Operación Trazador: investigan si se movió dinero en local de pagos vinculado a dirigente del PN

La Justicia uruguaya condenó a Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez, a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. La sentencia, dictada en proceso abreviado tras un acuerdo con la fiscal especializada en Estupefacientes, Angelita Romano, es solo el punto de partida de un caso que sigue expandiéndose.

Según reveló el periodista Eduardo Preve, la Fiscalía y la Policía iniciaron una nueva investigación por lavado de activos a partir de información extraída del celular de Leiva. En el dispositivo habrían aparecido conversaciones con distintas personas sobre el destino del dinero producto de la venta de droga, así como registros de un local de pagos que el condenado utilizaba de forma frecuente para realizar sus transacciones.

Operación Trazador: el origen del caso

El caso se remonta a la Operación Trazador, desarrollada el jueves 17 de septiembre de 2026 en una vivienda del barrio Brazo Oriental, en Montevideo. La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, con apoyo de la Prefectura Nacional Naval, ejecutó tres allanamientos simultáneos que permitieron incautar 265 kilos de droga —141,5 kilos de pasta base y 124,1 kilos de cocaína—, valuados en aproximadamente dos millones de dólares.

Junto con la droga, las autoridades decomisaron casi 3 millones de pesos uruguayos, 42.564 dólares en efectivo, cinco vehículos de alta gama, dos pistolas calibre nueve milímetros, municiones para fusiles AK-47 y una máquina de contar billetes. El ministro del Interior, Carlos Negro, calificó el operativo como “muy exitoso” y destacó que permitió la detención de “uno de los líderes de las bandas que estaban asolando Montevideo con violencia”.

En la casa de Leiva, ubicada en la zona de San Petersburgo y Callao, se incautaron cerca de tres millones de pesos y más de 40.000 dólares en efectivo, además de una máquina contadora de billetes. Estos elementos fueron determinantes para que la Fiscalía lo señalara como el encargado de convertir sistemáticamente el efectivo en pesos a dólares a través de casas de cambio locales.

El rol de Leiva en la estructura

Según el informe de Fiscalía, la organización desarticulada tenía funciones claramente definidas: alguien se encargaba del ingreso de la droga, otros de la distribución y una tercera persona del blanqueo de capitales. Pablo Leiva, de 48 años, ocupaba ese tercer rol. El subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, explicó que «el grupo tenía sus funciones definidas: alguien se encargaba del ingreso, otras personas de la distribución y otra del blanqueo de los capitales».

Leiva percibía un salario de 52.000 pesos como asesor del edil Gonzalo Gómez en la Junta Departamental de Montevideo. Gómez, integrante de la Lista 250 que lidera Jorge Gandini y miembro del Directorio del Partido Nacional en representación de la Juventud, había designado como asesores tanto a Pablo Leiva como a su hijo, Lucio Leiva.

El edil, que se encontraba en China participando de un seminario al momento de conocerse la condena, emitió una declaración pública en la que sostuvo: “Nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a los hechos que hoy son objeto de investigación, relacionados con otra actividad que desarrollaba fuera de la Junta Departamental”.

Gómez agregó que la situación le resultó “totalmente ajena“ y que asumía “la responsabilidad que me corresponde por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar a esta persona a mi equipo de trabajo”.

El local de pagos y la conexión política

La nueva investigación se centra en un local de pagos donde Leiva habría realizado presuntamente parte de su operativa de blanqueo. El comercio queda a tres minutos de la casa del condenado, según dijo Preve, y estaría a nombre de la esposa de un dirigente nacionalista. Según la información a la que accedió el comunicador, el local figura como bien ganancial en la declaración jurada del político ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).

El edil para el cual trabajaba Leiva, Gonzalo Gómez, pertenece al mismo sector del dirigente nacionalista propietario del local de pagos. Esta coincidencia ha generado un intenso cruce político en el Parlamento. Senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio criticaron duramente al Partido Nacional tras conocerse la condena. El senador Nicolás Viera apuntó contra Sergio Botana por declaraciones anteriores, mientras que Aníbal Pereyra afirmó que “con la seguridad de la gente no se juega”.

Las condenas y el decomiso de bienes

La Justicia condenó a tres personas en el marco de la mencionada operación. El líder de la organización, Henry Sebastián Latorre, recibió la pena más alta: seis años y seis meses de penitenciaría por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de depósito y distribución agravado, tráfico interno de armas y municiones, receptación y lavado de activos. Su pareja, Jenniffer Méndez, fue condenada a tres años de penitenciaría como autora de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico.

En el caso de Leiva, la sentencia incluyó el decomiso de una lista detallada de bienes incautados: un vehículo Audi Q5, un Volkswagen Cross Fox, una camioneta Hyundai Tucson, una camioneta cabina doble con caja Victory, un Volkswagen Virtus, una máquina contadora de billetes, tres cuadernolas con registros y anotaciones, bolsas de bandas elásticas y bolsas de plástico, un iPhone 14 Pro, un teléfono Oppo, un iPhone adicional, tres balanzas de precisión y un inhibidor de señal. Todos estos bienes quedarán a disposición de la Junta Nacional de Drogas, según lo dispuesto por la Justicia.