Gandini convoca a conferencia de prensa tras ser condenado por narcotráfico un allegado político suyo

La Operación Trazador, ejecutada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas con apoyo de la Prefectura Nacional Naval, derivó en la condena de tres personas y encendió las alarmas sobre la penetración de fondos del crimen organizado en los partidos políticos uruguayos. El caso involucra a Pablo Leiva, de 48 años, quien se desempeñaba como asesor del edil del Partido Nacional por Montevideo Gonzalo Gómez hasta que fue detenido el jueves 17 de septiembre de 2026.

Leiva fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones, tras alcanzar un acuerdo abreviado con la fiscal especializada en Estupefacientes, Angelita Romano.

El operativo, realizado en una vivienda del barrio Brazo Oriental en las inmediaciones de José María Penco y Andrés Lamas, permitió la incautación de 265 kilos de droga —141,5 kilos de pasta base y 124 kilos de cocaína— valuados en cerca de dos millones de dólares, equivalentes a unos tres millones de dosis.

También se decomisaron más de tres millones de pesos uruguayos, 42.564 dólares en efectivo, cinco vehículos de alta gama, dos pistolas calibre nueve milímetros, municiones para fusiles AK-47, una máquina de contar billetes, un inhibidor de señal y cuadernos con registros de la actividad delictiva.

El edil Gómez desvinculó a su asesor y pidió disculpas

Desde China, donde se encontraba en comisión oficial, el edil Gonzalo Gómez emitió una declaración pública para comunicar la desvinculación inmediata de Leiva. “Esta situación me tomó completamente por sorpresa. Asumo la responsabilidad que me corresponde por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar a esta persona a mi equipo de trabajo”, expresó Gómez, quien también pidió disculpas al Partido Nacional y a su agrupación.

Gómez aclaró que Lucio Leiva, hijo del condenado y colaborador suyo desde hace años en la Junta Departamental de Montevideo, fue detenido durante el operativo pero liberado posteriormente sin formalización. “Conozco a Lucio desde hace años. Es mi amigo, trabaja conmigo y es una persona de mi confianza. Fue liberado y no fue formalizado en esta causa”, sostuvo el edil.

Según información publicada, padre e hijo cobraban un sueldo de 52.000 pesos como asesores de Gómez, quien integra la Lista 250 de Por la Patria, agrupación liderada a nivel nacional por Jorge Gandini, actual director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Investigación alcanza una red de cobranza vinculada a la esposa de Gandini

La investigación policial derivó en un segundo frente: la utilización de una sucursal de una red de cobranza y cambio de divisas como parte del presunto esquema de lavado de activos. Se trata de la agencia 71/02, que figura a nombre de la contadora pública Laura Scalabrino Muga, esposa de Gandini, y que aparece como un bien ganancial en la declaración jurada que el dirigente presentó en agosto del año pasado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Scalabrino Muga habría adquirido el comercio aproximadamente un año antes de que estallara el caso. La vinculación del local con la investigación surgió de los chats a los que accedió la Policía durante la incautación de celulares realizada en el operativo Trazador. Leiva, quien residía en las inmediaciones, habría utilizado el local con frecuencia para realizar pagos de aportes al Banco de Previsión Social correspondientes a una empresa constructora.

Desde el entorno de Gandini señalaron que el exsenador no tenía vínculo con Leiva y que el dirigente brindaría una conferencia de prensa para ofrecer detalles del caso. Gandini, entrevistado previamente por Canal 12, había sostenido que no podía “hablar de política” por su cargo en la ANP.

Frente Amplio expresa “alarmas” y anuncia acciones

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió una resolución de trabajo en la que aseguró que las condenas del operativo despertaron “alarmas” al constatar que “algunos de los imputados mantuvieron activa participación en la actividad política”.

El órgano frentista añadió que “se habría constatado que la empresa utilizada para las operaciones de lavado de activos podría formar parte de la declaración patrimonial (como bien ganancial) de un importante jerarca proveniente de la misma colectividad”.

En esa línea, el Frente Amplio resolvió “iniciar una serie de pasos” para “conocer en profundidad el alcance de los hechos” y “activar todos los mecanismos de control que posibiliten blindar” a sus instituciones, así como “tomar iniciativas políticas que, como la ley de regulación del financiamiento de los partidos políticos, preserven nuestra calidad democrática”.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, señaló que los hechos “ya no parecen aislados” y que se debería “analizar cómo blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado”.

Legisladores oficialistas y opositores se pronuncian

En el Senado, donde se discutía la Rendición de Cuentas, varios legisladores fueron consultados sobre el caso. El senador frenteamplista Oscar Andrade aseguró que “preocupa” el “tema de fondo”, que es “la relación del narcotráfico con la política”. “Estamos esperando resultados de la investigación”, indicó, y agregó que “también creo que primero debería haber un pronunciamiento del Partido Nacional, que tiene integrantes que estarían vinculados a esta situación”.

Su correligionario Sebastián Sabini también marcó la “preocupación” y, sin nombrarlo, se refirió a declaraciones del legislador blanco Sergio Botana, quien en marzo había afirmado que “el Frente Amplio no es un narco partido, pero que todas sus decisiones están influidas por las posiciones que le sirven al narcotráfico”. “Sería bueno que algunos legisladores que hicieron expresiones muy equivocadas sobre el narcotráfico y el Frente Amplio hagan un mea culpa”, dijo Sabini.

En filas nacionalistas, el senador Sebastián Da Silva calificó el hecho como “muy grave” y sostuvo que “tenemos que tener claro que tenemos que extirpar del Partido Nacional” este tipo de situaciones. “Dos por tres se cuelan unos narcos dentro de los partidos”, afirmó, y llamó a no “aflojar la guardia” ni a “no tener tibieza a la hora de actuar”.

Da Silva consideró que el edil Gómez “fue abusado en su confianza”, pero puntualizó que “nadie que esté vinculado al narcotráfico puede formar parte de ninguna dirección del partido”. Además, pidió que el hijo del condenado, Lucio Leiva, quien milita en la Juventud del Partido Nacional, también dé un paso al costado.

El senador Rodrigo Blás dijo a Tv Ciudad que “más allá de la preocupación, cabe la reflexión de que todos, los políticos y no políticos, conviven diariamente con gente que se dedica al narcotráfico”. Sobre el caso particular, recordó que “trabaja la justicia” e hizo hincapié en que las agencias de redes de cobranza “no tienen un sistema propio de control, sino que se realiza a través de la central” con los sistemas de control de lavado de activos.

Todo está en investigación y, a excepción de los ya condenados por la Justicia, no hay acusación directa sobre Gandini, su esposa, el edil Gómez u otra persona sobre la cual no pese una causa penal.