La intervención de EE.UU. en las elecciones de Brasil a favor de Bolsonaro

Entre julio de 2025 y septiembre de 2026, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles, sancionó a un juez del Supremo brasileño, revocó visas, declaró organizaciones terroristas a dos bandas criminales de Brasil e intentó enviar a dos altos funcionarios a cuestionar el sistema de votación. Brasil y la campaña de Lula describen ese conjunto como injerencia electoral. Washington lo niega.

La primera vuelta de la presidencial es el 4 de octubre de 2026, y la segunda, si hace falta, el 25. Una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg publicada el 29 de septiembre daba a Flávio Bolsonaro 47,7 % y a Lula 47,6 % en una hipotética segunda vuelta, según recogió Responsible Statecraft. Con un margen así, cada acción de un gobierno extranjero pesa más y se discute más.

Conviene separar tres planos: lo que consta en documentos y medios verificables, lo que se ha denunciado sin pruebas públicas y lo que dice Washington.

El juicio a Bolsonaro como punto de partida

En julio de 2025, Donald Trump envió una carta a Brasilia en la que calificaba de “cacería de brujas” el juicio contra Jair Bolsonaro por la trama golpista posterior a la elección de 2022 y vinculaba esa causa con un arancel del 50 %. NBC News informó entonces de que Trump invocó una ley de 1977 para declarar una emergencia económica, algo que ningún presidente había hecho antes con ese fin.

El 30 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó al juez Alexandre de Moraes, relator de la causa, bajo la ley Magnitsky Global. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo acusó de una “campaña opresiva de censura”. Human Rights Watch respondió que las sanciones eran “una clara violación de la independencia judicial”.

Las medidas no se detuvieron ahí. Según InfoMoney, el gobierno estadounidense ya había suspendido las visas de ocho de los once ministros del Supremo. En septiembre de 2025 las sanciones se extendieron a la esposa de Moraes, Viviane Barci. El Departamento de Estado, en su informe anual de derechos humanos de agosto de 2025, acusó al juez de ordenar la suspensión de más de cien perfiles en X.

Ese mismo mes, el Supremo condenó a Jair Bolsonaro a más de 27 años de prisión. Meses después, Al Jazeera informó de que la justicia brasileña iba a juzgar a su hijo Eduardo Bolsonaro, instalado en Estados Unidos, por obstrucción. Moraes escribió que había indicios de que sus gestiones buscaban generar inestabilidad institucional con sanciones crecientes contra autoridades brasileñas.

Un retroceso parcial y una nueva ronda

Hacia fines de 2025, Washington levantó las sanciones a Moraes, a su esposa y al Instituto Lex, controlado por la familia. Reuters recogió que un alto funcionario estadounidense atribuyó el giro a la aprobación en Diputados de un proyecto que reducía las condenas de los golpistas, que a su juicio mostraba una mejora en las condiciones de “lawfare”. Un integrante de la presidencia brasileña dijo a la agencia que Brasil no ofreció nada a cambio. En noviembre, una orden ejecutiva ya había eximido al café y a la carne del arancel.

En 2026 el conflicto volvió con otro formato. Según Responsible Statecraft, en julio Estados Unidos aplicó nuevos aranceles por un total de 37,5 % y señaló como práctica desleal al sistema de pagos Pix, que perjudica a emisores de tarjetas como Visa y Mastercard.

En mayo, el Departamento de Estado declaró organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital. Flávio Bolsonaro había visitado el Despacho Oval para pedírselo, según Folha de S.Paulo. Gunther Rudzit, profesor de relaciones internacionales de ESPM, ve en el conjunto de acciones “un intento de moldear el entorno político”, aunque aclara que no todas apuntan a favorecer una candidatura.

Minerales críticos y la agenda entreguista de Flávio

Un análisis de openDemocracy identifica dos puntos centrales en la agenda de Washington: que los aliados de Bolsonaro puedan competir en la elección y que las empresas estadounidenses obtengan acceso privilegiado a los minerales críticos brasileños.

Según el mismo texto, Flávio pidió en marzo, en una conferencia conservadora en Texas, que el público presionara a las instituciones brasileñas. En mayo habló de aranceles y tierras raras con Trump en la Casa Blanca y se comprometió a sumarse al “Escudo de las Américas” si gana.

El New York Times reveló además documentos filtrados, escritos por un aliado de Bolsonaro, según los cuales gente cercana al candidato habría propuesto ese acceso a los minerales a cambio de respaldo. El autor reconoció haberlos redactado, pero negó que fueran de la campaña o que llegaran a funcionarios estadounidenses.

Los enviados a los que Brasil negó la visa

El episodio más concreto sobre el sistema electoral ocurrió en julio de 2026. Según Reuters, Brasil negó el 24 de julio las visas de dos funcionarios del gobierno de Trump: Riley M. Barnes, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y Samuel Samson, subsecretario adjunto. Brasil sostuvo que el viaje buscaba sembrar dudas sobre la integridad del voto.

La visita fue revelada por The Washington Post. Según Agência Estado, que cita al diario, el Departamento de Estado confirmó el viaje pero no detalló su objetivo. El Post informó de que se sospechaba que los enviados querían reunirse con críticos de las urnas electrónicas para producir informes capaces de deslegitimar el sistema, y de que algunos funcionarios consultados cuestionaban la estrategia. El Departamento de Estado no respondió a Reuters.

Flávio Bolsonaro, por su parte, pidió en un acto con diplomáticos que gobiernos extranjeros envíen observadores. Aseguró que no cuestionaba la integridad del sistema de votación.

Influencers, subvenciones y plataformas

Hay otras acciones documentadas en la prensa, de distinto peso. En julio, el consulado de Estados Unidos en São Paulo convocó a influencers conservadores a una mesa sobre libertad de expresión y entorno digital, según Correio Braziliense citado por Responsible Statecraft.

El Guardian informó el 30 de septiembre de 2026 de que el Departamento de Estado prevé entregar cerca de un millón de dólares a grupos brasileños que se oponen a los “excesos judiciales” del Supremo. El portal Brasil 247 identifica la convocatoria como “Countering Censorship and Judicial Overreach in Brazil”, con 986.679 dólares, y cuenta que Rui Falcão pidió a la Procuraduría General y a la Procuraduría Electoral que investiguen. Conviene cotejar la cifra con la convocatoria original.

El Times señala además una oleada de publicaciones pagadas, compartidas por cuentas de la derecha estadounidense, que difundían las probabilidades que Polymarket daba a Bolsonaro, muy por encima de lo que indicaban las encuestas. No se ha acreditado que detrás haya una acción del gobierno.