El Senado aprobó, con críticas de la oposición, la nueva ley anti lavado

El Senado uruguayo dio este miércoles una respuesta unánime al brutal atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, aprobando por unanimidad un proyecto de ley que moderniza la normativa contra el lavado de activos. La sesión, cargada de simbolismo, se convirtió en un acto de defensa institucional ante la agresión sufrida por la máxima representante del Ministerio Público, cuando tres individuos irrumpieron en su domicilio, detonaron una granada y efectuaron disparos, dejando un claro mensaje de intimidación.

El presidente Yamandú Orsi, en su primera declaración pública tras el incidente, había instado directamente a los legisladores a priorizar el trámite. “Les pido a las bancadas de los partidos políticos que aceleren el tratamiento de la ley de lavado remitida hace ya un tiempo y que se dé la discusión profunda, porque creemos que por ahí hay que golpear y ser más eficientes”, enfatizó Orsi, posicionando la iniciativa como un golpe directo al financiamiento del crimen organizado.

El oficialismo, liderado por el Frente Amplio, asumió el desafío con celeridad, presentando el proyecto como un arma estratégica para “atacar el corazón del negocio del narcotráfico”, según el coordinador de bancada, Daniel Caggiani. Esta prisa, sin embargo, no estuvo exenta de críticas: la oposición cuestionó la “expectativa desmedida” generada por el Ejecutivo, argumentando que el texto no resuelve de un plumazo la crisis de seguridad.

“Este proyecto está muy lejos de ser una herramienta para solucionar el problema de la seguridad pública”, advirtió el senador blanco, Nicolás Martinelli, durante el debate. Por su parte, el senador colorado, Pedro Bordaberry, temperó las ilusiones: “No esperemos de las leyes cosas que las leyes no nos pueden dar. Si pensamos que por aprobar una ley acá ya se acabó el lavado de activos, estamos cayendo en una ingenuidad muy grande”.

La senadora frenteamplista, Bettiana Díaz, quien presentó el informe en mayoría, defendió la propuesta como un esfuerzo alineado con estándares globales. “Es parte de un paquete de medidas. La ley es una herramienta potente para complicarle la vida a aquellos que sacan dinero de actividades delictivas y lo quieren ingresar al sistema bancario”, explicó Díaz, subrayando que las reformas responden a recomendaciones de organismos internacionales y no son una “ocurrencia” del gobierno actual.

Reformas clave: De la expansión de delitos a mayor control operativo

El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo, altera más de 30 artículos de la Ley Integral contra el Lavado de Activos (N° 19.574 de 2017), adaptándola al nuevo Código del Proceso Penal –cambiando términos como “formalizado” por “procesado” y “Fiscalía” por “juzgado”– y ampliando su alcance preventivo.

Entre las innovaciones más relevantes:

• Nuevos delitos precedentes: Se incorporan como fuentes de fondos ilícitos los delitos ambientales (como la introducción de desechos tóxicos), fraudes en entidades del sistema financiero nacional y ciberdelitos cuyo monto supere las 100.000 Unidades Indexadas (aproximadamente $ 636.530).
• Sujetos obligados ampliados: Se suman fiduciarios no financieros (excepto aquellos regulados por el Banco Central) y prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos para actividades financieras habituales en el exterior. Estos deberán reportar operaciones sospechosas.
• Sanciones a la cúpula directiva: La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (SENACLAFT) podrá imponer apercibimientos, multas, observaciones o inhabilitaciones temporales o definitivas a directivos y alta gerencia de entidades incumplidoras.
• Plazos extendidos de conservación: Los registros y documentos de operaciones con clientes deberán guardarse por 10 años, en lugar de los 5 actuales.
• Bloqueo de fondos prolongado: La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) podrá ordenar a los obligados impedir transacciones sospechosas por hasta cinco días, en vez de tres.
• Límites al efectivo endurecidos: En línea con la Ley de Inclusión Financiera, se reduce el tope para operaciones en efectivo de 1.000.000 UI (alrededor de US$ 160.000) a un máximo de 270.000 UI (unos US$ 43.000), para desincentivar el uso de dinero en mano en negocios jurídicos.

Adicionalmente, el texto elimina la Fiscalía especializada en lavado de activos, una creación de la gestión anterior que, según el consenso entre el Ejecutivo y la Fiscal Ferrero, no cumplió con las expectativas de efectividad.

El contexto del atentado

El incidente contra la fiscal Ferrero ha resonado en los círculos políticos. Generó llamados inmediatos a reforzar las defensas contra amenazas vinculadas al crimen organizado. El presidente Orsi, al pedir celeridad, alineó su solicitud con la agenda parlamentaria en curso.

La Comisión de Hacienda, al revisar el texto desde junio, identificó áreas para expansión de poderes. La reducción del límite en transacciones en efectivo a 40 mil dólares forma parte de esas actualizaciones, alineadas con estándares internacionales.

El Frente Amplio, al calificar el tema de grave y urgente, priorizó su debate. La oposición, aunque accede al voto general, documenta sus disidencias en actas y declaraciones públicas.