Caso Cardama: El PN busca instalar comisión investigadora y denuncia un “boicot” sobre la compra de los buques

La decisión comunicada por el presidente Yamandú Orsi respecto a la rescisión del contrato con el astillero español Cardama ha generado una serie de movimientos en el espectro político uruguayo. La oposición, nucleada en el Partido Nacional y el Partido Colorado, ha comenzado a delinear una estrategia de respuesta que incluye acciones judiciales y parlamentarias. El anuncio oficial, realizado tras un Consejo de Ministros, establece que el gobierno iniciará acciones legales para buscar un resarcimiento económico para el Estado, argumentando presuntas irregularidades en el proceso de compra de las dos patrulleras oceánicas.

La principal fuerza de la oposición ya ha definido su hoja de ruta institucional. Tras una serie de intercambios mantenidos durante las últimas horas, los legisladores del Partido Nacional acordaron impulsar la creación de una comisión investigadora en el Parlamento. El objetivo declarado de esta iniciativa es indagar en los pormenores de la gestión gubernamental que llevó a la anulación del contrato. Según informaron fuentes del partido, la medida busca esclarecer los detalles del proceso administrativo que derivó en la cancelación de la operación.

Los argumentos esgrimidos por la oposición

El senador nacionalista Martín Lema fue uno de los primeros en manifestar la postura de su partido. En declaraciones a la prensa, Lema explicó que la comisión investigadora tendrá como finalidad analizar “el proceso que llevó adelante el gobierno para boicotear la compra de las dos patrulleras oceánicas”. El legislador anunció que en los próximos días establecerán contactos con el resto de los partidos que integran la coalición opositora para coordinar la estrategia parlamentaria. Uno de los puntos a definir será la cámara en la que se promoverá la iniciativa, aunque fuentes parlamentarias señalaron que, al requerirse mayoría simple, el ámbito natural sería la Cámara de Diputados, donde blancos y colorados suman 47 escaños.

Lema profundizó en las razones que, a su juicio, motivan la investigación. “Tenemos que ir a fondo y esclarecer los verdaderos motivos que llevaron al boicot de esta compra y que fue motivada por mezquindades políticas”, sostuvo el senador. En sus declaraciones, también hizo referencia a lo que calificó como un “modus operando destructivo” por parte del actual gobierno, un accionar que, en su opinión, compromete los intereses nacionales. Estas afirmaciones se suman a las críticas vertidas por otros referentes de la oposición a lo largo de la jornada.

Reacciones de legisladores y el rol del Partido Colorado

Uno de los primeros en cuestionar la determinación del Ejecutivo fue el exministro de Defensa y actual senador Javier García. García, quien ocupó la titularidad de la cartera durante la administración de Luis Lacalle Pou y fue protagonista en la gestión de compra de los dos buques por un monto superior a los 82 millones de euros, utilizó su cuenta en la red social X para expresar su postura. “La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou”, escribió el legislador.

En su mensaje, García enumeró otros proyectos del gobierno anterior que, según su percepción, enfrentan dificultades con la actual administración, mencionando el proyecto Neptuno y las obras de saneamiento para el interior del país. “No tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa”, agregó en su publicación, haciendo hincapié en lo que considera un accionar político por encima de los criterios jurídicos.

Por el Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda también se manifestó en una línea similar a la de sus colegas nacionalistas. Ojeda, quien junto a García había anunciado días atrás la intención de acudir a la Justicia para obtener información sobre el asesoramiento jurídico que recibió el gobierno —información que el Ministerio de Defensa declaró “reservada”—, criticó la falta de transparencia en el proceso. “Es imposible trabajar sin información, anuncian semejante decisión sin mostrar un solo informe de los tantos que aluden. Si está todo tan claro, ¿por qué esconden tanto?”, cuestionó el senador colorado, sumando su voz al reclamo de acceso a la documentación respaldatoria de la medida.

La postura del astillero español Cardama

Mientras la polémica se desarrolla en el ámbito político local, desde España también llegaron reacciones. Mario Cardama, director del astillero vigués involucrado en la operación, expresó su malestar con la gestión del gobierno uruguayo. En declaraciones recogidas por el diario El País, el empresario calificó el procedimiento llevado a cabo por la Torre Ejecutiva como “muy incorrecto”. Cardama rechazó las acusaciones de fraude e irregularidades que, según informes del gobierno, fundamentan la decisión de rescindir el contrato.

El director del astillero subrayó que la empresa ha mantenido una conducta estrictamente profesional a lo largo de toda la negociación. “Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora”, afirmó Cardama, dejando claro que la firma no modificará su postura ante la situación. Asimismo, confirmó que la empresa evaluará los pasos a seguir, sugiriendo la posibilidad de iniciar acciones legales. “Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir”, declaró, dejando abierta la puerta a una eventual batalla judicial.

Cardama también se refirió a los argumentos técnicos esgrimidos por el gobierno uruguayo para justificar la rescisión, que incluyen una supuesta invalidez de las garantías presentadas y una incapacidad técnica del astillero para cumplir con los plazos, aspecto que se habría visto reforzado por una reciente auditoría de Bureau Veritas. Ante esto, el empresario advirtió que no tomarán decisiones apresuradas. “No nos vamos a dejar apurar por nadie”, sentenció, indicando que la empresa analizará en detalle los términos de la rescisión antes de ejecutar sus próximos movimientos legales.