El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, presentó este mediodía ante la fiscal de Corte Mónica Ferrero una denuncia penal contra las autoridades que gestionaron el organismo entre 2020 y 2025. Lo acompañaron otros miembros del directorio actual, según confirmaron a Subrayado fuentes oficiales.
La denuncia se basa en auditorías internas realizadas durante los últimos seis meses. “Del procedimiento administrativo que hizo ASSE, una auditoría y una investigación administrativa que llevó unos seis meses, entendemos que hay algunos elementos que generan la obligación de presentar denuncias”, afirmó Danza en rueda de prensa.
El expediente se concentra en el período 2022-2024. Los auditores hallaron “presuntas irregularidades respecto a los aspectos financieros y a la contratación de servicios”, según la resolución a la que accedió Búsqueda. Se detectaron “debilidades, irregularidades e incumplimientos a la normativa en los procesos de compras, así como controles insuficientes en el cumplimiento efectivo de los servicios prestados”.
Tres núcleos de gastos están bajo la lupa. En primer lugar, los convenios de complementación con las mutualistas Casmu y Círculo Católico, y con la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi). En segundo lugar, los traslados y la emergencia móvil SAME 105, donde operaba la empresa ITHG. El diputado frenteamplista Federico Preve detalló que fueron observados “el 100% de los gastos” de ITHG —aunque la compañía sigue siendo contratada mientras se realiza una nueva licitación—, el 70% de los contratos con el Círculo Católico y “la enorme mayoría” de los celebrados con Casmu.
Preve cuantificó el total observado en “casi 200 millones de dólares”. El legislador añadió que la vía penal determinará “responsabilidades penales evidentemente, de las personas involucradas en estos montos excesivos, que derivaron en algún favoritismo para algunas empresas”.
La denuncia individualiza a seis exautoridades
Son los expresidentes Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, los exdirectores Julio Micak y Natalia Pereyra, el exgerente general Eduardo Henderson y la exdirectora administrativa de SAME 105, Karina Oxley. Según la resolución de ASSE, estas personas fueron “individualizadas (…) como presuntos responsables de falta administrativa”, pero al no tener ya “vínculo funcional” con la institución, ASSE no podía aplicar sanciones internas. Por eso derivó los antecedentes a la Justicia penal.
El servicio jurídico de ASSE recomendó acudir a la Fiscalía por cinco razones concretas: “la magnitud económica de las sumas involucradas, la reiteración sistemática de observaciones por parte del TCR, la eventual afectación del erario público y las conductas descritas que prima facie podrían trascender el ámbito estrictamente administrativo y subsumirse en figuras típicas previstas en la normativa penal vigente”.
El propio Danza había anticipado este desenlace el 27 de noviembre de 2025 en una entrevista con Búsqueda. Dijo entonces: “El concepto de auditoría es educativo, que no termina hasta que el equipo auditor se reúne con el de gestión. Es un concepto de mejora continua, describir procesos, encontrar cosas, mejorar cosas… Pasa que en ese proceso a veces se detectan cosas que se hicieron demasiado mal y entonces ameritan otros procedimientos administrativos”. En ese momento aclaró que “de momento” no se había dado paso a la Justicia. Cuatro meses después, la derivación penal se concretó.
En paralelo, el Parlamento uruguayo debate la conformación de comisiones investigadoras. El Frente Amplio impulsa una que analice exclusivamente la administración 2020-2025. El Partido Nacional, en cambio, propone extender el período desde 2015 hasta la gestión actual de Danza. El diputado nacionalista Federico Casaretto restó sorpresa a la denuncia: “Nada me llama la atención”. Pero añadió: “Llama poderosamente la atención que el propio jerarca sea quien haya a presentar la denuncia, cuando ASSE tiene sus propios servicios jurídicos. Me parece que lo que buscaron es generar otra noticia para tapar toda la vergüenza de lo que está pasando con [la ministra de Salud, Cristina] Lustemberg”.
Casaretto se refería a las recientes renuncias de las autoridades de la Dirección General de la Salud y de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública. El conflicto se originó cuando la ministra Lustemberg redujo de cinco a tres años una sanción que ese colectivo había impuesto a una médica anestesista por su responsabilidad en la muerte de una colega durante una intervención quirúrgica. La madre de la fallecida denunció a la jerarca ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico del Uruguay.
Sobre Danza, Casaretto recordó sus trabajos en el sector privado mientras presidía ASSE y el cobro de una partida mensual por “dedicación permanente” en ese período. El legislador nacionalista concluyó: “Es llamativo que la persona más cuestionada que haya estado frente a ASSE, que incluso le pidió a los diputados del Frente Amplio que no incluyeran su período en la investigadora, haga esta movida personalmente”.
La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, deberá ahora evaluar si los elementos presentados por ASSE cumplen los umbrales para abrir una investigación penal formal. El TCR ya había observado sistemáticamente varios de estos contratos durante la administración saliente, según reconocieron fuentes del organismo consultadas por este periodista. La decisión de Ferrero se espera en los próximos 30 días hábiles.
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