Ortuño llega a defenderse en interpelación por el proyecto Neptuno con argumentos «sólidos y contundentes»

Este martes se realizará en Uruguay la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en un contexto marcado por la cancelación del proyecto Neptuno. La instancia, inicialmente prevista para el jueves pasado, fue postergada a solicitud de representantes políticos interesados, quienes solicitaron más tiempo para preparar sus argumentos y separar la discusión de otra interpelación relacionada con la compra de la estancia María Dolores, en la misma cámara.

La reunión de este martes buscará esclarecer las razones detrás de la suspensión del Proyecto Neptuno y qué acciones futuras contempla el gobierno en relación con las obras de infraestructura hídrica en la zona Metropolitana.

El diputado colorado Walter Cervini, quien ha actuado como uno de los principales interpelantes en este proceso, ha sido una figura clave en la conducción de las solicitudes de explicaciones desde el inicio. La interpelación tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones detalladas sobre la suspensión del proyecto Neptuno y las futuras obras que se están considerando en atención a esa suspensión.

La presencia del también diputado Joaquín Garlo del mismo bloque refuerza la relevancia de la iniciativa, que intenta esclarecer aspectos técnicos, económicos y legales relacionados con uno de los proyectos de mayor envergadura en materia de suministro de agua potable en el país.

Aunque Ortuño ya tuvo que comparecer frente a la Comisión de Ambiente, Cervini consideró que las explicaciones fueron “insuficientes”, lo que motivó la interpelación más amplia en el Parlamento.

En el lado de Ortuño, la diputada Julieta Sierra del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que el Frente Amplio se prepara “con mucha seriedad y con mucha tranquilidad respecto a la interpelación al ministro de Ambiente y las autoridades que formaron parte de la renegociación del contrato que suspende Neptuno”.

Aseguró que a esta interpelación el Frente Amplio arriba con una maleta cargada de “argumentos sólidos, contundentes para defender esta decisión del gobierno y pensar también en las próximas etapas que significará este proceso”.

Antecedentes y contexto del proyecto Neptuno

El Proyecto Neptuno fue una iniciativa impulsada en el contexto del gobierno de Luis Lacalle Pou, enmarcada en el fortalecimiento del abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana de Montevideo. La propuesta básica consistía en la construcción de una planta potabilizadora ubicada en Arazatí, departamento de San José, que tomaría agua del Río de la Plata. El propósito central del proyecto era reducir la vulnerabilidad del sistema hídrico, dependiente en gran medida de la cuenca del Santa Lucía, mediante una infraestructura moderna y eficiente.

La iniciativa, gestionada por un consorcio privado denominado Aguas de Montevideo, que integraba empresas como SACEEM, CIEMSA, FAST y Berkes, generó un amplio debate en diversos ámbitos. Entre las principales críticas figuraban las inquietudes ambientales, con organizaciones ecologistas y académicas advirtiendo sobre los posibles impactos del proyecto en los humedales y acuíferos de la región. La falta de transparencia en la contratación, un potencial sobrecoste y cuestionamientos constitucionales, fundamentados en el artículo 47 de la Constitución uruguaya, también estuvieron presentes.

El artículo 47 de la Constitución establece que el servicio público de agua potable debe ser entregado exclusivamente por organismos públicos, lo que generó dudas respecto a la legalidad del acuerdo con un consorcio privado. La oposición y organizaciones ambientalistas sostuvieron que el proyecto, que involucraba una inversión superior a los 200 millones de dólares, podía constituir un ejemplo de privatización encubierta y vulnerar derechos constitucionales originarios. Como resultado, el proyecto enfrentó una serie de recursos legales, movilizaciones sociales y rechazo en diferentes instancias académicas y políticas.

Etapas y controversias del proceso

A partir de su anuncio en marzo de 2020, la evolución del Proyecto Neptuno estuvo marcada por diversos eventos significativos. En marzo del mismo año, con la asunción del nuevo gobierno de Lacalle Pou, la propuesta se presentó oficialmente como una solución privada para ampliar la capacidad de producción de agua potable. La iniciativa fue destacada como capaz de proveer aproximadamente un 30% del volumen necesario para el abastecimiento del área metropolitana, lo cual representaba cerca de 200.000 metros cúbicos diarios.

 

El 5 de junio de 2022, el Ejecutivo de Lacalle Pou afirmó que las obras comenzarían en ese año, en línea con la intención de resolver problemas estructurales en la distribución hídrica. Sin embargo, en la comunidad académica y ambiental comenzó a crecer una corriente crítica.

Diversos estudios y dictámenes alertaron sobre los potenciales daños ambientales, como floraciones de cianobacterias, invasión de especies no autóctonas, aumento en la salinidad del Río de la Plata y contradicciones en las auditorías ambientales realizadas previamente por el Ministerio de Ambiente.

Esta ola de críticas movilizó a actores diversos, desde organizaciones sociales hasta académicas, generando un clima de incertidumbre respecto a la viabilidad ambiental del proyecto y su compatibilidad con la legislación vigente.

En noviembre de 2022, el gobierno de Lacalle Pou, nada inmutado por la amplia crítica, anunció la aprobación formal del proyecto, adjudicando la obra al consorcio privado con una inversión que superaba los 200 millones de dólares. Desde entonces, la oposición y distintos sectores cuestionaron la transparencia del proceso y la posible violación de las normativas constitucionales. La oposición sostuvo que el proyecto constituía un peligro para el patrimonio natural y que la contratación con un privado podría derivar en mayores costos para el Estado y los usuarios finales.

Las disputas judiciales no tardaron en llegar. En 2023, diferentes recursos de amparo y acciones legales fueron presentados por organizaciones ambientalistas y grupos sociales. Estos recursos buscaban detener la ejecución del proyecto y exigir mayor transparencia en los procedimientos administrativos por parte de las autoridades. En ese año, la justicia denegó varias de esas medidas, permitiendo el avance de las obras en algunos casos, pero manteniendo abiertas otras instancias de reclamo.

El escenario comenzó a modificar su dinámica en 2024, cuando el nuevo gobierno de Yamandú Orsi decidió suspender la ejecución del contrato y explorar alternativas. Entre esas opciones, se contemplaron proyectos estatales en lugar de asociaciones con privados, así como la modificación del plan original para reducir costos y ampliar la cobertura.

El 16 de julio de 2025, el gobierno anunció oficialmente que el Proyecto Neptuno se encontraba en situación de cancelación definitiva y que se negociaba una nueva planta en Aguas Corrientes, gestionada directamente por el Estado. La actualización implicaba una disminución en la escala del proyecto y un enfoque en works en la cuenca del Santa Lucía y en la reserva en Solís Chico, buscando mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

El proceso judicial, además, se vio acompañado por la comunidad académica y organizaciones sociales que insistían en la necesidad de respeto a los principios constitucionales y en la protección de los recursos naturales. La decisión del gobierno de abandonar el Proyecto Neptuno fue vista por algunos sectores como un paso necesario en un contexto de controversia legal y ambiental, mientras que otros argumentaron que las negociaciones también estaban marcadas por intereses económicos y políticas.

Por último, las autoridades del nuevo gobierno confirmaron que el proyecto en Aguas Corrientes sería gestionado íntegramente por el Estado, con obras estimadas para 2026, y que la inversión sería significativamente menor en comparación con la propuesta inicial. En una conferencia de prensa en julio de 2025, se pronunció que la decisión de dejar atrás Neptuno representaba superar un pasado de gestión cuestionada y avanzar hacia un modelo de gestión pública y sustentable en la provisión de servicios básicos.