S&P mantiene calificación de grado inversor a Uruguay y reafirma su estabilidad
La calificadora internacional ratificó la nota BBB+ de Uruguay con perspectiva estable, pero proyectó un crecimiento de apenas 1,1% para 2026 y advirtió que el ajuste fiscal podría complicarse en 2027 si la economía y la recaudación no cumplen las expectativas.
Uruguay conserva su calificación de grado inversor y una perspectiva estable ante los mercados internacionales. La agencia S&P Global Ratings ratificó el 11 de noviembre de 2026 las notas BBB+ para la deuda soberana de largo plazo y A-2 para las obligaciones de corto plazo, tanto en moneda local como extranjera. Sin embargo, su evaluación incluye advertencias sobre el debilitamiento del crecimiento económico, el aumento del endeudamiento público y los desafíos que deberá enfrentar el gobierno de Yamandú Orsi para reducir el déficit fiscal.
La calificadora proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay crecerá apenas 1,1% durante 2026, una estimación inferior al 1,6% previsto por las autoridades económicas. Aunque anticipa una recuperación hacia tasas cercanas al 2% anual entre 2027 y 2029, considera que la evolución de las cuentas públicas dependerá de la capacidad del país para incrementar sus ingresos, contener el gasto y promover nuevas inversiones productivas.
Uruguay mantiene el grado inversor: qué significa la calificación BBB+
La decisión de Standard & Poor’s permite que Uruguay conserve una posición favorable dentro de la categoría de países considerados aptos para la inversión. La nota BBB+ indica que el Estado mantiene una capacidad adecuada para cumplir sus compromisos financieros, aunque continúa expuesto a riesgos económicos que podrían afectar su desempeño futuro.
La perspectiva “estable” significa que, bajo las condiciones económicas previstas por la agencia, no se anticipa necesariamente una modificación de la calificación en el corto plazo. No constituye, sin embargo, una garantía de que la nota permanecerá inalterada: una evolución desfavorable de la deuda o de las cuentas públicas podría modificar esa evaluación.
La economía uruguaya crecerá solamente 1,1% en 2026
Uno de los aspectos más relevantes del informe es el pronóstico de desaceleración económica. S&P estima que Uruguay cerrará 2026 con un crecimiento de apenas 1,1%, una cifra que evidencia las dificultades para recuperar un ritmo de expansión suficiente que permita fortalecer la recaudación fiscal, impulsar el empleo y mejorar sostenidamente los ingresos de la población.
Entre los factores que explican esta evolución aparece el impacto de la sequía de 2025 sobre la producción agropecuaria. La disminución de la actividad agrícola afectó las exportaciones y redujo la contribución del sector externo al crecimiento. También influyen la moderación de las inversiones y un contexto internacional que presenta riesgos para las economías pequeñas y abiertas.
Las proyecciones de S&P, el gobierno y el FMI muestran diferencias
La estimación de Standard & Poor’s resulta más conservadora que la proyección oficial de crecimiento del 1,6% para 2026. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional había previsto en septiembre una expansión del 1,3%, también afectada por las consecuencias de la sequía sobre la producción nacional.
Estas diferencias reflejan distintos supuestos sobre la velocidad de recuperación de la actividad económica. Aunque los tres escenarios contemplan crecimiento, ninguno describe una expansión particularmente dinámica. Para Uruguay, el desafío consiste en evitar que una recuperación demasiado lenta complique el cumplimiento de las metas presupuestales y limite las posibilidades de mejorar el bienestar económico de la población.
S&P reconoce la estabilidad institucional y la política económica de Uruguay
El mantenimiento de la calificación responde, en buena medida, a factores estructurales que históricamente han distinguido a Uruguay dentro de América Latina. La agencia destaca la solidez de sus instituciones democráticas, la previsibilidad de las políticas públicas, la estabilidad política y el elevado ingreso por habitante en comparación con otros países de la región.
