Daniel Ortega se enquista en el poder y rechaza que Nicaragua vuelva a tener elecciones

Daniel Ortega afirmó que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones que permitan a la oposición acceder al poder. La declaración se produjo durante el acto oficial por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua, y fue dirigida directamente a sus simpatizantes.

“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo Ortega ante el público reunido en la capital nicaragüense. El mandatario adelantó además que impulsará nuevas leyes para impedir cualquier intento futuro de la oposición de llegar al gobierno por vía institucional.

El anuncio no ocurre en el vacío. Nicaragua tenía previsto, según su calendario electoral original, celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Esa fecha quedó desplazada tras la reforma constitucional aprobada en febrero de 2025, que extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y modificó de raíz la arquitectura institucional del país.

Esa reforma eliminó el sistema de equilibrio de poderes y trasladó el control del Estado a la pareja presidencial. Entre sus cambios más relevantes se cuentan la creación de la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo, la disposición de que el Poder Ejecutivo coordine al resto de los órganos estatales —que dejaron de ser considerados poderes independientes— y la legalización de la apatridia como herramienta contra opositores. La medida fue condenada por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos.

La reforma de febrero de 2025 no fue un hecho aislado. En agosto de ese mismo año, el oficialismo modificó la Constitución por cuarta vez en doce meses, en esta ocasión para reforzar el control presidencial sobre el presupuesto nacional. La misma enmienda habilitó, por primera vez en la historia del país, la posibilidad de nombrar dos jefes simultáneos al frente de la Policía Nacional, con la designación reservada exclusivamente a Ortega y Murillo.

El nivel de represión documentado en los primeros meses de 2026 confirma la continuidad del patrón. Según el Monitoreo Azul y Blanco, se registraron al menos 66 violaciones a derechos humanos durante enero de este año, un repunte marcado frente a los 20 casos de diciembre de 2025. El propio informe atribuye ese incremento, en parte, al efecto que tuvo en el oficialismo nicaragüense la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El mismo monitoreo documentó que la vigilancia estatal se extendió durante ese período a personas previamente excarceladas por motivos políticos, quienes fueron sometidas a interrogatorios sobre sus actividades y contactos. También registró casos de hostigamiento religioso, incluida la detención arbitraria de un pastor evangélico en el departamento de Matagalpa, liberado días después sin que se informaran los motivos de su arresto.

Los indicadores internacionales de calidad democrática respaldan ese diagnóstico con cifras concretas. El Democracy Report 2026, elaborado por el V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo, ubica a Nicaragua en el puesto 175 de 179 países evaluados en su Índice de Democracia Liberal, con una puntuación de apenas 0,02 sobre 1. El índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist coincide en situar al país entre los regímenes más cerrados del mundo, en el mismo nivel que Myanmar, Corea del Norte y Eritrea.

El sociólogo y economista nicaragüense Óscar René Vargas, hoy exiliado en Costa Rica, sostiene que el diseño institucional del oficialismo tiene un componente patrimonial además del político. “El régimen Ortega-Murillo ha logrado acumular una enorme riqueza bajo un esquema que politólogos califican de cleptocrático”, señaló Vargas, quien calcula que la fortuna familiar acumulada durante los veinte años de gobierno de Ortega (2007-2026) supera los 3.000 millones de dólares.

El contexto regional añade una variable que varios analistas consideran determinante para lo que resta de 2026. La caída de Nicolás Maduro en Venezuela debilitó al principal aliado político y económico del oficialismo nicaragüense, junto con Cuba. Vargas describe ese debilitamiento como un factor acelerador de las tensiones internas del régimen: “Los pilares de sustentación del régimen se han fisurado por la propia represión”, afirmó.

El politólogo Félix Maradiaga, también exiliado, planteó a mediados de julio que el país transita una ventana de oportunidad para salir del régimen actual, aunque advirtió que ese margen depende de tres condiciones simultáneas: presión internacional sostenida, fracturas internas dentro del propio oficialismo y una estrategia común entre los distintos sectores de la oposición nicaragüense.

El anuncio de Ortega sobre el fin del sistema electoral, sumado a las cuatro reformas constitucionales aprobadas entre 2025 y 2026, consolida un modelo de poder que los organismos internacionales ya no describen como autoritarismo competitivo, sino como un cierre institucional total. La pregunta que queda abierta, según los propios analistas nicaragüenses, no es si el modelo puede sostenerse indefinidamente, sino qué combinación de factores internos y externos podría eventualmente alterarlo