Colillas de cigarro en el Palacio Legislativo: se busca al infractor y la oposición critica los controles

Una denuncia por colillas de cigarrillo encontradas en una sala del Palacio Legislativo derivó en una inspección del Ministerio de Salud Pública y en un cruce político sobre los límites de esa intervención. El episodio, ocurrido entre el 22 y el 27 de junio de 2026, involucró a la vicepresidenta Carolina Cosse, a inspectores del MSP y a varios legisladores de la oposición que cuestionaron el ingreso a despachos individuales.

El hallazgo se produjo el lunes 22 de junio en la sala Martín C. Martínez, un espacio habitual de reuniones parlamentarias, poco después de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en el Senado. Tres días más tarde, el 25 de junio, Cosse —en su rol de presidenta de la Asamblea General— envió una nota a los legisladores recordando que fumar está prohibido en los espacios cerrados del Palacio y pidiendo preservar las condiciones de higiene y seguridad del edificio.

La denuncia dio lugar a una inspección formal del MSP. Según el acta de esa visita, compartida en redes sociales por el senador nacionalista Sebastián Da Silva, los inspectores recorrieron distintas áreas en varios pisos del edificio, incluidos patios internos, cantinas y despachos de senadores, y dejaron cartelería oficial de prohibición de fumar y vapear. El documento concluyó que no se constataron incumplimientos a la Ley 18.256 durante esa recorrida puntual.

Rechazo de la oposición a las inspecciones del MSP

El episodio tuvo una segunda etapa esta semana. Da Silva fue convocado por la Comisión Administrativa y la Dirección Jurídica del Poder Legislativo para responder preguntas sobre el hallazgo de las colillas. El senador devolvió el documento con una respuesta manuscrita: “Se devuelve por improcedente. Esto no es Egipto”.

La discusión política no giró en torno a la prohibición de fumar en sí, que ningún legislador cuestionó, sino al procedimiento utilizado para constatarla. El senador colorado Pedro Bordaberry fue el más crítico. Sostuvo que “entrar ahí, aunque sea solo para mirar, es entrar en la intimidad de ese trabajo”, y agregó que, de haber existido una orden de la Vicepresidencia para ingresar a un despacho sin autorización, eso “sería un acto autoritario”.

Antes de esa declaración, Bordaberry ya había planteado que un despacho legislativo “no es un área común”, sino “un espacio de trabajo exclusivo, donde se guardan documentos de investigaciones en curso, papeles con datos reservados, correspondencia y borradores que hacen a la tarea de representar a la ciudadanía”.

El diputado colorado Walter Verri coincidió en el diagnóstico. Escribió que el operativo había alcanzado “despachos de varios legisladores y áreas comunes del Palacio Legislativo” y sostuvo que, aunque él no tenía nada para ocultar, “cuando se traspasan límites se socava la democracia”. Verri calificó el hecho como una “clara vulneración de los fueros parlamentarios” y planteó llevar el tema al plenario de la Cámara.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez fue en la misma dirección con un mensaje que circuló ampliamente: “¡El colmo del Gran Hermano! Esta mañana, funcionarios del MSP se han presentado a ‘inspeccionar’ los despachos de legisladores. ¿Desde cuándo funcionarios del Poder Ejecutivo inspeccionan despachos de los legisladores?”.

El senador colorado Tabaré Viera, integrante de la Comisión Administrativa del Palacio, calificó el episodio como “muy grave” y afirmó no haber estado al tanto de la disposición. No todas las voces opositoras coincidieron en el reclamo: la senadora nacionalista Graciela Bianchi consideró que la carta de Cosse no era la forma correcta de “manejar la autoridad” y que el tema debió plantearse en la coordinación interpartidaria, antes que en una inspección directa.

Tras el interrogatorio a Da Silva, el senador colorado Sergio Botana calificó también de “improcedente” el procedimiento y cuestionó que se invocara un estatuto propio del funcionario de la Cámara de Senadores cuando, según su interpretación, se trataba de “funcionarios de la República”. Botana consideró “absolutamente ridículo” que el Estado destine tiempo institucional a esta discusión.

“Estoy cansado de denunciar que se fuma en el baño”

No todo el arco político acompañó estas críticas. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, salió en defensa de la vicepresidenta: “Tiene razón Cosse, estoy cansado de denunciar que en el baño del 4 piso pegado a mi despacho es el lugar para fumar, todo el mundo fuma adentro del palacio, déjense de joder y cumplan con la ley”.

Desde la administración del Palacio, el prosecretario de la Comisión Administrativa, José Gutiérrez, aclaró que las inspecciones “fueron llevadas adelante” por el MSP y que no hubo “ninguna orden de la vicepresidenta ni de ningún integrante de la comisión administrativa”. Según explicó, solo se ingresó a los espacios cuyos responsables autorizaron el acceso, de acuerdo con la información proporcionada por los funcionarios de carrera del edificio.

Es prohibido fumar en el Palacio Legislativo

La base legal de todo el episodio es anterior y ajena a la coyuntura política actual. Uruguay adhirió al convenio marco de control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud el 19 de junio de 2003, durante la presidencia de Jorge Batlle; ese convenio se ratificó el 9 de agosto de 2004 y entró en vigor el 27 de febrero de 2005.

La ley nacional que efectivamente prohíbe fumar en espacios cerrados de uso público, la 18.256, es de 2008, y en 2023 el Senado amplió esa normativa aprobando por unanimidad la prohibición de arrojar colillas en espacios públicos.

El impacto sanitario de ese marco regulatorio ha sido sostenido: el consumo de tabaco en Uruguay pasó de un 35% en 2005 a un 22,2% en 2014 y a un 20,4% en 2018, según cifras oficiales citadas en registros históricos de la normativa. El episodio del Palacio Legislativo, entonces, no cuestiona la existencia de la prohibición sino el equilibrio entre el control sanitario del Estado y la autonomía de los espacios de trabajo parlamentario, una tensión institucional que sigue sin resolución formal.