También reconoce la continuidad de políticas orientadas a mantener la estabilidad macroeconómica durante la administración de Yamandú Orsi. Para la calificadora, la existencia de consensos entre distintas fuerzas políticas sobre la importancia de preservar la sostenibilidad fiscal constituye una fortaleza relevante frente a posibles escenarios de incertidumbre.
El gobierno de Orsi mantiene su compromiso fiscal, pero enfrenta mayores dificultades
Standard & Poor’s considera favorable que el Poder Ejecutivo haya mantenido hasta ahora los lineamientos del programa fiscal presentado en 2025. Sin embargo, advierte que los ingresos públicos han mostrado un desempeño menos favorable de lo esperado, precisamente en un contexto de desaceleración de la actividad económica.
El cumplimiento de las metas fiscales dependerá tanto de la evolución de la recaudación como de las decisiones presupuestales. Si los ingresos crecen menos de lo previsto, el gobierno podría enfrentar mayores dificultades para financiar sus compromisos y reducir el déficit sin introducir modificaciones en la política fiscal.
El déficit fiscal debería bajar al 3% del PIB en 2029
La calificadora espera que el déficit del gobierno general disminuya gradualmente desde niveles cercanos al 3,7% del PIB en 2025 y 2026 hasta aproximadamente el 3% en 2029. Esta trayectoria supone una mejora de las cuentas públicas, aunque no representa la eliminación del desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado.
Para alcanzar ese objetivo será necesario fortalecer los recursos tributarios, moderar las presiones sobre el gasto y sostener un crecimiento económico que facilite la recaudación. La agencia advierte que la consolidación fiscal podría volverse más difícil a partir de 2027 si los resultados de las medidas previstas no coinciden con las proyecciones iniciales.
Nuevos impuestos y cambios tributarios: cuánto espera recaudar el gobierno
Entre las iniciativas consideradas por S&P se encuentra la aplicación del impuesto mínimo complementario doméstico vinculado al sistema de tributación internacional de grandes grupos empresariales. La calificadora también contempla modificaciones en determinadas exoneraciones y medidas destinadas a mejorar la eficiencia de la administración tributaria.
El conjunto de estas acciones podría generar ingresos adicionales equivalentes a entre 0,5% y 1% del PIB durante los próximos dos años, según el escenario considerado por la agencia. Sin embargo, la magnitud efectiva de esos recursos dependerá de la implementación de las medidas y del comportamiento de las empresas y de la actividad económica.
La deuda pública sigue siendo uno de los principales desafíos económicos
La evaluación identifica el endeudamiento como una vulnerabilidad importante. Aunque Uruguay mantiene un acceso favorable a los mercados internacionales y una sólida posición externa, la acumulación de déficits fiscales ha contribuido al crecimiento de la deuda pública durante los últimos años.
En su escenario central, S&P estima que la deuda neta del gobierno general, descontados determinados activos públicos, podría estabilizarse por debajo del 60% del PIB hacia 2029, desde aproximadamente el 55% previsto para 2026. La agencia advierte que una expansión económica menor a la esperada o una depreciación pronunciada del peso podrían incrementar las presiones sobre el endeudamiento.
El Banco Central y el control de la inflación reciben una valoración positiva
Otro aspecto favorable del informe es el reconocimiento a la mayor credibilidad de la política monetaria uruguaya. La agencia destaca la trayectoria reciente de la inflación en torno a los objetivos del Banco Central del Uruguay y considera que esa estabilidad contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta de la economía.
La persistente dolarización de depósitos, créditos y obligaciones financieras continúa siendo una limitación estructural. Una mayor utilización de instrumentos en moneda nacional podría reducir determinadas vulnerabilidades cambiarias, favorecer el desarrollo del mercado de capitales doméstico y ampliar los mecanismos de transmisión de la política monetaria.
Las inversiones y la competitividad serán fundamentales para recuperar el crecimiento
La agencia considera que Uruguay necesita elevar su productividad y promover un entorno más favorable para la actividad empresarial. En ese sentido, destaca los esfuerzos destinados a facilitar las inversiones mediante los mecanismos de promoción existentes, incluida la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap).
