La comisión especial de la Asamblea General que investigó el contrato con el astillero español Cardama cerró sus puertas el 21 de agosto de 2026. Tras seis meses de trabajo, 17 sesiones y decenas de comparecencias, los legisladores elevaron cuatro informes diferenciados a la Asamblea General, con conclusiones que difícilmente podrían ser más opuestas.
El expediente completo, por decisión unánime, fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, donde el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez ya había solicitado acceso a toda la documentación parlamentaria.
El informe del Frente Amplio, que representa la posición del oficialismo, establece una jerarquía de responsabilidades. Los legisladores frenteamplistas reconocen que “Francisco Cardama SA es el principal responsable de las maniobras descriptas”. Sin embargo, el texto agrega un señalamiento de mayor calado político e institucional: “la consumación del fraude y la magnitud del daño causado al patrimonio público no hubieran sido posibles sin la intervención de funcionarios públicos que, mediante decisiones activas u omisiones en el ejercicio de sus cargos, permitieron que la situación se desarrollara en los términos en que hizo”.
El documento concluye que “estas conductas deberán ser examinadas por los órganos competentes a efectos de determinar si alguna de ellas puede encuadrar en figuras tales como el abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”.
Acusaciones contra jerarcas
Uno de los blancos más concretos del informe oficialista son los denominados “comisarios políticos” de la ministra Sandra Lazo, identificados como Damián Rojas y Daniel Marsiglia. Según el texto, estos funcionarios actuaron “sin contar con norma habilitante, designación formal ni respaldo jurídico alguno”.
El informe agrega que “realizaron actuaciones y elaboraron informes con efectos jurídicos, investigaron e interrogaron a las máximas jerarquías de la Armada Nacional y accedieron a información confidencial”. El Frente Amplio también admite que durante la gestión de Lazo se efectuó “el pago correspondiente al hito C, por 12.340.500 euros, cuando las irregularidades documentales aún no habían sido detectadas”.
A renglón seguido, la bancada destaca que la actual administración logró “detener la ejecución económica del contrato y evitar nuevos pagos por 53.475.500 euros”. “Frente a estos incumplimientos graves, la actual administración adoptó la decisión que correspondía para impedir que el perjuicio al Estado continuara aumentando”, enfatiza el informe.
La Coalición Republicana construye un relato radicalmente distinto
El informe de la oposición sostiene que “el proceso de contratación al astillero Cardama se ajustó a derecho y contó con la intervención previa y sin observaciones del Tribunal de Cuentas”. En materia de garantías, la CR remarca que “en cuanto a la constitución de garantías, se contó en todo momento con el asesoramiento del estudio Delpiazzo, el cual nunca advirtió sobre la existencia de indicios de que la documentación presentada fuera falsa”.
El texto de la oposición dice: “en todo este tiempo, la documentación compulsada y las declaraciones en las comparecencias permiten afirmar que no existen hechos de corrupción en los que estén vinculados funcionarios públicos”.
La defensa de la oposición se apoya en la declaración del propio Miguel Delpiazzo ante la comisión, quien afirmó: “Si el notario acredita que se le acreditó la capacidad documental para otorgar la garantía, entiendo que no me compete; no tengo la capacidad ni las condiciones para verificar la veracidad de eso. Y en ese contexto fue que se planteó que no tenía elementos para suponer que fuera falso”.
La CR también puntualiza que “en una compra de excepción como la analizada, la constitución de garantías no es obligatoria”, aunque en este caso se constituyeron tanto la de reembolso como la de fiel cumplimiento. Desde esta mirada, el gobierno de Orsi habría incurrido en una rescisión apresurada sin la debida evaluación de costos.
El informe cuestiona la “falta de evaluaciones previas”, dado que “no existen informes sobre las contingencias ni sobre los riesgos económicos de una eventual rescisión, incluyendo reclamos arbitrales y civiles”. Agregan que “el Estado contrató estudios jurídicos en Estados Unidos, España y el Reino Unido, con honorarios elevados; hasta el momento se estima un piso de gasto de 1.000.000 de dólares, financiado por la Armada Nacional”.
Los informes de Cabildo Abierto e Identidad Soberana
El texto impulsado por Cabildo Abierto (otrora coalicionista, ahora más cercano al gobierno) explicita como un resultado importante del proceso que “se logró que todos los responsables admitieran que las entregas de garantías de fiel cumplimiento del contrato son falsas”.
