El Senado argentino aprobó la repudiada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, pero con varias derrotas

El Senado de la Nación Argentina aprobó en general y en particular, pasadas la 1.40 de la madrugada de este viernes, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el liderazgo técnico de Federico Sturzenegger. La iniciativa obtuvo 37 votos positivos, 33 negativos y ninguna abstención, luego de más de 11 horas de debate.

La votación estuvo rodeada de fuertes disturbios: se registraron al menos 11 detenidos en las inmediaciones del Congreso, con un violento operativo policial de 820 efectivos que dispersó con camiones hidrantes y gases lacrimógenos a los manifestantes que se movilizaron pacíficamente en contra del proyecto.

Qué se cayó del proyecto por presión política y social

El texto que finalmente logró media sanción quedó muy lejos del borrador original enviado por el Ejecutivo. Dos capítulos completos no lograron sobrevivir al debate:

Extranjerización de tierras rurales. La reforma a la Ley 26.737 buscaba eliminar los límites generales aplicables a personas y empresas extranjeras para la compra de tierras, concentrando las restricciones solo en Estados extranjeros y sociedades vinculadas a ellos. Fue uno de los puntos más resistidos y se excluyó antes de que el proyecto llegara al recinto.

La Ley de Manejo del Fuego fue el último capítulo en caer, literalmente sobre la hora. El senador oficialista Agustín Coto anunció en el recinto la eliminación del capítulo, en respuesta al fuerte rechazo expresado por los bloques opositores durante el debate. El oficialismo lo bajó porque no contaba con los votos necesarios para aprobarlo. Fuentes precisaron que La Libertad Avanza lo retiró a último momento para poder asegurar el resto de los votos del proyecto.

La diputada Victoria Tolosa Paz sintetizó el efecto de la movilización en la calle: consideró que la presión popular ya había comenzado a frenar aspectos centrales de la propuesta oficialista.

Qué quedó vigente en el texto con media sanción

Pese a los recortes, el proyecto conserva reformas de fondo que ahora deberá tratar Diputados:

Expropiaciones (Ley 21.499): redefine la indemnización expropiatoria, que solo comprenderá el valor objetivo de mercado del bien y los daños directos e inmediatos derivados de la expropiación, sin considerar circunstancias personales, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. Fue blanco de críticas de la oposición: la senadora Recalde sostuvo que la norma busca restringir la facultad del Estado de expropiar por bien común y encarecer cualquier intento futuro de recuperar empresas estratégicas.

Procedimiento de desalojo (Ley 17.454): se mantiene la reforma, aunque el texto final incorporó salvaguardas específicas respecto de la versión original y habilita mecanismos de restitución anticipada en los procesos de desalojo.

Regularización dominial: el proyecto cambió de objetivo respecto del borrador inicial: ya no modifica el régimen del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), sino la Ley 24.374 de regularización dominial. Este capítulo generó fuertes cuestionamientos: Recalde advirtió que dificulta el acceso a la propiedad de quienes ocupan un terreno de forma pacífica pero no logran acceder a una escritura, más de seis millones de argentinos en esa situación.

Registros de la Propiedad Inmueble (Ley 17.801): moderniza el sistema registral, reconociendo la presentación de documentos digitales y exigiendo firma digital tanto en la solicitud como en el instrumento registrable.

Compensación ambiental: aunque se cayó el capítulo específico de manejo del fuego, el proyecto igual incorpora obligaciones para que Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires fortalezcan la prevención, vigilancia, alerta temprana e investigación de incendios intencionales, además de promover programas de restauración ambiental.

Un texto que cambió varias veces sobre la marcha

El proyecto que obtuvo media sanción tiene 48 artículos, con diferencias relevantes respecto de la versión original enviada por el Poder Ejecutivo bajo el expediente PE-13/26. El propio interbloque opositor cuestionó la dinámica legislativa: José Mayans, jefe del bloque Justicialista, pidió que el proyecto volviera a comisión en protesta por la cantidad de modificaciones sufridas entre la firma original del dictamen y la sesión, aunque la moción fue rechazada por 38 votos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, donde podría sufrir nuevos ajustes antes de convertirse en ley. La discusión llega en un clima de alta polarización, con organizaciones sociales y sindicales que ya anticipan nuevas movilizaciones si se intenta reincorporar los capítulos descartados.