Un año después de la ley: qué falta para que los archivos de la dictadura sean de acceso público

La ley 20.280, que habilita el acceso público a la documentación sobre la última dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985), fue aprobada en mayo de 2024 y reglamentada en diciembre de ese año. Sin embargo, a más de un año de su sanción, el Archivo General de la Nación (AGN) aún no ha recibido nuevos fondos documentales de los organismos obligados a remitirlos. El procedimiento de transferencia que deben seguir el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y el resto de las instituciones alcanzadas por la norma todavía está en redacción.

Así surge de una solicitud de informes presentada en mayo de 2025 por el senador nacionalista Javier García ante el Ministerio de Educación y Cultura, cartera de la que depende el AGN. La respuesta oficial, a la que accedieron medios de prensa, señala que el grupo de trabajo creado por el decreto reglamentario se reunió en diciembre de 2024 y acordó diseñar un procedimiento para solicitar la documentación a los distintos organismos obligados a remitirla al AGN. Ese procedimiento de transferencia todavía está en redacción.

Una ley con dos hitos: aprobación y reglamentación

La ley 20.280 fue elevada al Parlamento en mayo de 2024 por el Ministerio de Educación y Cultura, con la firma del entonces presidente Luis Lacalle Pou y los ministros de aquel momento. La norma establece que se hará disponible al público general todo testimonio material de un hecho o acto del período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

El decreto reglamentario N° 353/024, publicado en diciembre de 2024, ordenó la creación de una nueva sección en el Archivo General de la Nación, denominada Archivo del Pasado Reciente y Violaciones a los Derechos Humanos. “El objetivo principal es reunir, organizar y conservar documentos relativos al pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos verificadas en el país, así como asegurar su libre acceso y difusión mediante la publicación en línea de aquellos que se definan como no reservados”, establece el decreto.

Entre los organismos que concentran la mayor parte de esta documentación se encuentran el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República.

Un archivo con pocas manos

Uno de los principales cuellos de botella es la dotación de personal. La respuesta oficial a la solicitud del senador García señala que la sección del AGN encargada de los archivos de la dictadura cuenta con una sola funcionaria a cargo. “Además de otras tareas en las que debe participar, es la responsable de dar respuesta a las solicitudes de acceso de información sobre esos documentos, que llegan a la institución”, afirmó la directora del AGN, Alejandra Villar.

Actualmente, el AGN cuenta con declaraciones juradas y otros documentos en microfilm del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), el órgano de coordinación entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea que durante la dictadura cumplió un rol central en la estructura de inteligencia militar. También dispone de material de archivo proveniente de la Escuela de Inteligencia del Ejército; antecedentes históricos de la Corte Electoral sobre inhabilitados especiales durante la dictadura; legajos personales de médicos, odontólogos, químicos y enfermeros retirados, dados de baja o fallecidos, remitidos por el Ministerio de Defensa Nacional; boletines de órdenes diarias; una selección de documentos de familiares de detenidos desaparecidos; y partes de novedades del Ministerio del Interior.

El debate político en 2024

La elaboración y aprobación de la ley provocó un intenso debate político en 2024. El gobierno de coalición respaldó la iniciativa, mientras que dirigentes del Frente Amplio expresaron su preocupación porque la liberación universal de los archivos derivara en la divulgación de información personal y sensible sobre las víctimas de la represión y sus familiares, y por que pudiera entorpecer las tareas de búsqueda de detenidos desaparecidos.

“La idea que inspira esto es dar transparencia y conocimiento a la verdad. Hasta ahora de ese pasado doloroso y trágico lo que conocemos es un relato, que muchas veces coincide con la verdad y otras veces es una tradición oral o una verdad que se fue construyendo a partir de repetir cosas que no son comprobables efectivamente. Entonces nos parece que no hay ninguna razón para que ese pasado doloroso y trágico no sea conocido”, indicó entonces el ministro de Defensa Nacional, Javier García.

Inteligencia artificial para procesar millones de páginas

En abril de 2025, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependiente de Presidencia de la República, anunció que incorporará herramientas de inteligencia artificial como parte de un proceso de modernización de la gestión documental vinculada a la dictadura. Se trata de un proyecto piloto en el cual participarán funcionarios científicos de Presidencia que determinarán la factibilidad técnica de utilizar reconocimiento OCR (reconocimiento óptico de caracteres), generación automática de metadatos y búsquedas de información asistidas por IA.

Paralelamente, investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad de la República trabajan en el proyecto Cruzar, que busca aplicar inteligencia artificial al análisis de archivos generados durante la dictadura. La iniciativa involucra a la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Información y Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales y al Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (CICADA).

Uno de los archivos procesados es el Archivo Berrutti, que contiene alrededor de tres millones de páginas con documentos producidos por organismos de seguridad durante y después del régimen dictatorial. Los documentos provienen de microfilms digitalizados, lo que genera dificultades técnicas debido a la baja calidad de muchas de las imágenes, que presentan manchas, desalineaciones o letras ilegibles. Con este proceso, ya se han procesado más de 2,2 millones de imágenes.

Lorena Etcheverry, docente de la Facultad de Ingeniería y coordinadora de CICADA, explicó que el proyecto comenzó con OCR basados en redes neuronales y hoy avanza con modelos multimodales y grandes modelos de lenguaje.

Convenios y ampliación del período

En junio de 2025, el Ministerio de Educación y Cultura, a través del AGN, firmó un convenio con la Universidad de la República y la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para la elaboración de pautas de trabajo que “promuevan el tratamiento, la preservación y la administración de la información de los archivos y repositorios documentales relacionados a las violaciones a los derechos humanos”. El convenio abarca un período más amplio que el previsto originalmente por la ley, que va desde el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985