El costo de la bota: Radiografía completa del desastre que dejó la dictadura argentina

Por Carlos Loría – Redactor periodístico

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instalaron la Junta Militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. Lo que siguió durante siete años, hasta el 10 de diciembre de 1983, no fue simplemente un golpe de Estado más en la historia repetida de interrupciones institucionales del país.

Fue la experiencia más devastadora, más planificada y más costosa en términos humanos, económicos, sociales y culturales que registra la Argentina moderna. Sus consecuencias no terminaron con el regreso de la democracia. Muchas de ellas siguen operando, en distintas formas, casi medio siglo después.

Lo que la historia académica y judicial ha documentado de manera exhaustiva convierte a ese período en uno de los procesos de destrucción institucional más integrales de América Latina en el siglo XX. Este informe recorre, con respaldo documental y bibliográfico, el inventario de ese daño.

El terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos

La cifra de 30.000 desaparecidos es la que sostienen las organizaciones de derechos humanos argentinas y buena parte de la historiografía comprometida con el tema. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1984 y presidida por el escritor Ernesto Sabato, documentó en su informe Nunca Más 8.960 casos denunciados, aunque la Secretaría de Derechos Humanos continuó recibiendo nuevas denuncias durante años. La diferencia entre esa cifra y las 30.000 se explica, en parte, por el terror que impidió a muchas familias presentarse ante las autoridades durante y después del régimen.

La dictadura produjo desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores y exilios forzosos que la justicia argentina calificó en distintos juicios como crímenes de lesa humanidad y, en algunos pronunciamientos, como genocidio. No se trató de actos dispersos o incontrolados. Fue un sistema planificado desde el Estado. Los jefes de zona y subzona de las fuerzas militares actuaban con autonomía operativa dentro de una cadena de mando que la Cámara Federal identificó con precisión en el juicio a las juntas de 1985, el primero de su tipo en América Latina.

La propia CONADEP advirtió en su texto que esa cifra era parcial por razones estructurales: muchas familias no denunciaron por miedo a represalias, por desconocimiento del organismo, por exilio, por muerte de los familiares directos o simplemente porque la investigación tuvo un plazo institucional limitado. La Secretaría de Derechos Humanos continuó recibiendo denuncias durante años después de publicado el informe.

Más de 800 centros clandestinos de detención

Los centros clandestinos de detención fueron el instrumento central de la maquinaria represiva. Funcionaron en predios militares, policiales, comisarías, fábricas e incluso establecimientos educativos. Entre los más documentados figuran la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, El Vesubio, La Perla en Córdoba y el Pozo de Banfield en la provincia bonaerense. El número total relevado por el Estado argentino supera los 800 centros distribuidos en todo el territorio argentino.

En esos lugares se practicó sistemáticamente la tortura mediante picana eléctrica, submarino seco y húmedo, colgamiento, vejaciones sexuales y privación prolongada de sueño y alimento, según los testimonios reunidos por la CONADEP y ratificados en los sucesivos juicios de lesa humanidad que se extendieron desde la recuperación democrática hasta la actualidad.

Los 400 bebés apropiados: ¿Dónde están?

Entre las consecuencias más singulares y aberrantes del régimen se encuentra el robo sistemático de bebés. Al menos 400 niños fueron sustraídos de sus madres detenidas o asesinadas y entregados a familias vinculadas al régimen militar, sin que hasta la fecha todos hayan recuperado su identidad.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo lleva más de cuatro décadas localizando a esas personas, con más de 130 identidades restituidas. Este sistema de apropiación de menores constituyó una forma represiva radicalmente novedosa en la historia del terrorismo de Estado: el borramiento deliberado de la identidad de una generación, continuando la persecución más allá de la muerte de los padres.

Durante años se ha instado a todas aquellas personas que hayan nacido durante la dictadura a hacerse presente en las sedes de Abuelas para ponerse a disposición y poder realizarse un exámen de ADN, con el fin de determinar si se trata o no de uno de esos bebés sustraidos.

La destrucción del movimiento obrero como estrategia central

La dictadura intervino casi todos los sindicatos y disolvió la CGT el mismo día del golpe. Dictó una nueva normativa de asociaciones profesionales que prohibió las federaciones, centrales y confederaciones. También suprimió el derecho de huelga, las elecciones y asambleas gremiales, y congeló los fondos sindicales. El mismo 24 de marzo de 1976, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz modificó la Ley de Contrato de Trabajo aprobada por el Congreso en 1974, eliminando protecciones históricas al sector obrero y ampliando las facultades patronales.

