En los primeros quince meses de la actual legislatura, el Parlamento uruguayo ha recibido seis denuncias que solicitan la creación de comisiones investigadoras. La cantidad supera a la registrada durante todo el quinquenio anterior y solo se ubica por detrás de la cifra alcanzada en el retorno a la democracia, según un relevamiento del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, al que accedió Búsqueda.
La serie de pedidos la abrió la diputada de Identidad Soberana, Nicolle Salle, cuando al mes de asumir propuso examinar la gestión de la pandemia de Covid-19 en el país. En agosto, el diputado colorado Juan Martín Jorge denunció irregularidades en el Instituto Nacional de Colonización por la adquisición de la estancia María Dolores. Ya en febrero de este año, el senador frenteamplista Sebastián Sabini reclamó investigar el contrato del Estado uruguayo con Cardama y, al día siguiente, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez impulsó otra comisión por la rescisión de la compra de las patrullas oceánicas.
A fines de abril, el nacionalista Federico Casaretto pidió indagar sobre irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2015 hasta la fecha, y el lunes 4 el oficialista Federico Preve solicitó investigar también a ASSE pero exclusivamente durante la administración de Luis Lacalle Pou.
A partir de estas seis solicitudes, ya se han conformado dos comisiones investigadoras: una en la Cámara de Representantes sobre el caso de María Dolores —que se aprobó por mayoría con los 51 votos de la oposición— y otra por unanimidad en el ámbito de la Asamblea General para analizar los procesos de adquisición de las patrullas oceánicas desde 2010 hasta 2026, incluyendo tanto la firma del contrato con Cardama como su rescisión. El diputado Gustavo Salle, también de Identidad Soberana, adelantó que presentará próximamente una séptima denuncia para que el Parlamento indague la gestión de la pandemia a la luz de los llamados “archivos Epstein”, documentación desclasificada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La puja por la investigadora de ASSE
En paralelo, los legisladores del Partido Nacional y del Frente Amplio negocian la posibilidad de unificar en una sola comisión las dos iniciativas sobre ASSE. Tanto Cabildo Abierto como Identidad Soberana se han manifestado dispuestos a aportar sus votos para crear comisiones investigadoras, lo que le permitiría a la Coalición Republicana y al Frente Amplio reunir la mayoría requerida. No obstante, el miércoles 6 el diputado cabildante Álvaro Perrone advirtió a El Observador que si no hay acuerdo para constituir una única comisión, su partido no apoyará ninguna.
Identidad Soberana adoptó la misma postura. “Dos investigadoras sobre el mismo tema sería una tomadura de pelo a la población; seríamos unos energúmenos”, expresó Gustavo Salle a Búsqueda. El presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, había manifestado al mismo semanario que su fuerza política está dispuesta a votar comisiones de este tipo, pero remarcó que cuando una investigadora envía su trabajo a la Fiscalía, ese expediente no puede quedar “sobrevolando” después de que la Justicia no actúe, “como ha pasado en algunos casos”.
Manini Ríos consideró que esa inacción “alimenta la manija a nivel popular“ y provoca “descreimiento en todo el sistema político y en la Justicia, que es lo más grave de todo”. Como ejemplo mencionó que la comisión investigadora sobre la actuación del Ministerio del Interior derivó sus conclusiones a la Fiscalía en 2023, pero hasta ahora no hay sentencia judicial.
El antecedente de 2017 y la situación de Álvaro Danza
Uno de los argumentos que esgrime el oficialismo para rechazar la propuesta de investigar ASSE desde 2015 hasta hoy es que en 2017 ya funcionó en la Cámara de Representantes una comisión investigadora que abordó la misma gestión desde el año 2008. En setiembre de 2018, el plenario de Diputados resolvió remitir todas las actuaciones de esa comisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Junta de Transparencia y Ética Pública. El impulsor de aquella investigadora, el entonces diputado de Asamblea Popular Eduardo Rubio, no recuerda si en el ámbito judicial se formalizó alguna causa a raíz de ese aporte. Otros legisladores que integraron la comisión, consultados por Búsqueda, tampoco guardan ese dato.
Manini Ríos insistió en que si una comisión remite su trabajo a la Fiscalía, no puede quedar sin respuesta, porque eso genera frustración. La advertencia del exsenador se enmarca en el debate actual, donde el principal foco de discordia es la situación del actual presidente de ASSE, Álvaro Danza. Los diputados Pablo Abdala (Partido Nacional) y Felipe Schipani (Partido Colorado) mencionaron en un informe la existencia de enriquecimiento sin causa o cobro indebido, al señalar que Danza percibió un salario por “dedicación permanente” en ASSE mientras mantenía al mismo tiempo otros trabajos en el sector privado.
Para el Frente Amplio, ese asunto ya está saldado. “Esa es hoy la principal discordia”, informó Juan Martín Rodríguez a Búsqueda. Está previsto que el martes 12 los legisladores definan cuándo votan la creación de una o dos comisiones investigadoras, y la fecha tentativa para esa sesión es el jueves 14, haya o no acuerdo.
Las comisiones en la historia del Parlamento
La Constitución de 1917 otorgó al Parlamento la facultad de crear comisiones investigadoras, con un pico entre 1985 y 1995 (42 preinvestigadoras y 23 investigadoras en total). En diciembre de 1994 una ley amplió sus poderes —investigar organismos públicos y empresas privadas, separar funcionarios, ordenar allanamientos, conducir testigos renuentes y levantar el secreto bancario—, pero el presidente Luis Lacalle Herrera la vetó parcialmente; el vicepresidente Gonzalo Aguirre afirmó entonces que “los miembros del Poder Ejecutivo generalmente se oponen a que el Parlamento ejerza poderes de control”.
Tras el veto las cifras cayeron: entre 1995 y 2000 hubo 12 denuncias y 8 comisiones, y en 2000-2005 solo 8 preinvestigadoras derivaron en 3 investigadoras, lo que un estudio de 2016 explicó por el “pesimismo de los legisladores respecto a la posibilidad de esclarecer por esta vía las responsabilidades sobre los asuntos críticos”.
Con las mayorías del Frente Amplio (2005-2020) las denuncias se mantuvieron (10, 7 y 11) pero “se derrumba la tasa de creación de comisiones investigadoras” (3, 1, 5) porque “la existencia de un partido mayoritario que controla en forma cohesionada el proceso de toma de decisiones en el Parlamento impide la creación de comisiones investigadoras que vayan contra sus intereses”. Durante el gobierno de Lacalle Pou se registraron 5 denuncias y 4 investigadoras, y en solo 15 meses del actual período ya se acumulan 6 preinvestigadoras y 2 comisiones, quebrando la tendencia descendente que se sostenía desde 1985.
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