Argentina: una jubilada lleva más de un mes presa por intentar robar un pedazo de carne

Una mujer de más de 65 años, que cobra la jubilación mínima en Argentina, lleva más de un mes privada de libertad por intentar llevarse un pedazo de carne de un supermercado. Se llama Estela Chávez, es madre de seis hijos y vive en un barrio popular de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Su historia pone sobre la mesa una discusión que trasciende el expediente judicial: la situación de los adultos mayores que viven con ingresos insuficientes y la respuesta del sistema penal frente a los delitos menores.

El 8 de octubre de 2026, personal de seguridad de un supermercado interceptó a la jubilada cuando intentaba ocultar un corte de carne entre sus prendas. Según la acusación, no había atravesado la línea de cajas cuando fue detenida. Más de un mes después, Estela Chávez permanece encarcelada por una tentativa de hurto que no llegó a consumarse, de acuerdo con la investigación publicada por la periodista Marta Dillon en El Destape.

De trabajar limpiando casas a sobrevivir con la jubilación mínima

Durante buena parte de su vida, Estela trabajó en casas particulares realizando tareas de limpieza. Sus ingresos dependían de empleos que exigían desplazamientos frecuentes y un esfuerzo físico cada vez más difícil de sostener. El costo del transporte terminó convirtiéndose en un obstáculo adicional para continuar trabajando.

Finalmente, accedió a la jubilación mediante una moratoria previsional. Actualmente percibe el haber mínimo y comparte su vivienda con una de sus nietas. Su situación refleja las dificultades que pueden enfrentar quienes llegan a la vejez después de una trayectoria laboral marcada por ingresos reducidos y empleos precarios.

Una detención que se prolonga desde el 8 de octubre

El episodio que desencadenó la causa ocurrió el 8 de octubre. Las cámaras del establecimiento registraron a Estela cuando presuntamente intentaba esconder un corte de carne entre su ropa. Los guardias la interceptaron mientras todavía se encontraba en la fila de cajas y posteriormente intervino la Policía.

El expediente, identificado como CCC 52837/2026, tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25. Según la investigación periodística, la causa quedó vinculada con otro procedimiento de 2025, también relacionado con un presunto intento de sustraer alimentos. En ambos episodios se habría tratado de hurtos no consumados.

La Justicia dictó prisión preventiva por una tentativa de hurto

El 26 de octubre se dictó la prisión preventiva de Estela Chávez. La decisión genera interrogantes sobre la proporcionalidad de una medida que implica mantener encarcelada a una mujer mayor por una acusación de escasa gravedad penal. Su defensa está a cargo de la Defensoría Pública Oficial N.º 15.

La prisión preventiva no constituye una condena. Es una medida cautelar que debe justificarse mediante circunstancias procesales concretas, como los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación. La gravedad del hecho imputado, la situación personal de la acusada y la posibilidad de aplicar medidas menos restrictivas son elementos relevantes para evaluar su necesidad. Sin acceso directo a la resolución judicial, no es posible establecer cuáles fueron todos los fundamentos utilizados para mantener detenida a Chávez.

Problemas de salud y una celda compartida con otras cinco mujeres

Estela permanece alojada en la Alcaidía N.º 15 de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una instalación destinada a detenciones transitorias, pero su permanencia se ha extendido durante más de un mes. Según denunció su familia, comparte una celda con otras cinco mujeres y no puede recibir visitas presenciales de sus hijos.

El 21 de octubre sufrió una infección urinaria que requirió tratamiento médico. Para recibir atención y acceder a un antibiótico, tuvo que solicitar la intervención de su defensor. El 3 de noviembre volvió a necesitar asistencia sanitaria. Su hijo también manifestó preocupación por las condiciones respiratorias de su madre, debido al humo del cigarrillo dentro del lugar de detención.

El reclamo de Mariano Franco: “Mi mamá ya pagó”

Mariano Franco, el hijo menor de la jubilada, se acerca semanalmente a la alcaidía para entregar alimentos, ropa limpia y artículos de higiene. Sin embargo, según explicó a la periodista Marta Dillon, no puede encontrarse personalmente con su madre. La situación familiar se agrava porque el propio Mariano se encuentra desempleado y buscando trabajo.

“Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí”, declaró Franco. La familia reclama que se revise la situación procesal de Estela y que se considere una alternativa al encarcelamiento, especialmente por su edad, sus problemas de salud y las características del delito que se le atribuye.

La situación de Estela no ocurre en un vacío institucional. Un informe de 2025 del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, citado en la investigación original, había advertido sobre la permanencia prolongada de mujeres en instalaciones concebidas para estadías de entre 24 y 72 horas.

Según ese relevamiento, aproximadamente la mitad de las mujeres examinadas había permanecido más de 20 días en alcaidías y se habían registrado casos de detenciones superiores a 180 días. El organismo también describió deficiencias de infraestructura, dificultades para mantener condiciones adecuadas de higiene y problemas vinculados con la atención sanitaria.

El caso de Estela Chávez y la situación de los jubilados bajo el gobierno de Milei

La historia de esta jubilada adquiere una dimensión social en el contexto de las políticas económicas y previsionales del gobierno de Javier Milei. La discusión sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones, el costo de los alimentos y la capacidad de las personas mayores para sostener sus necesidades básicas ocupa un lugar central en el debate público argentino.

Sin embargo, es importante distinguir los distintos planos del problema. El expediente de Estela corresponde a una decisión judicial y no existe evidencia presentada que permita atribuir directamente su prisión preventiva al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, su situación económica permite reflexionar sobre las condiciones materiales en las que viven los adultos mayores que dependen de haberes mínimos.

¿Puede una jubilada acceder a una medida alternativa a la prisión?

La legislación argentina contempla mecanismos que permiten evaluar alternativas a la detención en determinadas circunstancias. La edad avanzada, los problemas de salud y las condiciones personales pueden resultar relevantes para solicitar una modalidad diferente de cumplimiento de la medida, aunque la prisión domiciliaria no se concede automáticamente por tener más de 65 años.

En el caso de Estela Chávez, la defensa y el tribunal deben considerar las circunstancias concretas del expediente y las exigencias legales aplicables. La existencia de otra causa anterior también puede influir en la evaluación judicial, pero no elimina la obligación de fundamentar la necesidad de mantener la privación de libertad.