En el primer año de la dictadura el salario real de los trabajadores cayó un 50%, lo que obligó a los asalariados a multiplicar las horas de trabajo diario para cubrir la canasta familiar. Seis de cada diez víctimas del régimen eran delegados de base, integrantes de comisiones internas o activistas sindicales, según el relevamiento realizado por la investigadora Victoria Basualdo para el Centro Cultural Haroldo Conti. El terror y el proyecto económico eran inseparables: uno era la condición del otro.

Momento en el que sentencian a prisión perpetua al dictador Videla por crímenes de lesa humanidad, Videla murió solo y CAGANDO en su celda. Justicia.
NUNCA MAS pic.twitter.com/AXbmmewfUZ

— TUGO News (@TugoNews) March 24, 2026

La devastación industrial: más de 20.000 empresas y fábricas cerradas

En los primeros años posteriores al golpe cerraron más de 20.000 establecimientos fabriles. El producto bruto del sector industrial cayó cerca de un 20% entre 1976 y 1983. La ocupación industrial disminuyó de manera sostenida y el peso relativo del sector manufacturero en el conjunto de la economía pasó del 28% al 22%. En 1983, el PBI industrial era aproximadamente un 10% inferior al de diez años antes.

Argentina era, antes del golpe, un país con casi pleno empleo industrial, una red de pequeñas y medianas empresas que representaban más del 60% del empleo privado y un mercado interno robusto sostenido por el poder adquisitivo de los trabajadores. Ese tejido productivo fue desmantelado deliberadamente mediante la apertura arancelaria, el atraso cambiario y el crédito financiero especulativo que tornó inviable la producción real frente a la rentabilidad financiera.

La multiplicación de la deuda externa y la explosión de la pobreza

Al inicio de la dictadura la deuda externa argentina ascendía a 7.800 millones de dólares. En 1983, al finalizar el gobierno militar, llegaba a 43.600 millones, un incremento de más del 450% en siete años. La Reforma Financiera de 1977 impulsada por Martínez de Hoz abrió el sistema bancario y desreguló los mercados de capitales, creando las condiciones para una espiral de endeudamiento privado que luego fue estatizado mediante el mecanismo de seguros de cambio implementado por el Banco Central. La deuda externa heredada de la dictadura determinó la estructura económica del país durante décadas, condicionando cada ciclo político posterior.

La inflación fue otro de los flagelos que devastó Argentina. Según estimaciones, el acumulado de todo el proceso dictatorial fue de 517.000%, devastando la moneda nacional y empobreciento al país con consecuencias que sobreviven al día de hoy.

La pobreza pasó del 3,2% al 28% de la población durante ese período, uno de los saltos más abruptos registrados en América Latina en tiempos de paz. El desempleo creció en paralelo al cierre masivo de establecimientos industriales. La combinación de estos tres factores produjo un deterioro de las condiciones de vida sin precedentes en la historia social argentina del siglo XX, revirtiéndose décadas de avance en distribución del ingreso y movilidad social ascendente.

La censura y el genocidio cultural

La represión se propuso eliminar no solo la oposición política sino también el tejido cultural y simbólico de una sociedad que venía de una década de enorme producción intelectual y movilización popular. La cultura fue considerada un campo de batalla y la respuesta fue la censura sistemática, la quema de libros y la persecución de intelectuales, artistas y docentes.

De los casi 50 millones de libros impresos en Argentina en 1974 se pasó a 31 millones en 1976, para llegar a editar solo 17 millones durante el período 1979-1982, según datos recogidos por la UNESCO. Entre los libros prohibidos, incinerados o enterrados figuraban obras de Gabriel García Márquez, Karl Marx, Eduardo Galeano, Julio Cortázar, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, Sigmund Freud, Paulo Freire, León Trotsky y Antoine de Saint-Exupéry, entre muchos otros. El promedio de libros leídos por habitante cayó de tres anuales en 1973-1974 a menos de uno en 1981.

La destrucción del sistema educativo

Las universidades fueron intervenidas y purgadas. Docentes con cátedras de filosofía, sociología, ciencias políticas y psicología fueron expulsados, exiliados o desaparecidos. La autonomía universitaria fue abolida y reemplazada por rectores interventores designados por las Fuerzas Armadas. Las carreras consideradas ideológicamente peligrosas fueron clausuradas o vaciadas de contenido crítico.

En las aulas secundarias no se debatían planes de estudio, no existía libertad de cátedra y había alumnos infiltrados que denunciaban a sus docentes ante las autoridades militares, según testimonios recogidos por investigadores de la Universidad Nacional del Centro. El sistema educativo fue transformado en un instrumento de control ideológico y de producción de obediencia. La Noche de los Lápices, en septiembre de 1976, en la que fueron secuestrados y desaparecidos estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil, representa la síntesis más brutal de esa política.

