Exdiputado del Partido Colorado fue condenado en la Operación Océano: 18 meses a prisión

Nicolás Ortiz, exdiputado suplente del Partido Colorado, fue condenado a prisión efectiva tras un proceso abreviado en el marco de la investigación Operación Océano. La Fiscalía General de la Nación confirmó que cumplirá 18 meses de cárcel, seguidos de seis meses de prisión domiciliaria total y otros seis de prisión domiciliaria nocturna. Posteriormente, estará sujeto a un año de vigilancia judicial, con obligación de fijar domicilio y presentarse periódicamente ante autoridades policiales.

La sentencia incluye medidas accesorias: prohibición absoluta de comunicación con las víctimas, reparación patrimonial equivalente a 12 salarios mínimos, pérdida de la patria potestad e inhabilitación para trabajar con menores en sectores de salud o educación. Ortiz fue condenado por retribución a cambio de actos sexuales con dos adolescentes, aunque fue sobreseído del delito de suministro de estupefacientes a una víctima.

Otro proceso abreviado con prisión reducida

Este caso representa el decimoprimer proceso abreviado dentro de Operación Océano. Hasta agosto de 2025, se registran además 12 sobreseimientos y nueve imputados que enfrentan juicio oral.

Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, declaró en redes sociales que el acuerdo «fue ratificado por el juez en lo penal de 41° Turno, Huberto Álvarez, implica el reconocimiento del ahora condenado por los delitos que se le imputó».

La Operación Océano: explotación sexual de menores

Operación Océano es la mayor investigación por explotación sexual de menores en la historia de Uruguay. Iniciada en noviembre de 2019 tras una denuncia en Maldonado, se enfocó en abuso y explotación de adolescentes. El caso adquirió notoriedad pública en mayo de 2020 con la formalización de los primeros cinco imputados. Bajo la dirección inicial de la fiscal Darviña Viera y posteriormente de Mariana Alfaro, la investigación se expandió bajo el Código del Proceso Penal vigente desde 2017, destacando por su escala: más de 20 víctimas y 35 imputados identificados hasta diciembre de 2020.

Un hecho crítico fue la muerte de Aldana Bonsignore, de 17 años, hallada en marzo de 2020 en el arroyo Solís Chico (Canelones). Catalogada inicialmente como suicidio, Bonsignore había denunciado por abuso sexual al exjuez Washington Balliva, uno de los primeros imputados. La incautación de teléfonos móviles de víctimas reveló conversaciones en aplicaciones como Tinder, Badoo y Locanto, donde adultos ofrecían dinero, drogas, entradas a eventos u otros incentivos a cambio de contactos sexuales.

La Fiscalía de Delitos Sexuales y la Dirección de Crimen Organizado determinaron que los explotadores actuaban individualmente, sin estructura de red coordinada. Entre los imputados figuran personas con alto poder económico y social: el empresario apodado «El Paraguayo«, el exjuez Balliva, el exdirector de colegio Ricardo Cirio Oreste, y Ortiz, entre otros profesionales y organizadores de fiestas electrónicas en Punta del Este.

Los delitos imputados incluyen retribución por actos sexuales con menores, proxenetismo y suministro de estupefacientes. Según la fiscal Alfaro, algunos casos involucraron prácticas sadomasoquistas y uso de instrumentos como látigos. Las víctimas, en su mayoría adolescentes de 14 a 17 años, provenían de contextos vulnerables. La investigación evidenció que los acusados aprovechaban su estatus para establecer contactos mediante redes sociales, ofreciendo beneficios a cambio de encuentros.

Hasta la fecha, los avances judiciales muestran un patrón de resoluciones mediante acuerdos de pena. Además de las 11 condenas por proceso abreviado, se han dictado 12 sobreseimientos. En mayo de 2022, la única mujer investigada fue absuelta por insuficiencia probatoria. Para los nueve casos restantes en juicio oral, la fiscalía ha solicitado penas de 3 a 6 años de prisión.

Las defensas han interpuesto recursos de inconstitucionalidad, argumentando aplicación desigual de la Ley de Género al tratar testimonios de víctimas y acusados. Estos recursos han generado demoras procesales, aunque la fiscalía insiste en la validez de las pruebas recolectadas, basadas en análisis de dispositivos electrónicos y declaraciones testimoniales.

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