Quién es la fiscal Mónica Ferrero: lo que ha hecho por el caso Marset
La fiscal de Corte interina de Uruguay, blanco de un atentado en su hogar, lidera una cruzada contra el narcotráfico en un país sacudido por la sombra de Sebastián Marset.

En la quietud de una madrugada uruguaya, cuando el sol aún no asomaba sobre los suburbios de Montevideo, dos sombras irrumpieron en la vida de Mónica Ferrero. Eran las 5:00 de la mañana del domingo 28 de septiembre de 2025. Los intrusos forzaron la entrada de su vivienda, dispararon dos veces al aire, destrozaron muebles y cavaron un pozo en el patio trasero.
La fiscal de Corte, de 64 años, se encontraba dentro de la casa, despierta por el estrépito. No hubo heridos, pero la Policía Científica evacuó el lugar por temor a un artefacto explosivo oculto.
Este atentado, calificado como un intento de asesinato, no es un hecho aislado. Ferrero, conocida por su perfil bajo y su mano dura contra el narcotráfico, ha sido blanco de amenazas durante años. Y en el centro de esa vorágine criminal está Sebastián Marset, el «Rey del Sur», el narcotraficante uruguayo más buscado del continente, cuya red ha teñido de sangre y corrupción las instituciones de Uruguay.
Quién es la fiscal Mónica Ferrero
Mónica Yannet Ferrero Álvarez nació el 18 de septiembre de 1961 en Young, un pueblo rural del departamento de Río Negro, en el noroeste uruguayo. Hija de una familia modesta, su vocación por la justicia la llevó a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde se graduó como abogada en 1986.
Su carrera en el Poder Judicial comenzó en 1992 como Jueza de Paz en Migues, Canelones, un cargo humilde que abandonó un año después para unirse al Ministerio Público. Desde entonces, su trayectoria ha sido un ascenso constante, marcado por la tenacidad y la discreción. Pasó por fiscalías en Tacuarembó, Paysandú y Pando, antes de llegar a Montevideo en 2000 como Fiscal Letrada Nacional en lo Penal.
En 2009, Ferrero asumió la Fiscalía Letrada Nacional Especializada en Crimen Organizado, un rol pionero creado por la ley 18.390 para combatir las redes transnacionales de delito. Allí, su trabajo se centró en desmantelar estructuras de lavado de activos y tráfico de estupefacientes. Abogados la describen como «tenaz y dura«, una profesional «intachable» que genera respeto en los tribunales y pavor en los bajos mundos.
En 2017, con la entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal, fue nombrada Fiscal Penal de Montevideo de Estupefacientes, un puesto que la convirtió en la punta de lanza contra el narco en la capital. Hoy, desde el 30 de agosto de 2024, subroga como Fiscal de Corte y Procuradora General de la Nación, tras la jubilación de Juan Gómez. Es la cuarta mujer en ese cargo, siempre en forma interina, pero su influencia es innegable.
El trabajo de Ferrero detrás de Sebastián Marset
El nombre de Ferrero se entrelaza inexorablemente con el de Sebastián Marset Cabrera, un joven de 36 años que pasó de ser un futbolista amateur en Maldonado a liderar el Primer Cartel Uruguayo (PCU), una de las redes de narcotráfico más sofisticadas de Sudamérica. Marset, apodado el «Rey del Sur» por su control de rutas desde Bolivia hasta Europa, inició su carrera criminal en 2012 con envíos de marihuana orquestados por el Clan Insfrán de Paraguay.
Tras cinco años en la prisión Libertad —donde forjó alianzas con el Primer Comando da Capital (PCC) brasileño—, salió en 2018 y escaló: coordinaba cargamentos de cocaína a través de Paraguay, lavaba dinero vía concesionarias de autos como Total Cars y promociones de conciertos. Sus nexos con la ‘Ndrangheta italiana y el PCC lo convirtieron en un operador global, vinculado incluso al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022, aunque él lo niega.
El pasaporte que lee dio el gobierno de Lacalle Pou
El escándalo que catapultó a Marset a los titulares internacionales estalló en 2021. Detenido en Dubái con un pasaporte paraguayo falso, el narco solicitó asilo diplomático uruguayo. Sorprendentemente, el gobierno de Luis Lacalle Pou le emitió un pasaporte legítimo en menos de 24 horas, gracias a un decreto laxo que no verificaba antecedentes internacionales.
El caso Marset desató una crisis: renunciaron la vicecanciller Carolina Ache, el canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Heber y varios asesores. En 2023, allanamientos en Bolivia revelaron su mansión en Santa Cruz, repleta de armas, vehículos de lujo y animales exóticos, pero Marset escapó con su familia.
Hoy, fugitivo, enfrenta cargos en EE.UU. por lavado de dinero; Washington ofrece dos millones de dólares por su captura, y se rumorea que se esconde en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue detenida en Madrid en julio de 2024, y familiares como su hermano Diego Nicolás cayeron en Brasil.
Ferrero entró en escena a principios de 2020, cuando como fiscal de Estupefacientes lideró la incautación de dos toneladas de cocaína, un golpe directo al imperio de Marset. Días después, el 29 de mayo, un atentado con bombas molotov devastó la Brigada Antidrogas de Montevideo. Al día siguiente, Ferrero recibió una amenaza anónima: «Si no flexibilizan las acciones contra el narco, lo próximo será peor». El mensaje, enviado desde un celular familiar, provenía de Rodrigo Arias, hijo de un empresario del fútbol, imputado por violencia privada.
Ferrero, que se considera «la que mejor conoce a Marset desde el principio», ha profundizado su rol en los últimos meses. En abril de 2024, ordenó reabrir la pesquisa por la pérdida de audios clave en un caso relacionado con el narco, un escándalo que salpica a exfuncionarios judiciales. En septiembre, ante la Comisión de Hacienda del Parlamento, exigió recursos para fiscalías especializadas en cibercrimen —»el talón de Aquiles del narco»—, advirtiendo: «Sin dinero, será muy difícil combatir la delincuencia». Admitió amenazas constantes: señas de muerte, una falsa rapiña que le dislocó un brazo. «Sigo adelante por dignidad», dijo.

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