El gobierno envió militares a fiscalizar que se construyan los buques comprados a Cardama

En julio de 2023, el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García (del gobierno de Luis Lacalle Pou) anunció con una sonrisa que la Armada Nacional Uruguay había concretado la compra de dos Buques de Patrulla Oceánica, conocidos como OPV, que iban a ser “cero kilómetro, cero millas”, según palabras del propio García.

En una conferencia de prensa por ese entonces, García estuvo acompañado por el subsecretario Rivera Elgue, el director general del ministerio Fabián Martínez, el comandante en jefe de la Armada Nacional, almirante Jorge Wilson, el director de Material Naval contralmirante Héctor Magliocca y el director de Recursos Financieros del ministerio, Cr. Damián Galó.

El ministro comunicó que “la comisión asesora del Ministerio de Defensa Nacional, con el asesoramiento de la Armada Nacional, y a partir de la resolución que tomamos, hemos decidido la adquisición de dos buques tipo OPV para la Armada Nacional”.

Agregó que “estos dos buques van a permitir a la Armada Nacional retomar su misión esencial, consistente en la custodia de nuestra soberanía nacional en el mar, del cuidado de nuestros recursos naturales, de evitar y reprimir, cuando sea necesario, actividades ilegales, la pesca ilegal, el crimen organizado, y retomar el control sobre todo en nuestro espacio marítimo”, algo que sonaba bastante auspicioso. Al menos, en el discurso.

En la práctica, la compra ha presentado errores, fallos, cuestionamientos y falencias una y otra vez, proceso que está agravado por el costo de la transferencia bancaria que tiene que hacer el Estado uruguayo: recordemos que el valor es 82,2 millones de euros por estos navíos. 

¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos para comprar estos OPV?

En esa conferencia de 2023, García había sido consultado sobre los basamentos técnicos para escoger al astillero español Cardama, y él había sido (o parecido) muy contundente en su respuesta, diciendo que “la decisión de la compra por parte de la Comisión Asesora de Ministerio de Defensa con el asesoramiento de la Armada se fundamenta en tres pilares”.

“Estos buques son buques que cumplen con todas las condiciones excluyentes que la Armada Nacional había planteado que debían tener para cumplir su misión esencial. Y, además, cumplen con algunos requerimientos, no excluyentes, pero accesorios que también la Armada Nacional había solicitado incluir en el caso necesario”, empezó diciendo García.

También prometió que, para el año 2025 estarían entregándose los dos buques, “es decir, los dos buques en el 2025, uno al inicio y otro al final, en frases simples. Y justamente eso fue también lo que motivó la decisión que adoptamos en estas horas”.

Todo esto sonaba muy bien, de nuevo, pero cuando se llevó a la práctica, empezaron los problemas. Y una vez que empezaron, no han parado. 

Especificaciones de los OPV

Los patrulleros oceánicos contratados a Cardama tienen las siguientes características:

• Rango: 7,000 millas náuticas

• Velocidad máxima: 21 nudos

• Motores: Caterpillar (10,120 kW)

• Capacidad de tripulación: 98 personas

• Armamento: Cañón de 30 mm, dos ametralladoras de 12,7 mm de Escribano, sistemas de control de fuego de Terma

• Plataforma: Capacidad para helicóptero o UAV

• Diseño y certificación: Diseñados por Cintranaval, certificados por Lloyd’s Register

La línea de tiempo del escándalo por los buques OPV de Cardama

Esta cuestionada compra, aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, ha estado plagado de irregularidades, tensiones diplomáticas y críticas políticas.

 

16 de diciembre de 2021: En diciembre de ese año, el gobierno anunció la adquisición de dos patrulleros oceánicos para fortalecer la Armada Nacional, con un presupuesto inicial de 100 millones de dólares. El proceso de licitación enfrentó problemas desde el principio, incluyendo la cancelación de un contrato con la empresa china CTSC en 2023, lo que generó tensiones diplomáticas con China, un importante socio comercial de Uruguay.

21 de diciembre de 2021: Lacalle Pou anuncia públicamente la compra de dos OPV por 100 millones de dólares, con un proceso de licitación que se abrirá pronto. Se espera la entrega del primer buque para junio de 2024.

Mayo de 2022: La empresa china China Shipbuilding Trade (CTSC) es seleccionada como ganadora de la licitación inicial con una oferta de 164 millones de dólares, pero el contrato no se finaliza debido a que excede el presupuesto de 120 millones.

31 de enero de 2023: El gobierno uruguayo cancela la compra a CTSC y considera adquirir buques noruegos de segunda mano (clase Nordkapp), lo que genera tensiones diplomáticas con China, que había ajustado su oferta.

Mediados de 2023: Uruguay firma un contrato con el astillero español Cardama para construir dos OPV por 82 millones de euros, con entrega prevista para 2025.

7 de septiembre de 2024: La senadora Sandra Lazo (Frente Amplio) pide cancelar el contrato con Cardama debido a los problemas financieros del astillero, que enfrenta riesgo de bancarrota y no puede obtener los 4 millones de dólares necesarios para continuar la construcción.

17 de enero de 2025: Uruguay realiza un primer pago de 8,4 millones de dólares a Cardama como parte del contrato.

27 de marzo de 2025: Cardama inicia la construcción del primer OPV, “C-250”, cortando la primera plancha de acero. La colocación de la quilla está programada para mayo de 2025.

22 de abril de 2025: El Ministerio de Defensa sanciona a altos oficiales de la Armada, incluido el excomandante en jefe Jorge Wilson, por su rol en el proceso de compra de los OPV.

29 de mayo de 2025: Cardama cuestiona la visita de oficiales de la Armada uruguaya para inspeccionar el astillero, mientras que la Armada duda de la capacidad de Cardama para construir los buques.

21 de julio de 2025: Un informe exclusivo revela que Cardama construye los OPV sin permisos de construcción, sin ensayos técnicos y sin verificación de soldaduras, según la Armada Nacional.

El escándalo Cardama llega a su peor momento en julio de 2025

Un informe revelado por medios de prensa confirma que Cardama no está registrado ni tiene permisos de construcción concedidos por el gobierno de España, y se sugiere renegociar el contrato con el Estado.

El informe también señala que el documento de control de soldaduras no ha sido firmado, faltan otros contratos y anexos técnicos, y el balance eléctrico está incompleto. Además, los motores fueron adquiridos sin la participación de Lloyd’s, la empresa especializada en análisis de riesgos marítimos, y hay contratos que carecen de firmas certificadas o protocolo notarial.

Por otro lado, la inspección revela que Cardama no ha realizado trabajos de botadura ni la colocación de quillas en el período de 2020 a 2024, no tiene experiencia en la construcción de buques tipo OPV y existen datos técnicos que aún no han sido entregados.

Entre las recomendaciones, el equipo de inspección sugirió considerar una renegociación del contrato en lo que se refiere a los pagos. Como consecuencia, el periodista informó que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, anunció que el ministerio asumirá el control del proceso de seguimiento y pagos vinculados al contrato.

Asimismo, se decidió enviar una misión permanente conformada por dos capitanes de navío a Vigo, en España, con la finalidad de monitorear directamente la construcción de las patrulleras en su sitio de origen.

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