La prisión domiciliaria supone desvirtuar la extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad
Un grupo de organizaciones, gremios y movimientos sociales de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos manifestó su terminante rechazo al proyecto de Ley de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a reclusos de Domingo Arena, presos por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). “Tal sustitución supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión”.
En las últimas horas, la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, FUCVAM, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, CRYSOL, Colectivos Contra Toda la LUC, la Fundación Mario Benedetti, la Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano y Memoria en Libertad, emitieron una declaración en la que expresan su rechazo al proyecto de Ley de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años.
La iniciativa, de aprobarse, beneficiaría a más de 20 presos procesados por delitos cometidos durante la dictadura que se encuentran recluidos en la Unidad 8 Domingo Arena.
Las organizaciones que integran la Asamblea Nacional de Derechos Humanos manifiesta que tal sustitución, supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos.
Rechazan, asimismo, que “varios de estos criminales no sólo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados, sino que continúan negándose a revelar el paradero de quienes hasta el día de hoy se encuentran en condición de desaparecidos”.
Declaración
He aquí la declaración pública íntegra de las organizaciones de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos:
“Las organizaciones, gremios y movimientos sociales abajo indicados, integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, hacen público su terminante rechazo al proyecto de Ley impulsado por senadores de un sector parlamentario, que pretenden sustituir las penas de prisión efectiva, a las que han sido condenados varios criminales de lesa humanidad, por penas de prisión domiciliaria.
Tal sustitución supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos.
Cabe agregar que varios de estos criminales no solo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados, sino que continúan negándose a revelar el paradero de las compañeras y compañeros, mantenidos hasta el día de hoy, en condición de desaparecidos.
Se debe recordar que, de acuerdo a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ratificada por Uruguay), el crimen de desaparición forzada, constituye un delito permanente y continuado (artículo 8 Inciso B de la Convención), por lo cual sus perpetradores siguen delinquiendo y cometiendo este crimen, en el mismo momento en que se pretende trasladarlos a sus domicilios.
Por otra parte, las organizaciones ya mencionadas, también manifiestan su consternación y rechazo ante el reciente fallo judicial, por el cual se condena a seis manifestantes que pacíficamente protestaban ante la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mariana Motta. Este lamentable fallo materializa un acto de criminalización de la protesta pacífica, con lo cual se ataca y desvirtúa un derecho constitucional y humano esencial, como es el derecho de protesta de las y los ciudadanos, ante actos o hechos de naturaleza arbitraria por parte del Estado.
Por último, las organizaciones expresan su indignación y repudio ante las sanciones practicadas en San José, contra docentes de Secundaria que efectuaban una actividad sindical. Estos actos de represión o intimidación, no hacen más que deteriorar la calidad de las libertades democráticas y, por tanto, ponen en serio peligro la convivencia, la tolerancia y en particular, el respeto a los derechos humanos de los habitantes, a que está obligado el Estado, en virtud de los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
Organizaciones firmantes:
Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT – FUCVAM – Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos – CRYSOL – Colectivos Contra Toda la LUC – Fundación Mario Benedetti – Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano – Memoria en Libertad”.
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