También identifica oportunidades en las iniciativas parlamentarias orientadas a reducir los costos burocráticos, simplificar trámites y mejorar la competitividad. La eliminación de obstáculos administrativos podría facilitar nuevos emprendimientos y ampliar la capacidad productiva del país, aunque sus resultados dependerán de la implementación efectiva de las reformas.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre oportunidades comerciales
La apertura comercial constituye otro de los factores que podrían favorecer una recuperación de mediano plazo. Standard & Poor’s contempla los efectos positivos que una mayor integración entre el Mercosur y la Unión Europea podría tener sobre las exportaciones, la inversión y la productividad de Uruguay.
El aprovechamiento de estas oportunidades dependerá de la capacidad de los sectores productivos para acceder a nuevos mercados, mejorar su competitividad y desarrollar productos y servicios con mayor valor agregado. La diversificación comercial también puede contribuir a reducir la dependencia de determinados destinos de exportación.
El envejecimiento de la población agrega presión sobre el sistema previsional
El informe también considera las implicancias fiscales del sistema de seguridad social. El envejecimiento demográfico, la evolución de las jubilaciones y las eventuales modificaciones legislativas constituyen factores relevantes para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
S&P señala que los gastos previsionales representan una proporción significativa del PIB y de los recursos estatales. Las iniciativas de flexibilización de las condiciones jubilatorias, incluidas las posibilidades de retiro anticipado, deberán analizarse considerando sus efectos presupuestales y la necesidad de preservar la financiación futura del sistema.
¿Puede Standard & Poor’s bajar la calificación de Uruguay?
La perspectiva estable no descarta una revisión futura. La calificadora advierte que podría reducir la nota soberana durante los próximos dos años si las medidas fiscales no logran disminuir el déficit y se produce un deterioro persistente de la dinámica de la deuda pública.
En sentido contrario, una mejora sostenida de los resultados fiscales, acompañada de mayores inversiones y un crecimiento económico más robusto, podría abrir la posibilidad de una mejora de la calificación. Para Uruguay, el desafío consiste en preservar la confianza de los acreedores sin descuidar las necesidades de desarrollo económico y social.
¿Qué significa esta evaluación para los trabajadores y los hogares uruguayos?
Aunque las calificaciones crediticias se utilizan principalmente para evaluar el riesgo financiero de los Estados, sus implicancias pueden extenderse al funcionamiento de la economía. Mantener el grado inversor contribuye a conservar condiciones favorables de financiamiento, facilita el acceso al crédito internacional y ofrece una señal de estabilidad para los potenciales inversores.
Sin embargo, la permanencia del grado inversor no equivale automáticamente a una mejora de los salarios, el empleo o el poder adquisitivo. Para que los indicadores financieros favorables se traduzcan en mejores condiciones de vida, será necesario que el crecimiento económico genere oportunidades laborales, aumentos de productividad y una distribución de sus beneficios capaz de alcanzar a distintos sectores de la sociedad.
Uruguay conserva la confianza financiera, pero necesita crecer más
La nueva evaluación de Standard & Poor’s presenta un panorama de fortalezas y riesgos. Uruguay conserva instituciones reconocidas internacionalmente, credibilidad monetaria y una posición financiera que le permite sostener su grado inversor. Al mismo tiempo, enfrenta un crecimiento económico modesto, presiones fiscales persistentes y una deuda que exige una administración cuidadosa.
El principal desafío para el gobierno de Yamandú Orsi será convertir esa estabilidad en una recuperación económica más dinámica. La evolución de las inversiones, la recaudación tributaria y el gasto público durante 2027 resultará decisiva para determinar si Uruguay consigue cumplir la trayectoria fiscal proyectada sin comprometer sus objetivos de desarrollo y protección social.
Fuentes de información: S&P Global Ratings, informe soberano de Uruguay del 11 de noviembre de 2026; Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, Unidad de Gestión de Deuda; Fondo Monetario Internacional, declaración de la misión del Artículo IV correspondiente a septiembre de 2026.
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