Impuestos del 1% a los más ricos: cuántos millonarios hay en Uruguay y cuánto dinero tienen

El PIT-CNT sigue empujando una idea que genera ruido: ponerle una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas para el 1% más rico del país, un grupo que la central calcula en unas 25.000 personas. La presentación formal se hizo el 24 de noviembre de 2025 en el Paraninfo de la Universidad de la República, y desde entonces el tema no afloja. Genera cortocircuitos adentro del propio Frente Amplio y el Poder Ejecutivo ya dejó claro su rechazo.

No están inventando un impuesto nuevo. Proponen una sobretasa progresiva sobre un tributo que viene de hace décadas, pero que la reforma tributaria del 2009 dejó casi en la nada. Lo explicó Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT: dijo que el actual Impuesto al Patrimonio es “casi referencial, del 0,1 por ciento”.

El diseño técnico lo preparó una comisión en la que participaron el Instituto Cuesta Duarte y el Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas. La idea es fijar un mínimo no imponible de un millón de dólares y después tramos progresivos con tasas que arrancan en 0,1% y pueden llegar hasta 1,5%. El propio documento lo dice: “las 25.000 personas de mayor patrimonio de nuestro país poseen entre un millón y algo más de 1.000 millones de dólares”.

Los millonarios del Uruguay: ¿Cuántos son y cuánto tienen?

Conviene no mezclar ese número con otro que suele aparecer en las discusiones. El banco suizo UBS saca todos los años su informe global de riqueza; en el último contó 17.675 uruguayos con patrimonio neto arriba del millón de dólares, después de sumar 363 nuevos millonarios durante 2024.

Esa medición toma activos financieros e inmobiliarios netos a valor de mercado. El PIT-CNT, en cambio, habla de 25.000 personas basándose en estimaciones fiscales sobre el 1% de mayor patrimonio declarado, que termina siendo un universo más grande.

¿Qué patrimonio quedaría afectado? El texto técnico aclara que sería la diferencia entre activo y pasivo determinados fiscalmente, incluyendo todos los activos que estén, se coloquen o se usen económicamente en Uruguay, sin importar si la persona es residente fiscal o no.

Entran dinero, acciones, obligaciones, letras, bonos (salvo los que emite el propio Estado uruguayo), metales preciosos, criptoactivos e inmuebles. También cualquier otro bien o derecho que, considerado por separado, supere el 10% del mínimo no imponible de un millón de dólares.

Sobre la recaudación y el uso del dinero captado

El PIT-CNT maneja proyecciones que van de 700 a 800 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 1% del producto interno bruto (PIB). El mismo documento técnico pone una advertencia: “la discusión acerca del impacto esperable de la imposición al patrimonio debe tener en cuenta las posibles reacciones de los afectados frente al cambio impositivo propuesto”.

La idea es que todo lo recaudado vaya a un fondo estatal con control social, destinado exclusivamente a políticas para hogares con niños. La central apoya su planteo en números concretos: en 2024 el 17,3% de las personas en Uruguay estaba bajo la línea de pobreza, y entre los menores de seis años el 32,2% vivía en hogares pobres.

La concentración de riqueza también la respaldan con cifras: el 1% de ingresos más altos se lleva el 15% del ingreso total del país y posee entre el 37% y el 39% del patrimonio total de Uruguay, siempre según el documento que presentaron en noviembre.

¿El gobierno cierra la puerta?

Por más que la central insiste, el Poder Ejecutivo dijo que no desde el principio. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, repitió más de una vez que la agenda de cambios tributarios del gobierno ya está cerrada. Hace poco fue un paso más allá y comentó que “la discusión del 1 por ciento más rico no contribuye a despejar la incertidumbre tributaria” y que eso puede hacer que inversores posterguen decisiones.

El presidente Yamandú Orsi también se pronunció en contra cuando volvió de un viaje a España, y lo dijo sin vueltas: “Nosotros como gobierno no tenemos planteado ningún cambio en ese sentido”. Su postura viene de un compromiso que asumió durante la campaña electoral de 2024, cuando había descartado crear nuevos impuestos.

El Frente Amplio partido en dos

Dentro del oficialismo hay una parte que sí apoya la propuesta y choca con la postura de Orsi. Los senadores Óscar Andrade, del Partido Comunista, y Constanza Moreira, de Casa Grande, están a favor, junto con el senador socialista Gustavo González, que impulsa un proyecto de ley con las mismas bases que planteó el PIT-CNT. El Partido Socialista formalmente también se sumó al reclamo.

Pero otros sectores, como el Movimiento de Participación Popular (MPP), se abroquelan detrás de Orsi y a Oddone, así que el Frente Amplio no tiene una postura única sobre este asunto.

La oposición, que integra la Coalición Republicana, también se plantó en contra. El senador nacionalista Javier García dijo que insistir con subir impuestos a los más ricos es parte de “una agenda” que la gente ya rechazó en las urnas. Y el senador colorado Robert Silva calificó cualquier aumento de impuestos de ese tipo como contraproducente si lo que se busca es atraer inversiones y que la economía crezca.

Un debate que viene desde 2025

Esto no es algo que haya aparecido de golpe. Ya en julio de 2025 la central sindical había puesto este reclamo entre sus propuestas al gobierno, junto con la semana laboral de 40 horas, entre otras. Le siguieron dando para adelante todo el año siguiente: en febrero de 2026 el PIT-CNT confirmó que iba a seguir reclamando el impuesto, y en mayo lo transformó en el centro de su movilización por el Día del Trabajador.

El gobierno dice que para bajar la desigualdad hay que usar la política de gasto público, no la tributaria. La central sindical responde que, sin una fuente de financiamiento extra que no pase por más deuda, la pobreza infantil en Uruguay no va a bajar de forma significativa en el corto plazo.