Da Silva sobre narco vinculado al PN: El edil “fue abusado en su confianza” por su asesor

El senador Sebastián Da Silva calificó la condena de Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, como “un caso grave” que debe ser “extirpado” del Partido Nacional. En declaraciones al periodista Leonardo Sarro, el legislador afirmó: “Es un caso que tenemos que tener claro que tenemos que extirpar del Partido Nacional”.

Da Silva sostuvo que “dos por tres se cuelan unos narcos dentro de los partidos” y llamó a no “aflojar la guardia” ni a “no tener tibieza a la hora de actuar”. “No puede ser que por este tipo de circunstancias se mancillen los principios del Partido Nacional, así que hay que alejar todo. En política a veces no solo hay que serlo, sino parecerlo”, expresó.

Respecto de la responsabilidad de Gómez, el senador consideró que “el edil fue abusado en su confianza”, pero puntualizó que “nadie que esté vinculado al narcotráfico puede formar parte de ninguna dirección del partido”. “Es un hecho muy jodido” y “a mí me tiene preocupado”, agregó. “No podemos aflojar la guardia. Así sea un hijo, un sobrino de uno, no podemos aflojar”.

El caso que originó la condena

La Operación Trazador fue un procedimiento de la Policía Nacional con participación de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Policía Científica y la Prefectura Naval. Culminó el viernes 18 de setiembre de 2026 con un allanamiento en una casa de Brazo Oriental, Montevideo, tras más de dos semanas de investigación de inteligencia.

En el operativo se incautaron 265 kilos de droga: 141,5 kg de pasta base y 124 kg de cocaína, valuados en cerca de dos millones de dólares. También se decomisaron casi tres millones de pesos listos para lavar, vehículos de alta gama y armas de fuego, algunas de “guerra” o alto calibre.

El ministro del Interior, Carlos Negro, calificó el procedimiento de “muy exitoso” y lo enmarcó en una serie de golpes recientes al narcotráfico, junto con la Operación Nueva Era. Cuatro personas quedaron inicialmente a disposición de la Justicia; tres terminaron condenadas por proceso abreviado, acordado con la fiscal especializada en Estupefacientes, Angelita Romano.

Henry Sebastián Latorre, señalado como líder de la organización, fue condenado a seis años y seis meses por tráfico de estupefacientes en la modalidad de depósito y distribución, y otro delito. Pablo Leiva, de 48 años, recibió dos años y seis meses por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Un tercer condenado no fue identificado en las notas consultadas. Una cuarta persona, identificada como “Lucio”, hijo del dueño de la casa allanada, fue detenida junto a su padre pero luego liberada, sin formalización.

El vínculo con el Partido Nacional

Pablo Leiva se desempeñaba como asesor del edil de Montevideo Gonzalo Gómez en la Junta Departamental, donde cobraba unos 52.000 pesos. Gómez pertenece a la lista 250 del Partido Nacional, que a nivel nacional encabeza el exsenador y actual director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini.

El edil, que se encontraba en China al momento de conocerse la noticia, anunció la desvinculación de Leiva y aseguró que el hijo de este, que también lo asesoraba en la Junta Departamental, “fue liberado”, por lo que “no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre”. Gómez asumió “la responsabilidad por no haber sido suficientemente precavido” al incorporar a Leiva a su equipo.

La casa allanada era propiedad de uno de los condenados y Leiva había sido incorporado recientemente al equipo del edil. Gómez dijo que lo conocía “hace años” y que era “una persona de confianza”.

La casa de cambio bajo investigación

El caso adquirió una nueva dimensión cuando se reveló que Leiva operaba con frecuencia en un local ubicado en un supermercado de Villa Española, que combina una agencia de cobranza y una casa de cambio. Allí pagaba los aportes al BPS de una empresa constructora, según informó La Diaria el 21 de setiembre de 2026.

Esa casa de cambio habría sido adquirida hace aproximadamente un año por Scalabrino Muga, esposa de Jorge Gandini y contadora pública. La Policía investiga el vínculo de ese local con el esquema de lavado de activos. Fuentes vinculadas al dirigente nacionalista señalaron que Gandini no tenía vínculo con Leiva y que su argumento se centrará en que el dinero habría sido blanqueado a través de una empresa de construcción, sin conocimiento de su esposa ni de los empleados.

La reacción del Frente Amplio

El Frente Amplio, a través de su Secretariado Ejecutivo, resolvió convocar a una reunión de trabajo con sus ediles y legisladores para generar un insumo que luego la Mesa Política evalúe “acciones en todos los espacios que corresponda”. Legisladores del FA y del PN ya cruzaron declaraciones públicas duras por el caso Leiva.

La bancada de senadores del Frente Amplio instaló el tema en la agenda legislativa. Algunas agrupaciones tomaron la condena como una respuesta directa a las acusaciones que dirigentes nacionalistas habían lanzado contra la oposición en materia de narcotráfico.

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