Un movimiento libertario propone nuevos impuestos y dar impunidad a represores de la dictadura

El sábado 22 de agosto, la Presidencia de la República recibió formalmente un proyecto de ley que propone una reforma tributaria con un objetivo poco habitual: recaudar fondos para, paradójicamente, reducir el tamaño del Estado. La iniciativa, impulsada por el Movimiento Reforma Constitucional 2029, plantea un impuesto progresivo sobre las remuneraciones más altas del sector público que, según sus cálculos, recaudaría 194,5 millones de dólares anuales.

“No es un impuesto más. Es una herramienta de ajuste que se autoliquida cuando el país alcanza ciertas metas de crecimiento y déficit”, explicó Mercedes Vigil, presidenta del movimiento, durante la presentación del proyecto el viernes 21 de agosto.

La paradoja del impuesto propuesto por libertarios

El impuesto propuesto grava exclusivamente el excedente de los salarios nominales que superen los 120.000 pesos uruguayos mensuales. Esto significa que ningún funcionario público con ingresos iguales o inferiores a ese monto contribuye con un peso. La medida alcanza a 18.223 funcionarios jerárquicos del Estado, mientras que los beneficiarios directos suman 215.000 personas: una relación de uno a doce.

Los fondos recaudados se distribuirían en tres áreas específicas:

• Alimentación escolar para 40.000 niños en situación de inseguridad alimentaria severa.

• Aumento del 10% para 140.000 jubilados que perciben la pasividad mínima.

• Alivio fiscal para 35.000 pequeños productores rurales y transportistas.

El proyecto utiliza los mismos umbrales que el impuesto de emergencia sanitaria COVID-19, cuya constitucionalidad fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia en la Sentencia N.º 417/2022. Sin embargo, la nueva propuesta resulta más exigente en los tramos altos y más benigna en los bajos: mientras que el impuesto anterior cobraba 6.050 pesos a un salario nominal de 121.000 pesos, este nuevo tributo solo aplicaría 500 pesos en ese mismo nivel de ingreso.

Comparación internacional: salarios de presidente y legisladores

Uno de los puntos que genera mayor debate es el impacto del proyecto en las remuneraciones de las máximas autoridades del país. Según los datos proporcionados por el movimiento, el presidente de Uruguay, que actualmente gobierna a 3,4 millones de personas, gana casi el triple que Lula da Silva, presidente de Brasil, quien gobierna a 213 millones de ciudadanos.

Con la aplicación del nuevo impuesto, el mandatario uruguayo pasaría a ganar lo mismo que su par brasileño, aunque aún triplicaría el salario de Javier Milei, presidente de Argentina, que gobierna a 46 millones de personas.

En el caso de los legisladores, la situación es similar. Los parlamentarios uruguayos ganan hoy el triple que sus pares de Polonia, Croacia o España. Con la reforma, sus ingresos se reducirían a la mitad, aunque continuarían siendo superiores a los de esos países.

La extinción automática del impuesto

El proyecto incluye una cláusula de extinción automática que lo diferencia de otros tributos permanentes. El impuesto dejaría de aplicarse sin necesidad de una nueva ley cuando Uruguay alcance simultáneamente dos condiciones macroeconómicas: un crecimiento anual del 3% y déficit fiscal cero durante dos ejercicios consecutivos.

Esta disposición busca incentivar a las jerarquías del Estado a gestionar con prudencia los recursos públicos, ya que la propia eficiencia en el manejo de los fondos aceleraría la eliminación del tributo que las afecta directamente.

“Lo que hacemos es una adecuación a nuestra realidad”, señaló Eduardo Abenia, vicepresidente del movimiento, durante la entrega del proyecto a los legisladores.

 

Un clúster de propuestas libertarias

Las propuestas ciudadanas plantean, según su discurso, un conjunto de reformas orientadas a reducir privilegios, aumentar la transparencia y devolver el poder a la ciudadanía uruguaya.

En el ámbito institucional, se propone eliminar los fueros excepto los estrictamente funcionales —con imprescriptibilidad para delitos de corrupción y obligación de resarcir daños—, suprimir los cargos de confianza en la administración pública —exigiendo concurso de mérito y ficha limpia, o sorteo cuando no se requiera capacitación—, reducir el número de senadores y diputados, y eliminar los vehículos oficiales salvo los imprescindibles para tareas técnicas.

También se establece un tope salarial único de $250.000 para todos los cargos electivos y jerárquicos —ajustable por IMS—, y se prohíbe la propaganda oficial excepto comunicados institucionales y publicidad de empresas públicas en competencia.

En materia de control financiero y contractual, se busca que los gastos observados como ilegales por el Tribunal de Cuentas no puedan ejecutarse sin autorización expresa de la Asamblea General por mayoría absoluta, y se prohíben los contratos secretos o con cláusulas confidenciales, salvo que el Parlamento lo autorice por dos tercios —requisito que también aplicaría a megaproyectos mineros o industriales sobre recursos estratégicos.

Liberalizar armas y restablecer impunidad a represores de la dictadura

En el plano judicial y de seguridad, se propone mantener el régimen vigente de tenencia y porte de armas al 1° de enero de 2025, consagrar la igualdad jurídica efectiva anulando toda norma discriminatoria, y restablecer la caducidad de la pretensión punitiva del Estado para delitos anteriores a 1985, cesando la heredabilidad de reparaciones asociadas a ese período. Asimismo, se plantea agravar las penas en caso de reincidencia, promoviendo a la vez la justicia restaurativa y el trabajo carcelario digno.

Finalmente, en el ámbito sindical, se exige personería jurídica y balances auditables para los sindicatos, y se establece que tanto la elección de autoridades como las medidas de conflicto deberán someterse a voto secreto, reforzando así la democracia interna y la rendición de cuentas en todas las organizaciones.