Castaingdebat sale a defender a Cardama: “el contrato era leonino y defendía al Estado”

El exministro de Defensa, Armando Irineo Castaingdebat, aseguró que el Estado uruguayo deberá afrontar un juicio internacional tras la rescisión del contrato con el astillero Cardama. La decisión de cancelar la adquisición de las patrulleras oceánicas podría derivar en una indemnización millonaria, que algunos sectores estiman en varios cientos de millones de dólares.

Castaingdebat sostiene que el contrato se venía cumpliendo y que la rescisión responde a razones políticas más que técnicas.

El exjerarca compareció ante la comisión investigadora que analiza el proceso de compra de las patrulleras. Allí defendió la gestión realizada durante su administración y aseguró que todas las decisiones se tomaron dentro del marco legal. “En ningún momento, ni por parte del estudio del Piaggio, ni por nosotros, ni por las autoridades actuales del Ministerio de Defensa, hubo alguna sospecha de fraude, estafa o que las garantías no eran reales”, afirmó Castaingdebat.

El proceso de adquisición comenzó cuando el presidente de la República, el ministro de Defensa y el Ministerio de Economía decidieron avanzar con la compra. Uruguay llevaba más de 20 años discutiendo la necesidad de contar con patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. Según el exministro, se eligió el camino más garantista para proteger los intereses del Estado.

Castaingdebat asegura que se vienen demandas al Estado

El contrato exigía dos garantías. Una de ellas cubría el primer desembolso y el Estado uruguayo quedaba descalzo si no se ejecutaba correctamente. Esa garantía fue sugerida por el entonces secretario del Ministerio de Defensa. “Esa garantía estaba vigente desde abril, que daba la garantía de fiel cumplimiento. En un momento que era difícil, estamos en plena guerra de Ucrania, costaba conseguir que algún banco garantizara construcción de material bélico”, explicó Castaingdebat.

El exministro recordó que Gabriel Odone, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, había sugerido cambiar la garantía si presentaba problemas pero seguir con la construcción. “Con un contrato de esto, cuando se está ejecutando y un proceso de ejecución alto, si la garantía tiene algún problema, cambiamos la garantía, sustituyamos la garantía, pero sigamos el proceso de construcción”, citó Castaingdebat.

Sin embargo, el gobierno actual decidió rescindir el contrato. Castaingdebat lamentó que Uruguay ya estaría camino a tener la primera patrullera si se hubiera continuado con el proceso. “Esto va a costar mucha plata, este gobierno es un juicio que va a durar mucho tiempo”, advirtió.

La magnitud del juicio preocupa en el gobierno. La semana pasada, el secretario de Presidencia se negó a contestar un pedido de informes del diputado Valdalan, argumentando que publicarlo pondría en riesgo la estabilidad monetaria del país. Eso confirma que los datos que manejan sobre la demanda son importantes, según interpretó el exministro.

Castaingdebat defiende a Cardama

Castaingdebat defendió las cláusulas del contrato firmado con Cardama. “No, Cardama se enfrentaba al Uruguay por un contrato de leonino hecho por el Estado uruguayo. Era tremendamente garantista, exigía cosas de más, exigió dos garantías, exigió multas. Era un contrato que protegía al Estado por todos lados”, sostuvo.

El exministro destacó que la clasificadora Lloyd’s, una de las certificadoras más antiguas del mundo, libró tres pagos por certificar que Cardama venía cumpliendo la construcción. “El que entendía que se venía cumpliendo era la Lloyd’s, que es una de las certificadoras más viejas del mundo con mayor reputación que libró tres pagos por certificar que Cardama venía cumpliendo la construcción”, afirmó.

Castaingdebat recordó que el actual Ministerio de Defensa tuvo la oportunidad de rescindir el contrato en marzo, pero decidió continuar. “El Ministerio de Defensa actual, teniendo la oportunidad en marzo de iniciar un proceso de rescisión por la forma que estaba redactado el contrato y una observación que hace el Banco República, decide levantar esa observación, liberan el pago del cumplimiento del segundo hito y liberan el pago del cumplimiento del tercero”, explicó.

La decisión de cancelar el contrato se tomó recién en octubre, basándose en problemas con las garantías. Pero para Castaingdebat, la razón de fondo no es técnica sino política. “Hoy estamos metidos en una discusión política que la va a pagar el pueblo”, sentenció.