Qué es el “Proyecto Latidos” de La Libertad Avanza y cómo pretende cambiar el acceso al aborto en Argentina

Un nuevo capítulo en la pelea por el aborto legal en Argentina

Una iniciativa parlamentaria volvió a poner el debate sobre la interrupción del embarazo en el centro de la escena política argentina. La diputada nacional Alida Ferreyra, del bloque La Libertad Avanza, presentó una propuesta que obligaría a las mujeres a escuchar los latidos del embrión o feto como paso previo e ineludible antes de rubricar el consentimiento para abortar.

La medida reabre una discusión profunda sobre la libertad de decidir de las mujeres y sobre los límites de la Ley 27.610.

Qué dice el llamado “Proyecto Latidos”

La legisladora bautizó su iniciativa como “Proyecto Latidos” y la ingresó bajo el expediente 6066-D-2026.

El texto no busca tumbar la normativa que hoy rige en Argentina, sino intervenir sobre un tramo específico del procedimiento: el de la información y el consentimiento que antecede a la práctica.

Concretamente, la propuesta suma dos artículos a la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre sus puntos centrales, exige que el personal sanitario entregue datos “claros y con respaldo científico” acerca del proceso gestacional. Y agrega una condición que marca el corazón de la polémica: en los casos en que la actividad cardíaca pueda detectarse por medios técnicos, los establecimientos de salud tendrían que facilitar lo necesario para que la paciente la escuche. Ese momento, además, debería quedar asentado en la historia clínica de la mujer.

Cómo defiende la diputada su iniciativa

Durante una entrevista con el medio Infobae, Ferreyra salió a respaldar su proyecto. Argumentó que el objetivo pasa por acercar información “clara, concreta y verificable científicamente”, y rechazó que detrás de la medida exista una intención de provocar dolor o de hacer recular a las mujeres que ya tomaron una decisión.

La diputada también marcó distancia respecto del Gobierno: aclaró que la propuesta nace de sus propias convicciones personales y que no hubo ningún tipo de coordinación con la Casa Rosada antes de presentarla.

El punto más espinoso: la obligatoriedad y la autonomía

El flanco más cuestionado del proyecto es, justamente, su carácter obligatorio y lo que ello implicaría para la capacidad de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos. Al ser interrogada sobre ese aspecto, la legisladora negó que la medida afecte ese derecho.

Sin embargo, no logró explicar de qué manera se aplicaría el procedimiento en los casos de embarazos originados en una violación, una de las situaciones más sensibles que la normativa vigente contempla.

De este modo, la iniciativa deja abierto un interrogante de peso sobre su aplicación práctica y vuelve a instalar, en el recinto, una disputa que en Argentina parecía saldada desde la sanción de la ley en diciembre de 2020.