Se votará la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina que busca relativizar la protección de ecosistemas clave

La reforma en el centro del debate nacional

El próximo 8 de abril se perfila como una fecha determinante para el futuro ambiental de Argentina. La Cámara de Diputados se apresta a votar la sanción definitiva de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Gobierno libertario de Javier Milei y un grupo de gobernadores.

Esta modificación busca otorgar a las provincias la potestad exclusiva de decidir qué glaciares deben ser protegidos, abriendo así una potencial puerta a la expansión de la megaminería en zonas cruciales para la reserva hídrica del país. Mientras tanto, a lo largo y ancho del territorio nacional, se organizan diversas acciones de protesta en rechazo a la medida.

Un paso legislativo con apoyos inesperados

El oficialismo, representado por el gobierno de La Libertad Avanza, avanza hacia la votación de una reforma calificada por muchos como regresiva para la protección ambiental. La media sanción de esta iniciativa ya fue obtenida en el Senado el pasado 26 de febrero, con un resultado de 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

A pesar de que la fracción mayoritaria del kirchnerismo manifestó su oposición a la iniciativa, la propuesta obtuvo el apoyo de un par de senadores justicialistas. Estos legisladores, Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), encontraron en este debate una confluencia de intereses con figuras del peronismo disidente. Entre ellos figuran Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), todos parte del emergente bloque Convicción Federal.

El corazón de la modificación: ¿Quién decide la protección?¿Los gobernadores o la ciencia?

La propuesta de reforma centraliza el poder de decisión sobre los glaciares en manos de cada provincia. Esto implica que cada jurisdicción tendría la facultad de determinar qué masas de hielo proteger y cuáles no en función de la política de turno y no en función de los análisis científicos que protegen la biodiversidad y el medioambiente para la salud y futuro nacional argentino.

En este marco, serían los gobernadores quienes definirían la autoridad competente para evaluar si un glaciar posee o carece de la controvertida «relevancia hídrica».

Glaciares: Las reservas estratégicas y ecosistemas regionales interconectados

Es fundamental comprender que los glaciares no son elementos aislados en el paisaje. Constituyen componentes vitales de complejos sistemas hídricos, integrando cuencas interconectadas.

La hidrología ha demostrado que cualquier intervención en la parte alta de una cuenca, como podría ser afectar un glaciar, genera impactos directos en los ríos, en la cantidad y calidad del agua, y, en última instancia, en las poblaciones que habitan aguas abajo, con efectos considerados irreversibles en la actualidad.

En épocas de sequía, estos gigantes de hielo pueden aportar más del 40% del caudal de los ríos andinos, lo que los convierte en reservas estratégicas de agua. La pregunta entonces es clara: ¿»relevancia hídrica» para quién? Si una provincia avanza sobre un glaciar, sus decisiones podrían impactar no solo su propio territorio, sino también a provincias vecinas, pues el agua, por naturaleza, no respeta fronteras administrativas.

El Impacto regional de la minería extractivista es una amenaza real para el actual clima global

Más allá de su rol hídrico local, los glaciares ejercen una influencia crucial en el clima regional. Su deterioro no es solo un inconveniente localizado, sino que contribuye a agravar la crisis climática a una escala mayor.

Se estima que al menos 7 millones de personas en 12 provincias argentinas podrían verse afectadas directamente por esta reforma, y un número mucho mayor de forma indirecta.

Lecciones del pasado: casos emblemáticos de megaminería

Las consecuencias de la megaminería en áreas sensibles no son una mera hipótesis en Argentina. Experiencias pasadas como los proyectos Pascua-Lama en San Juan o La Alumbrera en Tucumán han dejado claras evidencias de sus efectos: intoxicación y contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, deterioro de ecosistemas completos y desplazamiento de comunidades. Estos impactos demuestran cómo se vulneran otras actividades económicas, sociales y a las poblaciones locales.

Audiencia pública: Un proceso cuestionado por la ciudadanía

En un intento por legitimar la reforma, el Gobierno convocó a una audiencia pública que, según el texto original, «pasó algo inédito». Más de 105 mil personas de todo el país se inscribieron para participar, un récord absoluto. Sin embargo, el Gobierno habría «censurado la participación», permitiendo que se expresaran menos de 200 individuos.

Aún así, la inmensa mayoría de quienes lograron hablar se manifestó en contra de la modificación. Un aspecto que generó «escándalo por todos lados» fue que entre los pocos oradores a favor, se encontraron personas que ni siquiera figuraban en los registros de inscriptos, lo que ha sido señalado como una «puesta en escena» que ni siquiera se disimuló.

