Garantías falsas y empresas de papel: el entramado que llevó al Estado uruguayo a reclamar US$ 35 millones a Cardama

En diciembre de 2023, el Ministerio de Defensa de Uruguay, con la batuta de Javier García como orquestador, firmó con el astillero Cardama un contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) por un total de 82 millones de euros. La activación del acuerdo requería que la empresa presentara dos garantías en un plazo de 45 días: un aval de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros y otro de reembolso por 8,2 millones.

Sin embargo, el proceso se extendió once meses. Cardama logró que Defensa aceptara una garantía de fiel cumplimiento emitida por Eurocommerce Bank, una supuesta institución financiera domiciliada en Londres, y otra de Redbridge Insurance Company. Ambas resultarían ser fraudulentas.

El gobierno constató el fraude en octubre de 2025, cuando intentó ejecutar la garantía. “La constatación del fraude es indiscutible: Eurocommerce no era una institución bancaria, carecía de actividad económica, de empleados, de domicilio real y de registro ante los organismos reguladores del Reino Unido”, sostiene la demanda a la que accedió el semanario Búsqueda.

A partir de ese momento, el Estado inició acciones penales y civiles. La demanda, que supera las 200 páginas, reclama la restitución de los 28.794.500 euros ya transferidos al astillero, los gastos legales incurridos, la diferencia entre el costo original y el de las patrulleras que finalmente se adquieran, y otros daños y perjuicios.

El rol de las intermediarias: dos empresas sin capacidad financiera

Francisco Cardama, titular del astillero, presentó una denuncia penal en España alegando ser también víctima del fraude. En ese marco, surgió un elemento clave que hasta entonces no se conocía: la intervención de dos intermediarias contratadas para conseguir las garantías.

“La concurrencia de estas anomalías configura una estructura de fachada deliberadamente diseñada para dotar de apariencia de legitimidad a un proceso de obtención de garantías que carecía de respaldo real”, afirma el informe del estudio jurídico español Uría Menéndez, contratado por el gobierno para investigar el caso.

La primera intermediaria es Forum Europe SL, una empresa registrada en Valencia en marzo de 2021 para el rubro “comercio al por mayor de frutas y hortalizas”. Meses después sumó la venta de pallets, su actividad principal según su página web. En 2022 y 2023 llegó a tener ocho empleados, pero en 2024 el promedio fue de 1,3 trabajadores, según datos del sitio Axesor que obtuvo el mencionado medio.

Forum Europe fue contratada por Cardama el 17 de diciembre de 2023, apenas dos días después de la firma del contrato con el Estado, y renovó el vínculo el 15 de octubre de 2024, mientras el astillero negociaba con Defensa la aceptación de la garantía de Eurocommerce Bank.

El informe de Uría Menéndez detectó que Forum Europe cambió su objeto social en enero de 2025, “lo que demuestra que en el momento de la contratación carecía incluso en papel de capacidad legal para esta actividad”. Su nueva dirección fue trasladada a un parque industrial en las afueras de Valencia.

La segunda intermediaria, Star Alliance Consulting, fue constituida apenas cuatro meses antes del contrato con Cardama, con el capital social mínimo legal de 3.000 euros. Su activo total era inferior a 12.005 euros y no contaba con ningún empleado en plantilla, según consta en la demanda. La dirección declarada de Star Alliance Consulting es un cowork en el centro de Madrid.

El semanario mencionado llamó al teléfono que figura en su página web, un número celular francés. Una persona que hablaba español atendió la llamada, pero al identificarse el periodista, el interlocutor cortó la comunicación y no volvió a responder.

Dolo o negligencia: el patrón de conducta según el Estado

La demanda presentada por Uruguay acusa a Cardama de actuar con “dolo” durante todo el proceso. El gobierno sostiene que no se trata de una sucesión de errores aislados, sino de “un patrón sostenido que, examinado en su conjunto, presenta las notas propias del dolo”.

La investigación estableció que Cardama envió en dos ocasiones a Defensa documentos relacionados con el aval de Eurocommerce Bank firmados por su notario de confianza, Miguel Lucas Sánchez, buscando dotar de “solemnidad” a papeles sin valor legal real. “La garantía presentada al Estado uruguayo estuvo acompañada, desde el principio, de documentación notarial adulterada y de un contenido conscientemente distorsionado”, sostiene la demanda.

El 22 de octubre de 2025, minutos antes de que el gobierno anunciara públicamente la detección del fraude, Cardama envió a Defensa la renovación de la póliza vencida. Era un documento similar al anterior, con los mismos datos falsos y sin apostillar. Una pericia de Policía Científica sugiere que es apócrifo.

El conflicto de intereses con Redbridge Insurance Company

La demanda también cuestiona la garantía emitida por Redbridge Insurance Company. Cardama presentó un documento de “Términos y condiciones” y no la póliza correcta. Cuando el gobierno obtuvo la verdadera póliza en 2025, detectó que sus condiciones no se ajustaban al contrato firmado.

“La verdadera póliza de Redbridge, de haberse conocido su contenido al momento de la presentación de las garantías por Cardama, habría sido rechazada”, afirma la demanda.

El astillero presentó un informe del corredor de seguros Organización de Seguros MyN de Freitas SRL que aseguraba que Redbridge tenía las condiciones necesarias para emitir la póliza. En la póliza que el gobierno logró obtener, MyN de Freitas aparece como broker favorecido del negocio.

“Esto constituye otra grave violación del principio de buena fe por parte de Cardama, ya que el evidente conflicto de intereses entre los dos agentes hace que la constancia emitida por el corredor de seguros local carezca de todo valor”, sostiene la demanda.