Fundación a Ganar: Antes de irse, Lacalle les entregó US$3.6 millones de forma directa y sin licitación

La Fundación a Ganar, estrechamente vinculada al Partido Nacional (PN), recibió una nueva inyección de capital por parte del ahora expresidente, Luis Lacalle Pou, en los últimos días de su administración que terminó el pasado 1° de marzo.

En el último contrato firmado por Lacalle Pou, de forma excepcional, directa y sin licitación, Fundación a Ganar recibió 153.343.900 pesos, equivalente a poco más de US$3.6 millones por concepto de gestión de 230 cupos de centros, hogares y residenciales de larga estadía para el Ministerio de Desarrollo Social.

O sea que, bajo ese contrato, cada cupo tiene un costo para el Estado de un poco más de US$156.000.

Los vínculos entre la fundación y el Partido Nacional son indivisibles: el periodista Eduardo Preve reveló en 2022 que su director, Eduardo Rico, fue director del Instituto Nacional de la Juventud por el PN, mientras que la subdirectora, Verónica Martínez, es hermana de quien fuera secretario privado de Lacalle Pou, Nicolás Martínez, y del secretario general de la Intendencia de Rocha, Valentín Martínez.

Esta cuestionada organización ha recibido más de US$ 10 millones desde 2022 por contratos con siete organismos públicos. Entre ellos figuran los ministerios de Desarrollo Social y Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Nacional de Deportes y las intendencias de Paysandú, Durazno, Rocha y Maldonado.

El Tribunal de Cuentas (TC) ha observado varios convenios con la FAG por falta de detalle en los gastos y programas a ejecutar. Además, se ha señalado que estos contratos funcionan como una “agencia de colocaciones” para militantes del PN, según denuncias de la oposición.

Una ONG ganadora y con mucho dinero en juego

Según el programa La Letra Chica, de TV Ciudad, la FAG tiene convenios con el Mides, el MTOP, la SND y varias intendencias lideradas por nacionalistas. Estos contratos abarcan tareas diversas, y en la mayoría de los casos, la FAG fue la única oferente.

Ahora la presión está sobre el nuevo gobierno de Yamandú Orsi que enfrenta el desafío de revisar la legalidad y la sostenibilidad de ese contrato directo y excepcional firmado por Lacalle, entre otras acciones cuestionables del pasado Poder Ejecutivo.

Desde 2022, la FAG ha consolidado su presencia en el Estado mediante contratos millonarios. A pesar de las observaciones del TC, la fundación continúa siendo elegida en múltiples llamados, lo que ha generado críticas por el avance de las tercerizaciones y su relación con el PN.

Los contratos con la Intendencia de Maldonado representan más de la mitad de los ingresos de la FAG. Estos convenios, al igual que los firmados con otras intendencias, han sido cuestionados por su falta de transparencia y por beneficiar a militantes del PN.

La FAG cuenta con el apoyo del estudio Posadas, Posadas y Vecino y tiene convenios con la Presidencia de la República y la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Estos acuerdos no han generado controversia en comparación con los contratos con organismos públicos.

La oposición ha denunciado que los contratos con la FAG son una forma de tercerización que beneficia al PN. Además, señalan que estos acuerdos permiten a los organismos públicos un “ahorro” en aportes patronales, mientras funcionan como una herramienta de colocación para militantes.

Pero además, tiene otro desafío: el contrato firmado por Lacalle Pou con el consorcio privado Aguas de Montevideo para el proyecto Neptuno/Arazatí. Este plan, criticado por sus impactos ambientales y altos costos, contradice el mandato constitucional de que los servicios de agua sean brindados exclusivamente por el Estado.

Las nuevas autoridades buscan renegociar el contrato con el consorcio, considerando los costos de implementar o cancelar el proyecto. Este proceso ocurre en un marco de incertidumbre y presiones cruzadas, mientras se analizan los beneficios y perjuicios de la decisión de Lacalle Pou.