Delgado: Extensión de concesión de la terminal del puerto se basó en normas legales

El 80% de las acciones de Terminal Cuenca del Plata (especializada en contenedores que opera en el puerto de Montevideo) pertenece a Katoen Natie y el 20% al puerto de Montevideo.

Delgado expresó que la extensión de la concesión de la terminal del puerto “evitó un juicio por 1.500 millones de dólares contra el Estado uruguayo, debido a que el gobierno anterior fue incumpliendo una serie de marcos legales”.

Agregó que el acuerdo se realizó “bajo estrictas normas legales”, y detalló que se basó en “dos disposiciones aprobadas durante el último gobierno del Frente Amplio”. Dijo que una de dichas normativas “es de 2017 y permite otorgar concesiones por 50 años”.

Añadió que también se incluyó un artículo en la última Ley de Presupuesto, que permite la modificación por decreto.

“Es un buen acuerdo. Es una concesión a 50 años a una empresa que ya estaba concesionada. Lo que se hace es una ampliación contra una cantidad de inversión, cerca de 450 millones de dólares en inversión portuaria, que va a poner al puerto en el primer nivel en el mundo”, expresó Delgado.

En entrevista con Subrayado, el jerarca de gobierno informó, asimismo, que el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, será quien comparezca a la interpelación por el acuerdo firmado con Katoen Natie.

En su momento, el ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo que cuatro estudios jurídicos consultados dijeron que el Estado tenía posibilidades de perder el juicio con la empresa naviera y con la concesión de la terminal portuaria por 50 años, se obtuvo “una inversión histórica de 450 millones de dólares”. Agregó que “antes se concedió por 30 años a cambio de 35 millones de dólares”.

“Se piden 20 años más, pero con una inversión 10 veces mayor. Nosotros dimos más años de concesión, porque queríamos más inversión. El Frente Amplio le dio a UPM una concesión de 50 años en el puerto”, sentenció Heber durante una entrevista en el programa “Mejor Hablar” de M-24.

Responsabilidad política

El miembro interpelante será el senador Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio) quien dijo que se trata de un acuerdo que no es beneficioso para el país, “donde no se respetaron las normas, no se respetó la Ley de Puertos o la Ley de Defensa de la Competencia”.

“Se realizó una entrega de soberanía a una empresa sin los informes jurídicos, sin los informes financieros contables, sin la mirada del Tribunal de Cuentas de la República. Es una situación grave, ante la cual se exigirá responsabilidad política a las autoridades”, sentenció el parlamentario frenteamplista.