Antía propuso arreglo extrajudicial para que el INC no le retire cientos de hectáreas de campo agrícola

El Instituto Nacional de Colonización (INC) mantiene firme la rescisión del contrato de arrendamiento de la fracción 4D —49,6 hectáreas en la Colonia Benito Nardone, Maldonado— al exintendente Enrique Antía Beherens, pese a que este planteó en dos oportunidades alcanzar un acuerdo extrajudicial que le permitiera continuar cinco años más en el predio.

Los planteos fueron realizados por Antía ante directores del INC en 2025 y 2026, luego del fallo desfavorable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de febrero de 2024. El TCA desestimó la pretensión anulatoria del exjerarca fernandino y confirmó el acto administrativo que dispone la rescisión del contrato.

El origen del conflicto, según publicó el semanario Búsqueda, se remonta al 5 de setiembre de 2019, cuando el Directorio del INC resolvió rescindir el contrato de arrendamiento del campo y “adoptar las medidas judiciales tendientes a lograr la libre disponibilidad” de la fracción rural. El fundamento de la medida fue el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 11.029 para los colonos: residir en el predio, habitarlo con su familia y trabajarlo directamente.

Antía no quiere dejar el campo

Antía interpuso entonces un recurso de revocación contra esa determinación, que fue rechazado por el Directorio del INC el 25 de marzo de 2020. La resolución fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de los directores Julio Cardozo y Rodrigo Herrero —ambos del Partido Nacional— y los votos a favor de Julio Roquero (gremiales rurales), Gustavo Uriarte (Ministerio de Economía y Finanzas) y Eduardo Davyt (entidades educativas).

En su demanda ante el TCA, Antía invocó “vicios en el procedimiento, en la motivación, inconstitucionalidad de la potestad reconocida por el artículo 101 de la Ley 11.029 para rescindir unilateralmente el contrato administrativo” y “desviación de poder”. Sostuvo que el procedimiento fue “un ritualismo” y que se vulneró su derecho de defensa al adoptarse diligencias sin su debido control.

Sin embargo, el TCA concluyó que Antía no logró desvirtuar las constataciones del INC respecto al incumplimiento de las obligaciones del colono. El tribunal señaló: “El colono explota el predio, pero no lo trabaja directamente, ya que se probó que es una sociedad civil, integrada por Antía y el señor Daniel Chiaccio”, que “tiene asalariados rurales contratados, quienes realizan el trabajo directo”.

El fallo también advierte que “la situación de incumplimiento” en cuanto a la residencia y el trabajo directo “está dada por el mandato por el que fue electo en su departamento, en donde debe desempeñar funciones en la ciudad de Maldonado y residir en ella”.

La documentación del caso revela además que la sociedad civil que integra Antía explota un total de 1.400 hectáreas, incluidas las fracciones 4A y 5 de la Colonia Benito Nardone —propiedad de Chiaccio— y la fracción 4D arrendada por Antía. Este último es también propietario de 591 hectáreas en la octava sección catastral de Maldonado.

El INC es un ente autónomo del Estado uruguayo creado por la Ley N.° 11.029 del 12 de enero de 1948, con el cometido de promover la subdivisión racional de la tierra y su adecuada explotación, procurando la radicación y el bienestar del trabajador rural. El artículo 61 de dicha ley establece como obligación principal de los colonos “trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia”.

Otros de la familia

En julio de este año, el Directorio del INC adoptó una medida similar respecto a Marcos Algorta Adami, esposo de Mercedes Antía —hermana del exintendente— al resolver rescindir el contrato de arrendamiento de dos fracciones de la colonia Campbell P. McMeekan, en San José, con una extensión total de 176 hectáreas.

El motivo fue el no pago de las rentas adeudadas, a pesar de que en marzo de 2025 el INC había suscrito con Algorta un convenio de pago en 108 cuotas mensuales. Colonización advirtió que cualquier incumplimiento daría lugar “sin más trámite” a la rescisión del contrato y a la adopción de medidas judiciales.

El proceso contra Antía, en tanto, sigue su curso. El INC mantiene la resolución de 2019 y las fuentes consultadas confirmaron que los planteos de acuerdo extrajudicial del exintendente no han modificado la posición del organismo. La fracción 4D de la Colonia Benito Nardone —ubicada en el departamento de Maldonado, cerca de Aiguá— continúa siendo objeto de las medidas judiciales dispuestas por el Directorio para lograr su libre disponibilidad.