Fundación a Ganar: Senador del FA pide a DGI y BPS investigar posible evasión de impuestos

Durante los últimos cinco años, las adjudicaciones gubernamentales a la Fundación A Ganar se convirtieron en un punto constante de controversia. La oposición de aquel entonces criticó a la administración de Luis Lacalle Pou y a algunas intendencias del Partido Nacional por supuestamente favorecer, mediante contratos de prestación de servicios, a una fundación que consideran cercana a la cúpula del partido gobernante.

A principios de este año, las críticas se intensificaron cuando, poco antes de concluir su mandato, la administración de la coalición derechista otorgó nuevas concesiones a la mencionada fundación, sumando más millones al dinero que les entregó para sus obras.

Ante esta situación, el Frente Amplio, ahora en el poder, se ha propuesto investigar la magnitud total de los contratos otorgados por el Estado a esta organización durante la administración anterior, y cada número indagado está alertando a más de uno.

Según documentos del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), y que difundió el semanario Búsqueda, las contrataciones estatales con la fundación entre 2020 y 2025 alcanzaron una cifra de al menos US$ 70,5 millones ($ 2.819.653.835).

Este monto incluye acuerdos con la Secretaría Nacional del Deporte (SND), que opera bajo la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y las intendencias de Durazno, Maldonado, Paysandú y Rocha.

El millonario flujo de dinero hacia la fundación

La información es resultado de una solicitud de informes presentada por el senador de la Vertiente Artiguista, Eduardo Brenta, ante el TCR. El legislador, quien ha presentado varias solicitudes de información sobre este asunto desde el inicio de la legislatura, requirió al órgano de control el detalle de todas las adquisiciones realizadas a la Fundación A Ganar por parte de la administración central, los gobiernos departamentales, entidades autónomas y servicios descentralizados entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2025.

Brenta también solicitó información sobre las resoluciones adoptadas por el TCR en relación con estas adquisiciones.

De acuerdo con los datos proporcionados por el tribunal al legislador, aproximadamente US$ 62 millones (el 88% del total) corresponden a contratos suscritos entre la fundación y las intendencias de Maldonado, Paysandú y Rocha.

Brenta consideró que “el monto es absolutamente exorbitante”. En su opinión, “la primera constatación es que hubo claramente una actitud de darle preferencia a esta fundación, que escaló notoriamente durante el gobierno pasado”, según declaró a Búsqueda.

Brenta pide investigar una posible evasión de impuestos

Además del dinero antes mencionado, existen otros cuestionados contratos estatales que totalizan unos US$20 millones, que aparecen en el expediente enviado por el TCR al legislador izquierdista y que, por alguna razón, no fueron incluidos en el resumen elaborado por el órgano con el total de los gastos. Si se suman estos contratos, el monto total de las contrataciones entre A Ganar y el Estado supera los US$ 90 millones.

Brenta considera problemático el alcance de los servicios que algunos gobiernos departamentales han delegado en la fundación, como la gestión de todas las actividades culturales, educativas y sociales, estableciendo una especie de “intendencias paralelas”.

“Tenés intendencias desfinanciadas, que dicen que no pueden pagar los sueldos, y te encontrás con que pagaban un 4% extra del monto total más un plus por supervisión” a la fundación, criticó.

Adicionalmente, Brenta considera que la información proporcionada por el TCR revela que, en algunos casos, no se cumplieron los objetivos “socioeducativos” y de “inclusión social” que la ONG declara perseguir. Como ejemplo, mencionó una licitación de la Dirección de Arquitectura del MTOP, adjudicada a la fundación, para proveer servicios de arquitectos.

¿Qué es la Fundación A Ganar?

La Fundación A Ganar se autodefine en su sitio web como una organización con 20 años de experiencia, cuyo objetivo es “potenciar el desarrollo integral de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, y para esto, ofrece capacitación técnica y contribuyendo a su inserción laboral e inclusión social.

Para lograr este objetivo, la fundación mantiene convenios con diversas instituciones estatales y participa en licitaciones para prestar servicios a organismos públicos, que abarcan desde la provisión de personal para la limpieza de calles hasta el mantenimiento de escuelas y la gestión de programas culturales o centros CAIF.

La organización cobra un porcentaje de entre el 4% y el 5% del monto total destinado a los servicios personales, además de pagos por concepto de “supervisión” y por impartir talleres de capacitación, según varios contratos analizados por el medio mencionado. Actualmente, la fundación tiene presencia en Montevideo, Maldonado, Paysandú y Rocha.

Además de ver una posible evasión impositiva, Brenda cree que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) también tendría que intervenir e investigar por su parte. “Más allá de la filiación política y de las sospechas de clientelismo, que existen, es necesario que estos organismos investiguen porque en muchos casos es notorio que no tiene el fin de inclusión de población vulnerable” para que correspondan las exoneraciones, insistió.

El río de dinero de las intendencias blancas

Según datos del Tribunal de Cuentas, la Intendencia de Maldonado, durante la administración de Enrique Antía, fue el principal organismo contratante de la fundación en el último quinquenio, con un gasto aproximado de US$ 40 millones en servicios provistos por A Ganar.

Le sigue la Intendencia de Paysandú, con US$ 13,5 millones. No obstante, esta cifra es incompleta, ya que la administración de Paysandú indicó en su respuesta a la solicitud de información que no podía proporcionar datos anteriores a mayo de 2023 debido a un ciberataque que afectó la conservación de la información.

En tercer lugar, se encuentra la Intendencia de Rocha, con US$ 8,9 millones, y en cuarto lugar, Durazno, con aproximadamente US$ 2,8 millones.

A continuación, se encuentran los organismos de la administración central: el Ministerio de Transporte ejecutó gastos por US$ 1,6 millones en contratos con la fundación, Presidencia US$ 1,3 millones, el Mides US$ 2,3 millones (aproximadamente la mitad correspondientes a contratos con el Fondo Covid creado durante la pandemia) y la ANEP US$ 325.000.

Estas cifras no incluyen otros contratos con la fundación, detallados por separado por el TCR y no incluidos en el resumen final. En el caso del Mides, estos contratos superan los US$ 15 millones; en el de la SND de Presidencia, casi US$ 3 millones; en el de la Intendencia de Durazno, US$ 800.000; en el de la ANEP, US$ 166.000; y en el de la Dirección de Arquitectura del MTOP, US$ 100.000.

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