Aparece ONG de familiares de represores y violadores de DDH en dictadura y demandarían al Estado

Militares, policías y civiles que cometieron diversos delitos de lesa humanidad durante la dictadura ahora están siendo defendidos por una flamante organización conformada por sus familiares que intenta instalar una narrativa alterna: dicen que son pesos políticos y no represores.

La ONG se llama “Familiares de Prisioneros Políticos – Uruguay” y ya está avanzando en el armado de una demanda contra el Estado uruguayo en tribunales internacionales para revertir la situación de las personas que han sido debidamente procesados por cometer delitos durante la dictadura.

Según publica el diario El Observador, el vocero de la ONG, Diego Flores, confirmó que se reunieron con el fiscal general, Juan Gómez, para plantear la preocupación por los “prisioneros” que ”aún no tienen juicio” y le pidieron que “instruya” a los fiscales para que dejen de pedir prisión preventiva contra estos individuos.

El argumento Flores y la organización es que son “personas mayores, integrados plenamente en la sociedad, que no representan un peligro para nadie y sin posibilidad de que huyan de país”, y agregó al rotativo que se sintió “gratamente sorprendido” por la actitud que mostro el fiscal general “en respeto y humanidad” ante el planteo.

Buscan cambiar tipificación de delitos

La agrupación civil pretende que la justicia cambie la tipificación de “delitos de lesa humanidad” con la que decenas de represores de la dictadura han sido procesados o condenados, ya que para los familiares de estos sujetos se tratan más bien de “delitos comunes”.

Los delitos de lesa humanidad en Uruguay no prescriben, pero los delitos comunes sí: si lograran este cambio legal estratégico, muchos quedarían automáticamente liberados.

Flores asevera que la mayoría de los delitos tuvieron lugar “durante un gobierno democrático, al amparo de medidas prontas de seguridad” contempladas en la Constitución, y que aplica la irretroactividad en la tipificación penal en concordancia con tratados internacionales de derecho de los cuales Uruguay es firmante. Dicho esto, agrega, los delitos deberían juzgarse como comunes y no como de lesa humanidad.

Esta nueva ONG está invitada a opinar en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que evaluará el proyecto de ley del Cabildo Abierto que pretende darle el beneficio de prisión domiciliaria a decenas de violadores de derechos humanos de la dictadura por ser adultos mayores. Acudirán a dar su parecer a mediados de noviembre.

“Familiares de Prisioneros Políticos – Uruguay” cuestiona al Partido Nacional y el Partido Colorado por su parálisis y por tener “terror al relato”, según agregó Flores al diario antes mencionado, y adelantó que están trabajando con estudios jurídicos en Nueva York y Ginera para presentar demandas contra el Estado ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional de La Haya.