Alianzas políticas: La mesa de cobre y litio comprando en el congreso

Aunque el Gobierno se encuentra «quizás en su peor momento político y cada vez con menos capital político», no está solo en este impulso reformista. La solicitud de modificación proviene de los gobernadores que conforman la Mesa de Cobre y Litio, quienes tienen previsto presentarse en el Congreso el día 7 para un plenario informativo.

Entre los mandatarios que ya entregaron su voto y que participarán se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy). Según el reporte, estos gobernadores «van a defender sus propios negociados con las mineras».

Incluso se menciona el caso de legisladores que actúan como «empleados directos de las mineras», como Flavia Royón, del peronismo salteño, quien ha sido denunciada penalmente por abogados ambientalistas por supuestamente operar «de los dos lados del mostrador».

Actualmente la red de abogados ambientalistas en Argentina se encuentra realizando denuncias varias por este tipo de casos de corrupción en el Congreso Argentino.

Beneficiarios ocultos: Fondos de inversión globales que se llevan minerales con las regalías más bajas del mundo

El análisis señala a grandes fondos de inversión internacionales, como BlackRock o Vanguard, como los principales beneficiarios de esta reforma. Estas entidades no solo respaldan a las grandes corporaciones mineras, sino que también poseen bonos de la deuda argentina. La premisa expuesta es que esta deuda se convierte en un instrumento de presión, «atan con la deuda… y después usan esa misma deuda para justificar la profundización del saqueo y la dependencia».

Desarrollo y empleo, un argumento inconsistente: las pruebas empíricas en las provincias que realizaron prácticas mineras contradicen esta teoría del empleo

El argumento oficial es que la megaminería impulsa el desarrollo y genera empleo. Sin embargo, el texto lo contradice: un gran proyecto minero, «en el mejor de los casos, unos pocos miles de puestos de trabajo en la fase de construcción. No son un millón de puestos de trabajo, a lo sumo 10 mil». Y mucha de la mano de obra especializada vendrá del exterior. Sin mencionar que el trabajo de la industria minera se encuentra principalmente automatizada.

En contraste, se destaca que Argentina enfrenta un déficit habitacional que afecta a más de un millón de personas, con millones viviendo en condiciones de hacinamiento. Un plan de obra pública que atacara solo el 10% de este déficit podría crear más de 100 mil puestos de trabajo, «diez veces más que la megaminería».

La lucha por el ambiente como parte de una causa mayor

Por lo tanto, la megaminería no sería la única vía de desarrollo ni una solución real al problema del empleo. Las políticas económicas del actual Gobierno, caracterizadas por «más ajuste, más despidos, más precarización», demuestran que el extractivismo no representa una salida laboral sostenible para la mayoría sino un beneficio para los amigos de turno.

Más bien, se lo presenta como un modelo que atenta «contra nuestro ambiente, salud y también contra las y los trabajadores». La batalla por el ambiente, se sostiene, no puede disociarse de la lucha por una mejor calidad de vida y «llegar a fin de mes». Es una misma causa, y la clave reside en potenciar «todas las luchas que se enfrentan al gobierno», desde las universidades hasta la salud, los jubilados y los trabajadores organizados como los de FATE.

Un llamado a la movilización social

La reciente conmemoración del 24 de marzo por las Audiencias Públicas sobre la modificación de La Ley Glaciares evidenció la capacidad de la sociedad para enfrentar «estos ataques».

Para el 8 de abril, día de la votación en Diputados, el desafío es claro: «conectar las luchas y construir una gran jornada nacional» bajo la consigna: «¡el agua vale más que todo y la ley de glaciares no se toca!»

Organizaciones ambientales en Argentina han intensificado sus acciones. Entre estas acciones se encuentra la creación de un sitio para la identificación de todos los diputados que votarán junto a links de redes sociales por los cuales pueden compartir un mensaje que incluye el hashtag #LaLeydeGlaciaresNoSeToca directo etiquetando al diputado. Por otro lado llamaron a un tuitazo y una jornada de ruidazos el 8 de abril, para rechazar la reforma de la Ley de Glaciares.

El reclamo busca frenar cambios que, según denuncian, beneficiarían al extractivismo minero y pondrían en peligro las reservas de agua dulce, bajo el lema #LaLeyDeGlaciaresNoSeToca.

Acciones de protesta: Greenpeace Argentina y otras organizaciones han realizado intervenciones en el Congreso y convocado a ruidazos nacionales el 8 de abril.

Alerta Internacional: Organizaciones han citado alertas de la ONU sobre el impacto negativo que tendría reducir la protección de estos ecosistemas.

Reclamo de la comunidad: Con consignas como «El agua vale más que el oro» y movilizaciones (incluyendo en El Calafate), se defiende la actual ley.

La situación es tensa, habiéndose producido incluso detenciones de activistas que protestaban frente al Congreso en febrero y abril de 2026.

Mirá la sesión de Diputados en el Congreso Argentina acá: