Intendente de Cerro Largo (PN) denuncia a la administración anterior por presuntas irregularidades

El intendente de Cerro Largo, Christian Morel (Partido Nacional), presentó anoche los resultados de una auditoría externa sobre la gestión de su antecesor, José Yurramendi, también del PN. “Hay elementos que estamos convencidos de que estamos preparados para llevarlos a Fiscalía”, afirmó el gobernante en conferencia de prensa. El informe detecta presuntas irregularidades que abarcan desde retenciones salariales no transferidas hasta posibles empresas fantasmas.

Según informó el medio local La Red Independiente, la auditoría constató que se descontaban montos de salarios de funcionarios por mutualistas, préstamos y otras obligaciones. Sin embargo, ese dinero no habría sido transferido posteriormente a las instituciones correspondientes. El actual director de Hacienda, contador Alejandro Duarte, señaló además que encontraron cuentas corrientes con saldos insuficientes, pese a existir recursos asignados a obras específicas.

Aumentos sin respaldo y partidas a sola firma

El informe detectó incrementos salariales vinculados a horas extras, jornales e insalubridad sin documentación que los respalde. Más grave aún: cinco funcionarios de Recursos Humanos percibieron partidas aprobadas únicamente mediante una nota firmada por el entonces director del área. El procedimiento administrativo exige la autorización expresa del intendente, algo que no ocurrió.

En el 90% de las adquisiciones analizadas no existen evidencias de procesos competitivos. El análisis de precios reveló que la comuna habría pagado hasta un 20% por encima de los valores de mercado. También se detectaron facturas con irregularidades formales y expedientes sin identificación clara de la dirección responsable.

Empresas fantasma: facturación casi exclusiva a la comuna

Más de diez empresas proveedoras presentan facturas con numeración correlativa vinculada casi exclusivamente a operaciones con la Intendencia. Esto generó “sospechas sobre la posible existencia de firmas creadas únicamente para vender productos al gobierno departamental de forma discrecional”, explicó Morel. El equipo jurídico municipal, liderado por Daniel Gómez, ya inició una investigación administrativa interna que incluirá citaciones.

Un proveedor de materiales de construcción reclama 8 millones de pesos por mercadería entregada. Sin embargo, “no existe orden de compra, autorización del ordenador de gastos ni firma del intendente departamental”, afirmó Alejandro Duarte. La auditoría tampoco encontró documentación que permita establecer en qué obras fueron utilizados esos materiales. El expediente únicamente contiene la firma del entonces responsable del área social.

Las actuales autoridades calificaron las observaciones de “extrema gravedad” y no descartan futuras denuncias penales. El caso será sometido a un análisis jurídico más exhaustivo en las próximas semanas.