Estudio jurídico español tratará de recuperar dinero pagado a Cardama por los OPV

Yamandú Orsi, presidente de la República, comunicó el viernes en una conferencia de prensa la finalización del vínculo contractual con la empresa de origen español que tenía a su cargo la edificación de dos patrullas oceánicas destinadas a la Armada Nacional.

La determinación fue trasladada previamente por el mandatario al Consejo de Ministros, instancia en la que recibió el respaldo del gabinete. Fuentes participantes del encuentro indicaron a medios de prensa que los jerarcas con competencia directa en el asunto, Sandra Lazo y Jorge Díaz, expusieron un detalle pormenorizado de la situación, tras lo cual varios ministros solicitaron hacer uso de la palabra para manifestar su acuerdo con la medida adoptada.

Si bien el tema central de la reunión fue la situación del contrato con Cardama, el consejo abordó otros asuntos de la agenda gubernamental. Los integrantes del gabinete analizaron los pormenores de la próxima visita oficial a China, el cronograma previsto para la aprobación legislativa del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico (TPP).

El contenido del anuncio oficial

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Orsi precisó que además de la rescisión contractual, el gobierno ordenó el inicio de acciones legales para reclamar daños y perjuicios. El objetivo central, según sus declaraciones, es “recuperar el patrimonio” y determinar las responsabilidades, tanto institucionales como individuales, que correspondan a lo largo de todo el proceso que involucró la contratación y ejecución del proyecto.

De acuerdo con la información recabada por El Observador, la instrumentación de las demandas por daños y perjuicios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La cartera deberá definir si presenta la denuncia por la vía civil con su propio cuerpo de abogados o si, en su lugar, opta por contratar los servicios de un estudio jurídico local. Esta definición se torna necesaria debido a que la Secretaría de Litigio Estratégico, creada en el presupuesto nacional del año 2025, aún no ha sido formalmente constituida.

El contexto legal de la recisión

En el ámbito del Poder Ejecutivo se considera que el proceso judicial constituye una derivación natural de lo estipulado en el artículo 70 del Tocaf, normativa que rige el contrato suscrito con la empresa española. Dicho artículo establece que “la administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello”.

La misma disposición legal agrega que “la rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de la multa correspondiente”. Este marco normativo constituye la base sobre la cual el gobierno sustentará su reclamo.

Las irregularidades detectadas en las garantías de Cardama

Según la perspectiva del gobierno, los incumplimientos graves atribuidos a Cardama se verificaron fundamentalmente en la constitución de las garantías exigidas contractualmente. Por una parte, el propio astillero admitió la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento presentada en su momento. Por otra, en lo que respecta a la garantía de reembolso, desde el oficialismo se sostiene que su tramitación fue defectuosa, ya que el documento aceptado no fue la póliza correspondiente, sino un simple pliego de términos y condiciones.

Además de la rescisión y el reclamo de daños, el Poder Ejecutivo tomó la determinación de encomendar al estudio jurídico Uría Menéndez, una de las firmas de mayor reconocimiento en España, la iniciación de todas las gestiones legales necesarias. El objetivo de esta instrucción es doble: por un lado, intentar recuperar los fondos ya desembolsados, que ascienden a aproximadamente US$ 30 millones; por otro, procurar obtener la parte de la OPV que Cardama tiene actualmente en construcción.

Plazos de construcción incumplidos por el astillero

De acuerdo con la auditoría realizada por Bureau Veritas, el avance real de la obra se sitúa en un 43% en lo que respecta al acero empleado. Esta cifra contrasta significativamente con el cronograma previsto, según el cual a esta altura del proyecto el progreso debería haber alcanzado el 70% de esa misma variable.

El artículo 21 del contrato firmado entre las partes contempla una situación como la que ahora se presenta. La cláusula establece que “en todos los casos en que el comprador rechace fundadamente cualquiera de los buques estará autorizado para declarar cancelado este contrato y recibir seguidamente del constructor la devolución de todos los importes ya pagados, así como los suministros efectuados por el comprador si los hubiere, ejecutando las garantías constituidas”.

Las previsiones contractuales aplicables

El mismo artículo contractual añade una precisión adicional sobre las consecuencias de una eventual cancelación: “En dicho caso el comprador también tendrá derecho a reclamar los daños y perjuicios que se le hayan causado, los cuales deberá acreditar, sin perjuicio de las penalidades y límites aplicables en este contrato”. Esta previsión normativa habilita la vía de reclamo que el gobierno ha manifestado su intención de emprender.

Finalmente, el gobierno tiene previsto también gestionar la ejecución de la garantía otorgada por Redbridge, cuyo monto asciende a aproximadamente US$ 9 millones. A pesar de que dicha garantía habría sido mal tramitada en su origen, en la interpretación de las actuales autoridades se encuentra vigente y, por lo tanto, sujeta a ser ejecutada como parte de las acciones destinadas a recuperar los fondos públicos comprometidos en el proyecto.

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