Manuel Adorni tiene una propiedad en Buenos Aires en la que fueron secuestrados uruguayos por la dictadura

Manuel Adorni, jefe de Gabinete del presidente argentino, Javier Milei, está en el medio de la polémica no solo por su cuestionado viaje a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo no puede justificar, sino porque, además, se le han encontrado diversos bienes inmuebles cuyas adquisiciones no ha podido respaldar con documentos legales.

Una de estas propiedades es un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, sin que el mismo apareciera en su última declaración jurada de bienes. La adquisición se realizó mientras el funcionario seguía figurando como propietario del departamento en el que residía cuando asumió el cargo, en el barrio de Parque Chacabuco. Vecinos de la cuadra confirmaron su presencia habitual en el edificio.

Consultado sobre el tema, Adorni descartó haber incurrido en irregularidades. Sostuvo que no hubo un salto patrimonial desde que ingresó al Gobierno y que el dinero con el que adquirió la propiedad era de origen lícito. «Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente«, respondió ante los periodistas que le preguntaron por el caso, a quienes aclaró que no tenía obligación de darles explicaciones porque no eran jueces.

Caballito, un barrio con una historia que pesa

A pocas cuadras del departamento de Adorni, en el pasaje Matorras 310, ocurrió uno de los episodios más documentados de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En la madrugada del 13 de mayo de 1976, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en esa dirección. Vecinos de la zona atestiguaron que los integrantes del operativo se identificaron como agentes de la Policía Federal mediante credenciales de color azul.

En ese domicilio vivían la militante uruguaya Rosario Barredo y su compañero William Whitelaw, también de nacionalidad uruguaya. Esa noche se los llevaron junto a sus tres hijos: Gabriela, de cuatro años; María Victoria, de dieciséis meses; y Máximo, de apenas dos meses de vida. Los represores vaciaron y destruyeron el departamento antes de retirarse.

El itinerario de los secuestrados

Los tres niños fueron distribuidos entre distintas familias antes de terminar en un centro clandestino de detención que funcionaba en la calle Bacacay, en el barrio de Floresta. Ese lugar operaba como anexo de Automotores Orletti, uno de los centros más activos del Plan Cóndor en Buenos Aires, por el que pasaron detenidos de Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia.

Rosario Barredo y William Whitelaw no sobrevivieron. El 21 de mayo de 1976, ocho días después del secuestro, un automóvil Torino color borravino sin patente fue abandonado en el cruce de las avenidas Perito Moreno y Dellepiane. Dentro había cuatro cadáveres con múltiples impactos de bala. Dos de ellos eran los de Barredo y Whitelaw. Los otros dos correspondían al expresidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, y al senador Zelmar Michelini, ambos secuestrados en Buenos Aires en los días previos.

Condenas y responsabilidades

La investigación judicial determinó que los cuatro asesinatos fueron perpetrados por la banda del represor Aníbal Gordon, con base en el centro clandestino de Bacacay, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino. En 2011, el juez federal Daniel Rafecas estableció las responsabilidades intelectuales del crimen. Ese mismo año, el tribunal condenó al exdictador uruguayo Juan María Bordaberry y al excanciller de facto Juan Carlos Blanco como autores intelectuales de los cuatro homicidios.

El pasaje Matorras 310 quedó en la memoria colectiva de los organismos de derechos humanos como uno de los puntos de la geografía clandestina en la que operó la coordinación represiva entre Buenos Aires y Montevideo. El departamento donde hoy vive el portavoz de Javier Milei está a metros de ese lugar.

Desaparecidos en el Plan Cóndor: la historia de Rosario y William

En la noche del 5 de mayo de 1976, en Buenos Aires, un operativo conjunto de fuerzas argentinas y uruguayas secuestró a dos jóvenes uruguayos: Rosario del Carmen Barredo Longo (25 años) y William Alem Whitelaw Blanco (27 años). Ambos militaban en organizaciones políticas de izquierda en Uruguay y se habían exiliado en Argentina.

Testigos vieron cómo un grupo armado los sacó del departamento donde vivían, en el barrio de Villa Crespo. Nunca más volvieron a aparecer con vida.

El caso se convirtió en un emblema del Plan Cóndor, el sistema coordinado de represión entre las dictaduras del Cono Sur en los años 70. Las investigaciones posteriores confirmaron que ambos fueron trasladados ilegalmente a Uruguay y recluidos en centros de detención clandestinos como el Destacamento 300 de Inteligencia del Ejército, donde fueron sometidos a torturas y finalmente ejecutados.

En 2016, la justicia argentina condenó a once exmilitares uruguayos y argentinos por estos hechos en el marco del megajuicio por el Plan Cóndor. Entre los condenados estuvo el exdictador uruguayo Juan María Bordaberry. Los fallos establecieron que ambos fueron víctimas de una “asociación ilícita” destinada a la desaparición forzada.

Rosario estaba embarazada en el momento de su secuestro. Su hija, que nació en cautiverio, fue apropiada ilegalmente. Décadas después, gracias al trabajo de organismos de derechos humanos, pudo recuperar su identidad.

Hoy, los restos de William y Rosario aún no han sido entregados a sus familias. Su historia es parte de la memoria viva que exige justicia, verdad y la condena a todos los responsables.