Propuesta de Bordaberry para liberar represores de Domingo Arena fue retirada por falta de apoyo

La bancada de Vamos Uruguay retiró este miércoles el aditivo que su propio diputado, Juan Martín Jorge, había presentado para habilitar la prisión domiciliaria a personas mayores de 65 años cuyo proceso penal hubiera iniciado hace más de tres décadas. El movimiento se produjo tras cuestionamientos internos en el Partido Colorado, según confirmaron fuentes parlamentarias a El País y el semanario Búsqueda.

El texto establecía que «la solicitud se presentará ante el juez competente, acompañada de la documentación que acredite la edad del solicitante», y la Fiscalía controlaría «si se dan los presupuestos respecto a la edad exigida para otorgarla y la antigüedad de inicio de consumación del hecho».

Legisladores del propio sector señalaron que no hubo coordinación para presentar el aditivo y que la Rendición de Cuentas no era la instancia adecuada para un tema de esa naturaleza. El argumento corrió también entre diputados del Partido Nacional, donde no existía una postura común clara, y en Cabildo Abierto.

La sombra de Domingo Arena

El debate no es nuevo. En noviembre de 2021, el PIT-CNT difundió una nómina con 26 represores recluidos en el penal de Domingo Arena que podrían beneficiarse de un proyecto similar impulsado por Cabildo Abierto. Esa lista sigue siendo el eje de la controversia.

Entre los nombres figuran:

• Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto — sobrino del dictador Gregorio «Goyo» Álvarez— procesado por torturas a Gerardo Riet Bustamante en 1980.

• Jorge Silveira Quesada — procesado por 28 homicidios, entre ellos el de Oscar Tassino; oficial del OCOA vinculado a La Tablada.

• José Sande Lima — procesado por 28 homicidios y condenado a cadena perpetua en Italia por el Plan Cóndor.

• Ernesto Soca Prado — procesado por 28 homicidios en Argentina y Uruguay, también condenado en Italia.

• Ricardo Medina Blanco — señalado como uno de los ejecutores del asesinato de María Claudia García de Gelman y en la causa Michelini-Gutiérrez Ruiz.

El listado incluye también a Jorge Charleta Gundelzoph, extupamaro que colaboró con las Fuerzas Armadas delatando y participando en torturas a excompañeros; y a Antranig Ohannessian, procesado por el homicidio de Gerardo Alter y por abusos sexuales y torturas en la causa de las 28 ex presas políticas.

Tensión interna en el Partido Colorado

El rechazo no fue menor. Andrés Ojeda y su sector Unir para Crecer manifestaron su oposición, al igual que integrantes del propio Vamos Uruguay de Pedro Bordaberry. «No hubo una coordinación sectorial para presentar el aditivo», señalaron fuentes parlamentarias.

El diputado Jorge había declarado previamente a El País que estaban «aprovechando esta instancia para que sea un tratamiento del tema ahora y no dilatarlo más, cosa que todo el mundo evite meterse en temas difíciles». La estrategia, sin embargo, no prosperó.

El propio Bordaberry enfrentó un escenario incómodo: su sector había impulsado la iniciativa sin el consenso necesario, y la bancada terminó retirándola para evitar un desgaste político mayor en un año electoral.

El antecedente de Cabildo Abierto

A mediados de 2025, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, actual presidente de la Cámara, presentó un proyecto para brindar prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años, con especial énfasis en detenciones por hechos acaecidos antes de la dictadura militar.

El entonces senador Guido Manini Ríos había impulsado iniciativas similares desde Cabildo Abierto, generando fricciones con el Partido Nacional. En aquel momento, el líder de Cabildo, Raúl Lozano, cuestionó duramente al oficialismo: «¿Alguna muestra más de que el PN hizo de todo para destruir a Cabildo? No apoyaron el proyecto de Cabildo siendo gobierno y con mayorías parlamentarias, ahora vienen con esta demagogia sin ser gobierno y sin mayorías, sabiendo que no va a salir».

Esa disputa, que en 2025 enfrentó a los socios de la coalición, reapareció ahora como un eco en el retiro del aditivo colorado.