Entre 300.000 y 500.000 exiliados

Entre 300.000 y medio millón de argentinos abandonaron el país durante la dictadura, según distintas estimaciones académicas. Entre ellos había intelectuales, artistas, científicos, sindicalistas, periodistas, abogados y militantes políticos. La historiadora Marina Franco documentó en su trabajo

El exilio fue parte de la tortura; tuvieron que huir de su país, muchos de ellos, apenas con la ropa que llevaban puesta y unas pocas pertenencias. Argentinos en Francia durante la dictadura la magnitud de ese fenómeno y su impacto sobre las redes culturales y políticas del país. La fuga de capital humano que representó ese éxodo marcó negativamente las capacidades científicas, culturales e industriales de Argentina durante al menos dos décadas.

También fue desde esos grupos afuera que se empezaron a gestar las primeras denuncias en instancias internacionales contra la dictadura y los delitos de lesa humanidad que se estataban cometiendo y que eran callados no solo por la prensa local sino silenciados a punta de bota.

La complicidad civil, empresarial y eclesiástica

La dictadura no operó en el vacío. Contó con el apoyo activo o la tolerancia deliberada de los principales grupos económicos y medios de comunicación privados, de sectores de la jerarquía de la Iglesia católica y del gobierno de los Estados Unidos.

A pocos días de producido el golpe, Washington reconoció diplomáticamente a la junta y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un crédito de 127 millones de dólares. El secretario de Estado, Henry Kissinger, fue uno de los principales avalistas internacionales de los regímenes militares del Cono Sur, en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Empresas multinacionales y nacionales se beneficiaron directamente de la represión sindical. Algunas de ellas facilitaron listas de trabajadores a los grupos de tareas o cedieron instalaciones para detenciones clandestinas, según documentación reunida en causas judiciales que todavía se sustancian.

La guerra de Malvinas como epílogo del desastre

En abril de 1982, la junta militar encabezada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri lanzó la ocupación de las Islas Malvinas como maniobra desesperada para recuperar legitimidad interna ante el creciente repudio popular. La derrota frente al Reino Unido, consumada en junio de ese año, aceleró el colapso del régimen.

Miles de jóvenes soldados fueron enviados al conflicto sin preparación adecuada, mal equipados, sometidos a hambre y malos tratos por parte de sus propios superiores y bajo el mando de una conducción que priorizó la imagen propagandística sobre la planificación militar. Los efectos psicológicos y sociales sobre los excombatientes constituyeron otra dimensión del daño causado, con consecuencias sanitarias y sociales que se prolongaron durante décadas.

 

Las heridas que no cicatrizan

El inventario del daño causado por la dictadura argentina entre 1976 y 1983 es uno de los más completos y documentados de la región. Tiene nombre, apellido, números y archivos. Tiene sentencias judiciales firmes. Tiene generaciones marcadas por el trauma, el exilio y la identidad robada. Y tiene, todavía, centenares de causas judiciales abiertas y miles de preguntas sin respuesta definitiva sobre los responsables civiles, empresariales y eclesiásticos que hicieron posible que ese proyecto se instalara, funcionara siete años y entregara al país en las condiciones en que lo dejó.

El impacto del Proceso no puede marcarse con una fecha de cierre precisa. Sus políticas económicas, su destrucción del tejido sindical y su vaciamiento del Estado social dejaron huellas estructurales que se actualizan en cada crisis del país. Ignorarlo, minimizarlo o relativizarlo no es una postura historiográfica: es una forma de prolongar el daño.

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Referencias bibliográficas y documentales:
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Basualdo, Eduardo. Estudios de Historia Económica Argentina, desde mediados del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010.
Invernizzi, Hernán y Gociol, Judith. Un golpe a los libros: represión a la cultura durante la última dictadura militar. Buenos Aires: EUDEBA, 2002.
Basualdo, Victoria. La dictadura y la ofensiva contra el movimiento obrero y sindical. Revista Haroldo. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, septiembre de 2021.
Franco, Marina. El exilio: argentinos en Francia durante la dictadura. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008.
Duhalde, Eduardo Luis. El estado terrorista argentino: quince años después, una mirada crítica. Buenos Aires: EUDEBA, 1999.
Mignone, Emilio F. y Conte Mc Donnell, Augusto. Estrategia represiva de la dictadura militar. Buenos Aires: Colihue, 2006.
Águila, Gabriela. Historia de la última dictadura militar: Argentina, 1976-1983. Buenos Aires: Siglo XXI, 2023.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Washington D.C.: CIDH, abril de 1980.
Informe sectorial UNESCO sobre educación en América Latina. París: UNESCO, 1990.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Guía contra el negacionismo. Buenos Aires, 2023.