Jueza rechaza prescripción en caso Penadés y reconoce obstáculos estatales para las víctimas
El fallo reconoce que las víctimas del caso Penadés enfrentaron condiciones institucionales que les impidieron acceder al sistema judicial, incluyendo la situación de N bajo custodia del Iname y la denuncia no tramitada en 2014.
La decisión judicial que marca un precedente en el derecho penal uruguayo llegó este jueves cuando la jueza de garantías, Vargas, rechazó el planteo de prescripción solicitado por la defensa del exsenador Gustavo Penadés.
El fallo abarca hechos ocurridos desde 1990 hasta 2007 y establece que las víctimas no pudieron acceder oportunamente al sistema de justicia debido a barreras institucionales que el propio Estado generó.
El proceso judicial se extiende por más de dos años e involucra a cinco víctimas identificadas como MID2, Javier Viana, O, N y Romina Celeste Pappaso.
La jueza fundamentó su decisión en el artículo 121 del Código Penal, que establece que cualquier transgresión penal posterior interrumpe el plazo de prescripción del delito anterior.
Los argumentos que definieron el fallo
La fiscalía, representada por Isabel Ithurralde, sostuvo su posición basándose en la interpretación del artículo 121 del Código Penal. Citando al jurista Miguel Langón, afirmó que el delito más reciente interrumpe la prescripción del más antiguo, sin requerir sentencia de condena. “Se interrumpe por transgresión a la ley penal. El más reciente interrumpe al más antiguo”, argumentó la fiscal durante la audiencia.
La defensa de Penadés, encabezada por los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto, planteó una postura radicalmente opuesta. Robatto, quien integra el Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho desde hace 20 años, insistió en que “la prescripción es de carácter sustantivo” y no procesal.
“Acá parece que lo único que existe es la ley de género”, se quejó durante el debate, refiriéndose a la influencia de los nuevos paradigmas jurídicos en el derecho penal tradicional.
El factor decisivo: El obstáculo estatal
La jueza Vargas incorporó un elemento determinante para su fallo: el contexto institucional que impidió a las víctimas denunciar. “¿Qué posibilidad tuvo toda esa gente para poder movilizar al poder punitivo?”, cuestionó la magistrada, aludiendo al caso del policía de 19 años que denunció a Penadés en 2014 y cuya denuncia nunca llegó a su juzgado.
Especialmente significativo fue el caso de N, una víctima que se encontraba bajo custodia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Iname). “Si iba a una seccional a hacer una denuncia, lo agarraban y se lo llevaban de nuevo para el Iname”, explicó la jueza.
La reacción de los defensores
La defensa manifestó su intención de apelar la decisión inmediatamente. Guerrero, Robatto y Gavazzo, quienes representan a Penadés y a otros implicados, anunciaron que solicitarán el sobreseimiento de su defendido sobre otras víctimas en la próxima audiencia del 20 de agosto. “Lo pueden pintar como quieran pero esto está prescripto”, insistió Guerrero, respaldado por una gráfica que trazaba las líneas temporales de cada caso.
Robatto anticipó la tensión al señalar que los defensores se sienten “influenciados por los nuevos paradigmas” y advirtió sobre una supuesta falta de garantías para el imputado. “No tengan la soberbia, no se crean que son los únicos que estudian derecho internacional”, reclamó durante el debate, cuando las voces comenzaban a subir de tono.
La Sentencia del TAP 1 como Antecedente Contradictorio
Un elemento que generó controversia fue la sentencia reciente del Tribunal de Apelaciones Penal (TAP) 1, citada por Gavazzo, que absolvió a un militar al considerar que el delito de encubrimiento no es de lesa humanidad y por tanto es prescriptible. “No se pueden tratar de forma aislada a los efectos de tener un resultado que me favorezca”, señaló la defensora, advirtiendo sobre una aplicación selectiva de los estándares internacionales.
La fiscal Ithurralde respondió contundentemente: “No compartimos muchas de las cosas que dicen, me hablan de lealtad acá es un tema de respeto. No nos basemos en algo parcializado, es un tema de contexto de prueba en el juicio”.
Lo que viene en el proceso judicial
La jueza advirtió que será responsabilidad de la fiscalía probar en el juicio las circunstancias que impidieron a las víctimas denunciar. “No quiere decir que los delitos sexuales sean imprescriptibles sino que hubo situaciones que no dejaron denunciar. Silenciaron a todas esas personas”, concluyó la magistrada.
“No puedo descolgar a Penadés en una prescripción de pizarra”, enfatizó Vargas, señalando que el caso requiere un análisis contextual que trascienda la mera aplicación numérica de plazos legales.
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