El escrito cabildante enfatizó que “la elección del astillero no fue correcta” y puntualizó que “la Armada admitió en algunas apreciaciones que no están preparados para la elección de un astillero en su totalidad, ni tienen las herramientas para profundizar en las estructuras económicas de los proveedores”.
Identidad Soberana, por su parte, concluyó que el “Estado uruguayo fue víctima de una maniobra defraudatoria ejecutada mediante garantías apócrifas emitidas por una entidad inexistente y respaldadas por documentación notarial falsificada”. El partido encabezado por Gustavo Salle remarcó que el Estado “no ejerció ninguno de los controles a que estaba obligado”, y agregó que “la responsabilidad por las decisiones que condujeron al perjuicio es de conducción política”.
Sin embargo, la bancada también apuntó contra la actual administración: si bien “detectó el fraude y actuó”, lo cual “se reconoce”, también “pagó dos hitos sin advertir los defectos documentales” y “permitió la actuación de personas sin acto habilitante sobre información confidencial y sobre oficiales superiores”.
El presidente de la comisión, el senador blanco José Luis Falero, buscó un punto intermedio. Sostuvo que fue “un procedimiento dentro del marco legal”, aunque calificó la rescisión como “una desafortunada decisión del gobierno”, inconveniente “para el buen uso de los dineros públicos”, agregando que “no se asesoró adecuadamente al presidente”. La postura de Falero refleja la incomodidad del Partido Nacional ante un caso que deja a todos los actores políticos con preguntas incómodas.
Recapitulación del escándalo: de la firma del contrato al cierre de la investigadora
El origen de todo se remonta al gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando el Estado uruguayo firmó con el astillero Cardama, con sede en Vigo, la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada. El contrato ascendía a unos 92 millones de dólares, equivalentes a 82 millones de euros.
El escándalo estalló en octubre de 2025. En conferencia de prensa, el presidente Yamandú Orsi anunció que el gobierno iniciaría acciones para rescindir el contrato, invocando “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”.
El detonante fue la detección de que la garantía de fiel cumplimiento, emitida por una empresa llamada Eurocommerce, era falsa o, como se dijo en su momento, “de papel”. Días después, el gobierno presentó una denuncia penal que luego ampliaría. A fin de mes, Orsi agregó que el gobierno anterior había sido “traicionado o engañado de manera evidente”.
El 13 de febrero de 2026, casi cuatro meses después del primer anuncio, Orsi confirmó la rescisión formal del contrato y el inicio de acciones para recuperar el patrimonio del Estado y adquirir las patrullas por otra vía. Ese mismo mes, el senador frenteamplista Sebastián Sabini pidió formar una comisión investigadora para aclarar los hechos y procedimientos, cuestionando por qué se optó por una compra directa y quién acercó a Cardama al Ministerio de Defensa. La comisión quedó constituida bajo la presidencia del senador blanco José Luis Falero, con el mandato de investigar el proceso desde 2010 hasta 2026.
Durante el desarrollo de la pesquisa, entre marzo y agosto de 2026, se sucedieron episodios de alta tensión política. En abril, la oposición acusó al gobierno de declarar confidencial información remitida al Parlamento, calificándolo de procedimiento “absolutamente ilegal” que limitaba el trabajo de la comisión. La investigación se organizó cronológicamente: primero las administraciones del Frente Amplio (2010-2020), después el gobierno de Lacalle Pou, cuando se firmó y luego rescindió el contrato. En julio compareció durante cuatro horas el exministro de Defensa Javier García, hoy senador, quien defendió la compra y acusó al gobierno de Orsi de haber “construido un relato” para justificar la rescisión.
El empresario gallego Mario Cardama declinó viajar a Uruguay para comparecer y pidió responder por escrito. En agosto envió un escrito de 20 páginas donde rechazó las acusaciones de fraude, aseguró que nunca fue requerido formalmente a corregir la garantía, y reveló que el propio Poder Ejecutivo le planteó modificar el contrato, rescindirlo o reducirlo a una sola patrullera. Paralelamente, el fiscal Gilberto Rodríguez pidió al Parlamento toda la información disponible, lo que selló el destino del expediente. El 21 de agosto, la comisión cerró sus puertas y remitió los cuatro informes a la Asamblea General, dejando abierta la causa judicial que ahora deberá determinar, entre otras cosas, si las conductas de los funcionarios públicos encuadran en figuras penales.
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