un 23% (180) no tenía la historia clínica física, lo que no permitió validarlo; y un 21% (167) no permitía visualizar la historia clínica electrónica ambulatoria, obligatoria en los traslados especializados. Además, en cinco casos había omisiones tan relevantes como cédula, nombre y apellido del usuario.

Rodrigo López, escribano de ASSE también sumariado, afirmó que esos controles no se le solicitaban a ITHG. En otra muestra de una semana al año, la auditoría encontró que en seis de siete traslados comunes y en 11 de 15 traslados especializados en distancias superiores a 50 kilómetros, el precio pagado a ITHG estuvo por encima del facturado por otros proveedores a unidades ejecutoras en casos de similares características.

La jefa de operadores Sheila Aneleh Manaslitchi declaró durante los interrogatorios que “durante los primeros tres o cuatro meses de su gestión”, iniciada el 13 de enero de 2021, “concurría (por ITHG) un señor de apellido Lima, a corroborar los números Same de traslados que él tenía”. José Lima, según publicó Búsqueda en su momento, fue director y administrador de esa empresa mientras cambiaba su objeto a “proveeduría marítima y servicios de logística y de transporte”.

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